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Penal económico.

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Capacitación y proyectos en seguridad pública. Foros de seguridad - provincia de Buenos Aires Ley 12.154 de Seguridad Pública.

La seguridad ciudadana es uno de los temas de mayor preocupación en la actualidad. Pero, ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad? ¿Hablamos de armas? ¿Hablamos de encierro? ¿Hablamos de delitos? ¿O en realidad debemos hablar de la posibilidad concreta de realizar en beneficio de los ciudadanos un conjunto de derechos reconocidos por las leyes? El Art. 2 de la citada ley 12.154 define como seguridad pública la posibilidad de los ciudadanos de gozar y ejercer los derechos, libertades y garantías reconocidos en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son las obligaciones de jueces, fiscales, intendentes y policías? ¿Cómo reclamar?

Formule su consulta o envíenos su inquietud. Podremos orientarlo, asesorarlo o atender su caso.

COMENTARIO

Sobre el Anteproyecto de Código Penal elevado el 18 de mayo de 2006 por la "Comisión para la Elaboración del Proyecto de ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal", designada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Resolución 303 del 14 de Diciembre de 2004 y sus modificatorias.

Notas aclaratorias: El presente trabajo no es un estudio exhaustivo de todo el articulado del Anteproyecto, y ante la exigüidad del tiempo sometido a consulta tampoco obviamente es un estudio exhaustivo de derecho penal. Se limita a los comentarios, y en su caso observaciones, respecto de los puntos que se consideran más destacables, agregados en cada caso al pie del o los artículos, capítulo o título comentados. Cuando existe, se indica su correspondencia a la respectiva norma vigente del Código Penal o ley penal especial. Hecho el depósito que marca la ley 11.723. Se autoriza su reproducción, total o parcial, citando la fuente.

Ciro Annicchiarico

1. Consideraciones generales

En primer lugar es ineludible destacar que el Anteproyecto de Reforma del Código Penal presentado por la Comisión creada por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es el primer intento en décadas de sistematización y reforma de la ley penal abordado con un criterio científico serio y encomendado a un equipo de juristas. Además los especialistas convocados son de indudable reconocimiento en material penal y constitucional, representantes de la justicia, del ministerio público y de la investigación académica e independiente del derecho. No debiera serlo, pero ello ya de por sí constituye un logro motivo de elogio, frente a la metodología de errantes y espasmódicas reformas parciales, definidas como consecuencia de oportunismos políticos y mediáticos que convirtieron a nuestra ley penal y a nuestro Código Penal en una verdadera argamasa incongruente e irracional.

Los integrantes de la mencionada Comisión fueron David Baigún, Raúl Gustavo Ferreyra, Raúl Ochoa, Carlos Chiara Díaz, Edgardo Donna, Edmundo Hendler, Enrique García Vittor, Alejandro Tizón, Guillermo Yacobucci y Daniel Erbetta.

A lo anterior se suma, lo cual no es un dato menor, que habiendo transcurrido veintitrés años desde la recuperación de nuestra democracia, de comenzar a reconstruir nuestras libertades constitucionales y nuestro estado de derecho, más aún pasados doce años de la Reforma Constitucional de 1994, ninguno de los parches sancionados por nuestros legisladores, impulsados en la mayor parte de los casos por mezquinos oportunismos y objetivos electorales, intentó adecuar nuestra ley penal a los principios constitucionales sino, muy por el contrario, pereciera que lo que hicieron siempre fue ratificar una y otra vez la vigencia de la lógica aberrante de la pasada dictadura: el aumento de penas, el castigo y la prolongación del encierro como ratio y medio de actuación del estado, el privilegio de la propiedad -para ciertos sectores- por sobre la vida, el desinterés por definir adecuadamente las conductas de delitos que forman parte del grupo de acciones ilícitas con mayor incidencia negativa y perjudicial para la sociedad: los delitos económicos.

Entrado ya en la consideración de los aspectos que caracterizan y distinguen al Anteproyecto de Reforma en tratamiento, debe puntualizarse que se destacan los siguientes:
Se abandona la lógica propia del Código vigente, que data de 1921, tributaria del Código Napoleónico, en el que la estructura del cuerpo legal se apuntala en torno de la defensa de dos bienes que son considerados principales: la libertad y la propiedad. Ahora éstos pasan a ser parte de un conjunto de bienes esenciales encabezados por los derechos humanos: la parte especial inicia con los delitos de lesa humanidad. Tipifica el delito de desaparición forzada de personas, y describe y califica los demás delitos de lesa humanidad. También, describe con precisión en el Código Penal los distintos tipos de crímenes de guerra, aclarando adecuadamente sus conceptos.

La ley penal es colocada en el contexto y en relación congruente con los principios constitucionales y con el derecho internacional de los derechos humanos, cuyos principales instrumentos tienen hoy jerarquía constitucional: Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Y en el Art. 2 se sanciona en forma expresa el principio de universalidad derivado del ius cogens.

En ese marco, dispone el Anteproyecto expresamente la imprescriptibilidad de las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad, y también de las penas aplicadas por la comisión de delitos de lesa humanidad. Redefine mejor el delito de tortura y amplía adecuadamente el arco de responsabilidades por estas despreciables prácticas.

Amplía los casos actuales de acciones dependientes de instancia privada y acciones privadas, incluyendo distintos supuestos en que, por regla general, podría entenderse que la afectación derivada de la acción típica no excede la persona de la víctima, o está desprovista de una proyección general (hurto simple, estafas, daños, cheques sin fondos, etc.). Constituye clara aplicación de un saludable criterio de no apropiación por el estado del perjuicio meramente privado, y su disponibilidad por la víctima.

Reincorpora en el Código Penal el delito de infanticidio, con mejor redacción, e introduce la posibilidad del homicidio calificado por atenuación, por motivo piadoso, o eutanasia. Asimismo, se amplían los supuestos en que el aborto resulta no punible, en casos que se justifiquen.

Modifica correctamente la descripción de la privación ilegítima de la libertad con consecuencias lesivas, y redefine adecuadamente el tipo del secuestro extorsivo.

Desaparece el delito de asociación ilícita, figura verdaderamente contradictoria con pautas constitucionales básicas, que generó no pocas observaciones además de configurar, como la práctica lo demuestra regularmente, un instrumento por completo funcional a la selectividad arbitraria del sistema penal. Con igual respeto por los principios de orden constitucional se elimina la reincidencia como un agravante, que implica una indudable doble punición por un mismo hecho.

Se incorporan al Código Penal un conjunto de delitos, en algunos casos nuevos y en muchos otros hasta hoy formando parte de leyes penales especiales, diseminadas en numerosas normas con distintos objetos específicos. Así, se introduce el delito de acto de discriminación, los delitos referidos a Internet y los correos electrónicos, penaliza la utilización de cámaras o registros ocultos, introduce la protección penal de las condiciones legales de la relación laboral, se incorporan al Código Penal los delitos contra la competencia, contra el medioambiente, la protección de los datos informáticos, los regímenes penales tributario, cambiario, aduanero, y aparecen los delitos de desabastecimiento.

Diseña un nuevo sistema de penas, gobernado por la racionalidad y orientado por su finalidad pretendida, la readaptación, recuperación o resocialización del penado. Así, desaparecen las penas perpetuas y la especie de pena de reclusión en el derecho penal argentino, y se modifican las escalas máximas de modo que, por el contrario a lo que sostienen muchas observaciones críticas puramente efectistas, las penas de privación de libertad en los casos que procede pasarán a ser consecuencias efectivas y viables.

Fija en 25 años la duración máxima de la pena de prisión -la única privativa de libertad- que no sean aplicadas por casos de delitos de lesa humanidad y homicidios calificados por agravación, en los cuales eleva a 30 años ese máximo. Entonces, no solo del articulado del Anteproyecto sino de esta disposición específica, se desprenden dos notas verdaderamente destacables de esta propuesta: desaparecen de nuestra ley penal la prisión perpetua y la aplicación del encierro por "tiempo indeterminado".

En cuanto a la pena de multa, se la redefine íntegramente, reorganizando todos sus aspectos e introduciendo un sistema nuevo, razonable y eficaz.

Se define qué es pena, cosa que nuestra ley vigente no hace, y las medidas que se regulan, dedicando a esta temática de la pena una correcta unificación y sistematización, hoy manifiestamente desordenada.

Se introducen las penas subsidiarias, regulando las especies conocidas como "alternativas a la privación de libertad". Lo cual constituye un avance indudable tendiente a la limitación del encierro como respuesta casi excluyente por parte del estado frente a la infracción a la ley, con los enormes perjuicios que esta lógica entraña, harto conocidos, lesivos no solamente de los derechos esenciales de las personas sino también con consecuencias indirectas graves en relación a la ética del estado y también a sus recursos públicos. Establece sanciones con consecuencia en las personas jurídicas utilizadas para la comisión de delitos económicos. Además, se prevén en el Código Penal la reparación de daños y costas.

Se incorpora en el derecho de fondo el principio de disponibilidad por el juez de la consecuencia del delito: la pena por insignificancia. Y como contrapartida se elevan en general las penas para los delitos económicos, vinculados con la corrupción y con las conductas conocidas como "delitos de cuello blanco".

Introduce y regla la disponibilidad de la acción penal por el fiscal en aplicación del principio de oportunidad.

Se establece en forma expresa la facultad y competencia exclusiva de los jueces en todo lo que hace a la pena y a su ejecución, la que es indelegable en el poder ejecutivo o sus agentes.

Se le da vigencia legal expresa al derecho de compensación económica a cargo del Estado de quien resultó absuelto tras haber sufrido detención o prisión preventivas.

En la violación del deber de cuidado, o tipos culposos, se introduce la distinción entre culpa grave y leve, definiéndose en forma expresa a la primera. La leve resultará por descarte de la anterior.

Es cierto que, por lo menos a mi juicio, pueden hacerse algunas observaciones a este Anteproyecto de Reforma del Código Penal, pero ello no desmerece, ni mucho menos, una pieza jurídica verdaderamente destacable, a la altura del estado de derecho y democrático en el que la inmensa mayoría de los argentinos queremos vivir. Los responsables de expresar este deseo y voluntad en las normas que deben materializarlo, es decir nuestro legisladores, tienen la oportunidad de reconciliarse con la seriedad científica, la razonabilidad y el estado de derecho una de cuyas funciones es, precisamente, tutelar, fines tantas veces declinados ante el apremio de urgencias mal entendidas, manipulaciones mediáticas, oportunistas y partidarias.

2. Comentario del Anteproyecto

 

CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TITULO I
PRINCIPIOS Y APLICACION DE LA LEY PENAL

ARTICULO 1°.- Principios. El presente Código se aplicará de conformidad con los principios que surgen de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de los Tratados o Convenciones Internacionales que gozan de jerarquía constitucional, en especial los de:
a) legalidad;
b) lesividad;
c) culpabilidad;
d) proporcionalidad;
e) humanidad.

COMENTARIO. Esta disposición no tiene correspondencia en el CP vigente. Para la propuesta de este Anteproyecto el Código Penal comienza dándoles vigencia expresa a sus propios límites, cosa que constituye un verdadero y destacable acierto. En el sistema vigente solo resultan construcción de la doctrina y de la jurisprudencia penal. Esos límites encuentran sustento en el marco constitucional y en los Tratados y Convenciones Internacionales con jerarquía constitucional, expresándose en los principios señalados: de legalidad -nullum crimen sine lege, nullum crimen sine poena legale-; de lesividad -Art. 19 de la CN o principio de reserva-: no hay intervención del estado si no hay un conflicto o una afectación a un bien jurídico; de culpabilidad: necesariedad de un nivel mínimo de reproche y exigibilidad; de proporcionalidad -minima non curat praetor-: casos de ínfima lesividad o de grosera desproporción entre la pena prevista y la lesión causada; de humanidad: -Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN-: se refiere a la exigencia insoslayable de respeto a la condición humana, a la prohibición de aplicar cualquier disposición, medida o pena que en el caso concreto pueda entrañar crueldad.

ARTICULO 2°.- Aplicación de la ley penal, Este Código se aplicará:
a) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción;
b) Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;
c) Por delitos cometidos en el extranjero previstos en los tratados o convenciones internacionales que obliguen a la Nación Argentina a su juzgamiento en función del principio universal.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 1. Mantiene la misma redacción en los dos primeros incisos y agrega un tercero, en el que, en relación al ámbito de aplicación, sanciona en forma expresa el principio de universalidad derivado del ius cogens en casos de delitos de lesa humanidad.

ARTICULO 3°.- Ley penal más benigna. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el hecho fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena o la medida se limitará a la establecida por esa ley. En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al imputado o condenado.
Para la determinación de la ley penal más benigna se escuchará al imputado o condenado.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 2. Se mantienen los mismos criterios actuales en relación a la aplicación temporal de la ley penal, adecuando la redacción, sumando en una sola disposición los actuales Arts. 2 y 3 del CP, e incluyendo la intervención del imputado o condenado.

ARTICULO 4°.- Disposiciones generales y leyes especiales. Las disposiciones generales de este Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 4. Se mantiene la misma redacción, omitiendo la referencia a que las leyes especiales pudieren modificar las disposiciones generales de este Título I. La solución es correcta desde el momento en que estas disposiciones generales tienen raigambre constitucional, de modo que no puede darse el caso de que una ley penal especial las modifique.

TITULO II
PENAS Y MEDIDAS DE ORIENTACION Y SEGURIDAD

ARTICULO 5º.- De las penas. Las penas principales de este Código Penal son las de prisión, multa e inhabilitación.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 5. Sin ser la nota más destacable, vale resaltar por su significación histórica que desaparece la especie de pena de reclusión en el derecho penal argentino. Obvio que se trata de un acierto, no solamente por ser aplicación del principio de derecho penal mínimo, sino por su casi completa insustancialidad de hecho, salvo en relación al cómputo de la prisión preventiva -Art. 24 CP-, observación coincidente en la doctrina penal.
En términos generales, es de destacar que se modifica sustancialmente el Título II del Libro Primero (Arts. 5 a 25) del CP actual, en todo cuanto hace a las penas y su régimen. Se advierte que todo lo referido a modalidades de la ejecución penal -personas enfermas, menores, mujeres, trabajo-, ha sido excluído del CP, solución correcta dado que es tema de la ley 24.660 o de las equivalentes provinciales. Otros aspectos ponderables son la adecuada definición de las penas y de las medidas que se regulan, y una correcta unificación y sistematización de la temática que hace a la pena, hoy manifiestamente desordenada.

ARTICULO 6º.- De las medidas de orientación y seguridad. Las medidas de orientación y seguridad son las de internación en un establecimiento psiquiátrico adecuado o de deshabituación.

ARTICULO 7º.- Intervención judicial. La determinación de la pena, de las medidas de orientación y seguridad, como la resolución de todas las cuestiones suscitadas durante su ejecución y el control del cumplimiento de las penas y de las medidas citadas corresponden a la competencia exclusiva de los jueces.

COMENTARIO. No tiene correspondencia en el CP vigente. Se trata del plausible reconocimiento expreso de una facultad de los jueces que es indelegable en el poder ejecutivo o sus agentes. Consiste en el establecimiento expreso de un principio fundamental: la competencia exclusiva de los jueces en todo lo que hace a las penas, destacándose particularmente el aspecto que hace a sus ejecuciones. De esta manera quedará por completo en claro, sin excepciones, que tanto las autoridades policiales como penitenciarias no pueden condicionar decisiones de los jueces que hacen a la modalidad o a los límites de la ejecución penal basadas en reglamentos del servicio, instructivos o consideraciones o condicionamientos internos de ninguna índole.

ARTICULO 8º.- Fundamentos para la determinación de la pena. La determinación de la pena se fundamentará en la culpabilidad del autor o partícipe. Además se tendrá especialmente en cuenta:
a) La naturaleza y gravedad del hecho, así como la magnitud del peligro o daño causados;
b) La calidad de los motivos que impulsaron al responsable a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos;
c) La pluralidad, participación y grado de organización de las personas intervinientes en el hecho.
d) Los propósitos del autor del hecho, en especial cuando fuere la persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad o la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religiosos;
e) La mayor o menor comprensión de la criminalidad del hecho y la capacidad de decisión, valorando las demás circunstancias personales, en particular las económicas, sociales y culturales del responsable.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 40 y 41. Mejora notablemente la redacción, reiterando aquí en forma expresa el principio de culpabilidad: la medida de la pena a aplicar tiene que guardar proporción estricta con la medida del reproche del que sea capaz el autor del delito. Por si no quedase claro, se insiste en el inciso e) con una disposición que puede considerarse ejemplificativa.

ARTICULO 9°.- Exención o reducción de la pena. El juez podrá determinar la pena por debajo de los mínimos previstos e inclusive eximir de pena, cuando el peligro o daño causados sea de escasa significación.
Del mismo modo se podrá eximir de pena, o reducirla, cuando las consecuencias del hecho hayan afectado gravemente al autor o partícipe.

COMENTARIO. Se introduce en el derecho de fondo el principio de disponibilidad por el juez de la consecuencia del delito: la pena. El supuesto que autoriza a disponer de la pena, ya sea por debajo del mínimo de la escala penal o remitiéndola por completo, es el de la insignificancia. Guarda completa congruencia con el principio de proporcionalidad establecido en el Art. 1.

ARTICULO 10.- Cómputo de la detención o prisión preventiva. Compensación. El tiempo que una persona hubiera cumplido en detención o prisión preventiva será computado en la condena a pena privativa de libertad que le fuera impuesta a razón de UN (1) día de detención o prisión preventiva por UNO (1) de prisión o UNO (1) de día-multa, cualquiera sea la causa o proceso en que se dispuso.
La detención o prisión preventiva sufrida por una persona que resulte absuelta o sobreseída le dará derecho a ser compensada por el Estado. El importe de la compensación será fijado por el tribunal superior de aquel que hubiera ordenado la medida, con intervención del ministerio público.
Quien pretenda un importe superior deberá reclamarlo ante los tribunales competentes por la vía que corresponda.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 24. Mejora la redacción respecto del cómputo del tiempo de la prisión preventiva, incluyendo la detención, y adecuándolo al sistema de días-multa que establece. Introduce en forma expresa el derecho de compensación económica a cargo del Estado de quien resultó absuelto tras haber sufrido detención o prisión preventivas, determinable por la propia justicia penal y en caso de desacuerdo con el monto se preserva por la diferencia las acciones directas que pudieren corresponderle a la víctima por el derecho común.

ARTICULO 11.- De la pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad ambulatoria del condenado. Tendrá una duración máxima de VEINTICINCO (25) años; salvo para los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, conforme se define en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y homicidio calificado que se extenderá hasta el límite de TREINTA (30) años.

COMENTARIO. En el CP vigente, en relación a los límites del tiempo de duración de las penas privativas de libertad, no contiene una disposición específica como ésta. Nuestro texto legal actual impone la necesidad de hacer un análisis para concluir cuáles son sus decisiones en relación a dicho punto. Existe la perpetuidad como referencia temporal para la prisión o reclusión en determinados casos, por ejemplo los homicidios calificados por agravación del Art. 80 ó el caso de tortura seguida de muerte del Art. 144 tercero Inc. 2. Otra referencia es la reclusión por tiempo indeterminado, de discutida constitucionalidad, prevista en el Art. 52 del CP. Y está la pauta, tal vez la más cercana a una suerte de definición sobre esta cuestión, y más recurrida, del Art. 55 sobre concurso real de delitos: la suma aritmética de los máximos con un límite. El límite originario del CP Argentino se establecía indicando que era el máximo de la especie de pena que se tratase, de modo que para la privación de la libertad eran 25 años. La reciente reforma del CP introducida por la Ley 25.928 -10/9/2004- elevó ese límite máximo a 50 años. De lo expuesto se deduce que para nuestra ley penal vigente las penas de prisión o de reclusión carecen de límite máximo legal, pueden llegar a ser perpetuas, y en algunos casos su límite puede ser además indefinido. Ambas cosas -más la segunda- resultan inequívocamente violatorias de los principios de proporcionalidad y de humanidad que debe guardar el derecho y el sistema penal, aún cuando los mismos no se establezcan en forma expresa en el articulado del CP.

El presente Anteproyecto de reforma del CP introduce una disposición especifica, como es la del Art. 11. Fija en 25 años la duración máxima de la pena de prisión -la única privativa de libertad- que no sean aplicadas por casos de delitos de lesa humanidad, en cuyos casos eleva a 30 años ese máximo. Entonces, no solo del texto del Anteproyecto sino de esta disposición específica, se desprenden dos notas verdaderamente destacables de esta propuesta, consistentes en que desaparecen de nuestra ley penal la prisión perpetua y la aplicación de encierro por "tiempo indeterminado".

Otro aspecto destacable de este Art. 11 es que define en qué consiste la prisión. No obstante, alguna observación considero procedente respecto de esto último. Hubiera sido recomendable enfatizar en la definición de la pena de prisión sus aspectos centrales, señalando que "consiste únicamente en la limitación de la libertad ambulatoria del condenado, en relación a los lugares establecidos por las normas que regulan la ejecución penal, permaneciendo intangibles los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional". De ser introducida esta definición en forma expresa -aunque reconociéndolor innecesario de aplicarse adecuadamente las normas constitucionales- ayudaría a una mayor consolidación de principios y pautas esenciales, en atención a los sistemáticos abusos a que son sometidas las personas privadas de libertad, agravando sus condiciones de detención más allá de la privación relativa de la libertad ambulatoria, único contenido de la pena de prisión.

ARTICULO 12.- De la pena de multa. La pena de multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, destinada a un fondo especial para solventar la asistencia social a las víctimas de delitos y a las familias de los condenados.

ARTICULO 13.- Determinación de la pena de multa. Importe. Cantidad de días-multa. La multa se determina por el sistema de días-multa, cuyo mínimo será de CINCO (5) y su máximo de SETECIENTOS VEINTE (720) días. El importe de cada día-multa será como mínimo la décima parte del salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo de la sentencia y como máximo hasta CINCO (5) salarios de esa categoría. Tanto este importe como su cantidad serán fijados por el tribunal según las condiciones personales, la capacidad de pago y la renta potencial del condenado al tiempo del fallo. Cuando no fuere posible el pago inmediato de la multa se podrá conceder un plazo razonable o autorizar el pago en cuotas.

ARTICULO 14.- Incumplimiento. Incapacidad de pago. Si el penado no pagase la multa en el plazo fijado en la sentencia se convertirá la pena o lo que reste de ella en prisión, a razón de UN (1) día de prisión por cada día-multa. El juez o tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otra entrada del condenado.
Si el penado pagare en cualquier momento lo que le reste cumplir de pena de multa, cesará la prisión.
La prisión sustitutiva de la multa se cumplirá en forma efectiva.
Cuando sin culpa grave del condenado variasen significativamente sus condiciones personales, su capacidad de pago o su renta potencial, el juez podrá reducir el monto del día-multa fijado en la sentencia para adecuarlo a las nuevas circunstancias.
Cuando el penado no tuviese capacidad de pago no se impondrá pena de multa. Cuando estuviese prevista como pena única o en forma alternativa con la pena de prisión se la reemplazará con trabajos para la comunidad, a razón de DOS (2) horas de trabajo por UN (1) día-multa.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 21 y ss. Se redefine la pena de multa y se reorganizan todos sus aspectos. Lo primero porque se establece ahora en forma expresa que a quién se le paga la multa es al Estado, y se dispone la apertura de un fondo especial con un destino determinado: solventar la asistencia social a las víctimas de delitos y a las familias de los condenados. Otro aspecto destacable es que se elimina la referencia a montos dinerarios determinados, para utilizar una medida referencial abstracta, estable, que es el "día-multa", con una escala mínima de cinco y máxima de setecientos veinte. A su vez el "día multa" puede fijarlo el tribunal entre la décima parte y cinco veces el salario mínimo vital móvil vigente al momento de la sentencia. Es decir el procedimiento sería el siguiente: la medida referencial abstracta es el salario mínimo vital móvil vigente; tomado ese monto en un caso concreto, hay dos etapas, la primera es establecer una porción de ese monto para asignarle el carácter de unidad "día-multa", la segunda es determinar la cantidad de esas unidades como pena. El monto de la multa resultará de la multiplicación del monto de cada unidad por la cantidad de unidades fijadas. Se trata de una metodología de determinación que pone a disposición del tribunal un espectro muy amplio de la especie de pena de multa, lo cual permite aproximarse con mayor exactitud a la medida de pena capaz de establecer un grado de proporcionalidad justo entre medida de la culpabilidad y medida del reproche. Además, le brinda al tribunal facultades amplias para establecer modalidades de pago, para reducir la ya fijada o no aplicarla siendo pena única en casos extraordinarios sustituyéndola por trabajos para la comunidad.
En caso de incumplimiento injustificado del pago de la multa en la forma establecida se convierte la pena de multa, o lo que resta cumplir de ella, en prisión, a razón de un día de prisión pro "día-multa" adeudado.

ARTICULO 15.- De la pena de inhabilitación. Inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta importa:
a) La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular;
b) La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 19. Se mantienen con igual redacción los incisos 1 y 3 del Art. 19 CP vigente, pero con total acierto se eliminan los contenidos vigentes de los incisos 2 y 4, inequívocamente inconstitucionales.

ARTICULO 16.- De la pena de inhabilitación. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.
La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos sobre los que recayere.
También podrá imponerse inhabilitación especial de SEIS (6) meses a DOS (2) años, aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe:
a) incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público;
b) abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela;
c) incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 20 y 20 bis. Se mantiene la misma redacción del Art. 20 vigente, algo mejorada, en los dos primeros párrafos. Se agrega un tercer párrafo reproduciendo el actual Art. 20 bis en forma textual.

ARTICULO 17.- Rehabilitación del sancionado. El condenado a inhabilitación absoluta o especial puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, luego de transcurrida la mitad del plazo impuesto en la condena, que en ningún caso podrá exceder de DIEZ (10) años.
Son condiciones del beneficio:
a) haber respetado la inhabilitación;
b) haber remediado, en su caso, la incompetencia;
c) haber reparado el daño, en la medida de lo posible.
Cuando la inhabilitación hubiese significado la pérdida de un empleo o cargo público, la rehabilitación no implicará la reposición en los mismos puestos.
Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo.
En los delitos previstos en el Título I, Capítulo I, Libro Segundo de este Código, deberá requerirse opinión fundada a la parte querellante y al representante del Ministerio Público Fiscal. El dictamen negativo del fiscal será vinculante.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 20. Se le da una nueva y mejor redacción a los supuestos de rehabilitación unificando los casos de absoluta o especial.

ARTICULO 18.- Penas alternativas a la privación de la libertad. Las penas alternativas a la prisión que podrán ser aplicadas como consecuencia del hecho punible son:
a) La detención de fin de semana;
b) La prestación de trabajos a la comunidad;
c) la obligación de residencia;
d) La prohibición de residencia y tránsito;
e) El arresto domiciliario;
f) El cumplimiento de las instrucciones o reglas judiciales;
g) La multa reparatoria.

ARTICULO 19.- De la detención de fin de semana. La detención de fin de semana es una limitación a la libertad ambulatoria por períodos correspondientes a los días sábados y domingos, con una duración mínima de TREINTA Y SEIS (36) horas y máxima de CUARENTA Y OCHO (48) horas. El plazo puede extenderse por VEINTICUATRO (24) horas más en los días feriados que anteceden o suceden inmediatamente al fin de semana. Si circunstancias especiales lo aconsejaran, el tribunal podrá ordenar que el arresto se cumpla en días diferentes de la semana.
La detención se cumplirá en establecimientos distintos de los destinados para la pena de prisión.

ARTICULO 20.- De la prestación de trabajos para la comunidad. La prestación de trabajos para la comunidad obligará al penado a cumplir entre OCHO (8) y DIECISÉIS (16) horas semanales de trabajo no remunerado en los lugares y horarios que establezca el juez; se realizará en instituciones, establecimientos u obras de bien público, bajo el control de sus autoridades u otras que se designen. El trabajo será adecuado a la capacidad o habilidades del penado y no podrá afectar su dignidad ni perjudicará su actividad laboral ordinaria.
En ningún caso estas funciones estarán a cargo de organismos policiales ni de seguridad.

ARTICULO 21.- De la obligación de residencia. La obligación de residencia exigirá al penado habitar en un lugar determinado y no salir de él sin autorización judicial. El lugar de residencia será establecido por el juez y puede fijarse con relación a un perímetro urbano o rural, partido, departamento, municipio o provincia.
La medida tendrá por objeto prevenir conflictos, permitir un control mayor del penado o favorecer su integración social. No podrá fundarse en necesidades demográficas, ni elegirse parajes inhóspitos o de difícil comunicación, salvo que el propio penado lo solicite y las circunstancias demuestren que no se utiliza la pena como castigo de deportación.

ARTICULO 22.- De la prohibición de residencia y tránsito. La prohibición de residencia impedirá habitar en un sitio determinado y transitar por él sin autorización judicial. El juez determinará el lugar, que podrá ser un perímetro urbano o rural, partido, departamento o municipio. Sólo podrá imponerse esta medida con el objeto de evitar conflictos futuros.
En ningún caso podrá asumir la forma de un castigo de destierro.

ARTICULO 23.- Del arresto domiciliario. El arresto domiciliario obligará al penado a permanecer en su domicilio, del que podrá salir únicamente por motivos justificados y previa autorización judicial.

ARTICULO 24.- De la pena de cumplimiento de instrucciones judiciales. La pena de cumplimiento de instrucciones judiciales consiste en el sometimiento a un plan de conducta en libertad. Las instrucciones deberán estar vinculadas al hecho punible y el plan podrá contener las siguientes directivas:
a) Fijar residencia;
b) Observar las reglas de inspección y de asistencia establecidas por el juez;
c) Dar satisfacción material y moral a la víctima en la medida de lo posible;
d) Adoptar un trabajo adecuado a su capacidad y preferencias, si no tuviere otros medios de subsistencia;
e) Asistir a cursos, conferencias o reuniones de enseñanza;
f) Someterse a un tratamiento o control médico o psicológico, en caso de padecimiento que dificulte las relaciones sociales;
g) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con ciertas personas, cuando fuera necesario para evitar conflictos;
h) Abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas o tóxicos y aceptar los exámenes de control;
i) Cualquier otra que fuere aconsejable según las circunstancias particulares del caso.
El juez puede modificar las instrucciones durante la ejecución de la pena, con intervención del penado.
Las instrucciones no podrán afectar la dignidad del penado, su ámbito de privacidad, sus creencias religiosas o sus pautas de conducta no relacionadas con el delito. Tampoco podrán impartirse instrucciones para tratamientos que impliquen una intervención en el cuerpo del penado.
El control de las instrucciones será ejercido directamente por el juez con la colaboración de inspectores y asistentes especializados. El inspector elevará al juez un informe mensual sobre el cumplimiento de las instrucciones y de las restantes penas conjuntas, si las hubiere; el asistente ayudará al penado a cumplir las instrucciones y las restantes penas conjuntas que le fueren impuestas. Ninguna de ambas funciones podrá delegarse a los organismos policiales y de seguridad, ni en los funcionarios encargados de la seguridad de los institutos penales.

ARTICULO 25.- De la pena de multa reparatoria. La pena de multa reparatoria obligará al condenado a trabajar y a pagar a la víctima o a su familia una parte de sus ingresos mensuales, con el sistema previsto en el artículo 12. El juez controlará que el trabajo sea el más productivo posible conforme a la capacidad y perspectiva laborales futuras del penado.

ARTICULO 26.- Del reemplazo de la pena de prisión que no excede de TRES (3) años. El juez podrá reemplazar la pena de prisión impuesta que no exceda de TRES (3) años por igual tiempo de detención de fin de semana, trabajos para la comunidad, limitación o prohibición de residencia, sometimiento a instrucciones o multa reparatoria no superior a CIENTO OCHENTA (180) días. Los sustitutos serán aplicados de conformidad a lo previsto en el artículo 8° de este Código Penal, separada o conjuntamente y pueden ser modificados durante la ejecución.
El reemplazo podrá ser cancelado y se cumplirá la prisión si el penado cometiese un nuevo delito sobre el que haya recaído sentencia condenatoria firme o desobedeciese las penas sustitutivas; no obstante, podrá disponerse un nuevo reemplazo si la evolución posterior del penado fuera favorable y revelase predisposición para el acatamiento de los sustitutos.

ARTICULO 27.- Pena de prisión que excede de TRES (3) años. La pena de prisión impuesta que exceda de TRES (3) años y que no supere los DIEZ (10) años se cumplirá, como mínimo, hasta la mitad de su duración. La pena de prisión mayor de DIEZ (10) años se cumplirá, como mínimo, hasta los DOS TERCIOS (2/3) de su duración.
Transcurridos esos plazos el juez podrá disponer para el resto de la penalidad el reemplazo de la pena de prisión conforme al régimen del artículo 26, a excepción de la detención de fin de semana y la multa reparatoria.
La decisión sobre el reemplazo está supeditada al acatamiento regular de los reglamentos carcelarios.
La cancelación del reemplazo se rige por el artículo 26 segundo párrafo.
En los delitos previstos en el Título I, Capítulo I del Libro Segundo de este Código, deberá requerirse opinión fundada a la parte querellante y al representante del Ministerio Público Fiscal. El dictamen negativo del fiscal será vinculante.

COMENTARIO. Estas disposiciones constituyen un acierto destacable, decididas a partir de la evidente convicción del carácter inútil de la prisión para los pretendidos fines de readaptación, sumado a las conocidas y lamentables consecuencias perjudiciales de su aplicación. "Puesto que es imposible demostrar la racionalidad de la pena" (Cuerda Arnau, en Zaffaroni, Derecho Penal), se introducen como especies de penas subsidiarias las conocidas como "alternativas a la privación de libertad". Se establecen siete: la detención de fin de semana, la prestación de trabajos a la comunidad, la obligación de residencia, la prohibición de residencia y tránsito, el arresto domiciliario, el cumplimiento de las instrucciones o reglas judiciales y la multa reparatoria. En realidad tratándose de especies de pena podría habérselas clasificado en el Art. 5 como "secundarias" o "subsidiarias", teniéndose en cuenta que a la prisión, multa e inhabilitación se las clasifica como "principales". Además, aunque esto está descontado, hubiese quedado sistemáticamente claro que estas penas alternativas están también alcanzadas por los principios para la determinación de la pena establecidos en el Art. 8.

ARTICULO 28.- De las medidas de orientación y seguridad. Internación en un establecimiento psiquiátrico adecuado. Cuando una persona cometiere un hecho ilícito en estado de incapacidad de culpabilidad previsto en el artículo 34 inciso h), el tribunal podrá ordenar, previo dictamen de peritos, su internación en un establecimiento psiquiátrico adecuado, si como consecuencia de su estado, fuese de esperar la comisión de relevantes hechos ilícitos.
Del mismo modo se procederá en el supuesto previsto en el artículo 35 inciso e), cuando alguien cometiere un hecho ilícito en estado de capacidad de culpabilidad disminuida.
También se dispondrá la internación, previo dictamen de peritos, cuando un condenado padezca una anomalía o alteración psíquica durante el cumplimiento de la pena de prisión. En este caso la internación se computará a los efectos de la pena y no podrá prolongarse más tiempo que el de ésta.
La internación cesará cuando se comprobase la desaparición de las condiciones que lo motivaron y en ningún caso podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable; a tal efecto el tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.
En todos los casos en que la persona requiera atención psiquiátrica o internación y el tribunal no pueda disponerla o deba hacerla cesar, dará intervención al juez civil competente.

ARTICULO 29.- Internación en un establecimiento de deshabituación.- Cuando una persona, con adicción al consumo de bebidas alcohólicas u otros productos estimulantes, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, fuera condenada por un hecho cometido bajo sus efectos, el tribunal, previo dictamen de peritos, ordenará su internación en un establecimiento de deshabituación, si como consecuencia de su estado, fuese de esperar la comisión de relevantes hechos ilícitos.
De igual manera se procederá en caso de no haber sido condenado debido a su incapacidad de culpabilidad.
La medida no tendrá lugar cuando la cura de deshabituación apareciera como inútil desde el principio; y no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable; a tal efecto el tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.

ARTICULO 30.- Dictado de pena y medida de orientación y seguridad conjunta. Cuando se ordenare la internación en un establecimiento conforme a los artículos 28 segundo párrafo o 29 primer párrafo, conjuntamente con una pena privativa de libertad, se ejecutará la medida antes que la pena; el tiempo de ejecución de la medida se deducirá de la pena; no obstante, si la pena no fuese privativa de libertad el tribunal podrá determinar que se cumpla antes de la medida cuando con ello se pueda alcanzar más fácilmente el fin de ésta última.

ARTICULO 31.- Suspensión del resto de la pena. Cuando se hubiera ejecutado la medida antes que la pena, el tribunal podrá reemplazar la ejecución del resto de ésta última, conforme a los artículos 26 y 27.

ARTICULO 32.- Cese y sustitución de la medida de orientación y seguridad. Intervención judicial obligatoria. Durante la ejecución de la sentencia el tribunal podrá, mediante un procedimiento contradictorio:
a) Decretar el cese de cualquier medida de orientación y seguridad impuesta en cuanto desaparezca la probabilidad de comisión de hechos ilícitos relevantes;
b) Sustituir una medida de orientación y seguridad por otra que estime más adecuada. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se la dejará sin efecto;
c) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado;
d) Reemplazar la internación por el sometimiento al control de un establecimiento o servicio especializado, con las posibilidades de salidas periódicas o de tratamientos ambulatorios. Para ello dispondrá de conformidad con la dirección del establecimiento o servicio, la transformación de la internación en sujeción a controles, aprobando el programa de salidas periódicas o el comienzo del tratamiento ambulatorio. Antes de disponer el reemplazo, el tribunal oirá en procedimiento contradictorio a la persona en forma directa e indelegable.
A tales efectos el tribunal estará obligado a analizar, por lo menos una vez al año, el mantenimiento, cese, suspensión o sustitución de la medida de seguridad.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 25 y 34 inc. 1. Se regula en estos cinco artículos del Anteproyecto los supuestos y la modalidad de ejecución en caso de anomalías o alteraciones psíquicas (internaciones) y de adicciones (deshabituación) del sujeto.

TITULO III
HECHO PUNIBLE

ARTICULO 33.- Hechos dolosos y culposos. Sólo son punibles las acciones u omisiones dolosas descriptas en la ley, a menos que también se disponga pena para las culposas.
La culpa será grave o leve. Se entenderá que concurre culpa grave cuando se ha infringido temerariamente el deber de cuidado, introduciendo riesgos importantes para la vida, la integridad física o la libertad, que se concretan en resultados altamente lesivos. La escala penal en estos casos se elevará en UN TERCIO (1/3) del mínimo y la MITAD (1/2) del máximo.

COMENTARIO. Se mantiene el principio de especialidad en materia de delitos culposos, indicado en forma expresa.

En la violación del deber de cuidado se introduce la distinción entre culpa grave y leve, definiéndose en forma expresa a la primera. La leve resultará por descarte de la anterior.

TITULO IV
IMPUTABILIDAD

ARTICULO 34.- Eximentes. No es punible:
a) El que obrare violentado por fuerza física irresistible o en estado de inconsciencia absoluta;
b) El que obrare en ignorancia o error invencible sobre algún elemento constitutivo del hecho penal;
c) El que obrare en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo;
d) El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias: i) agresión ilegítima; ii) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; iii) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Se presume, salvo prueba en contrario, que concurren las circunstancias de este inciso, respecto de aquel que durante la noche obrare: i) para rechazar la entrada por escalamiento, fractura o violencia en un lugar habitado, ii) por encontrar a un extraño dentro de su hogar, siempre que ofrezca resistencia;
e) El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y, en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, que no haya participado en ella el tercero defensor;
f) El que causare un mal por evitar otro mayor e inminente, siempre que: i) El hecho fuera necesario y adecuado para apartar el peligro, ii) La situación de necesidad no haya sido provocada deliberadamente por el agente, iii) El autor no esté jurídicamente obligado a soportar el peligro;
g) El que obrare para evitar un mal grave e inminente para la vida, la integridad corporal o la libertad, no evitable de otro modo, siempre que lo hiciere para apartar el peligro propio, de un pariente, o de otra persona vinculada con el autor. La eximente no rige si al autor le fuera exigible soportar el peligro, sea porque él lo ha provocado deliberadamente o porque exista una relación jurídica especial. En ambos casos la pena se podrá reducir en la forma prevista para la tentativa;
h) El que a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica permanente o transitoria no haya podido, al momento del hecho, comprender su criminalidad o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión;
i) El que obrare por error invencible sobre los presupuestos de una causa de justificación;
j) El que obrare por error invencible que le impida comprender la criminalidad del hecho;
k) El que obrare por error invencible sobre las circunstancias que, conforme al inciso g) anterior, lo hubiesen exculpado;
l) El que cometiere un hecho ilícito excediendo los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante por miedo insuperable;
ll) El menor de DIECIOCHO (18) años. Una ley especial establecerá el régimen de los menores en conflicto con la ley penal.

ARTICULO 35.- Disminución de la pena. Se disminuirá la pena:
a) Al que obrare con error vencible sobre algún elemento constitutivo del hecho penal. La pena será la del delito por imprudencia o negligencia correspondiente;
b) Al que obrare con error vencible que le impida comprender la criminalidad del acto. La pena será la prevista para la tentativa;
c) Al que obrare con error vencible sobre los presupuestos de una causa de justificación o de una situación de necesidad exculpante. La pena será la prevista para la tentativa;
d) Al que obrare con error sobre circunstancias que hubiesen configurado el supuesto de una infracción atenuada. La pena se determinará conforme a esta;
e) Al que, en el momento del hecho, tuviera considerablemente disminuida la capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión, por uno de los motivos establecidos en el inciso h) del artículo 34. La pena será la prevista para la tentativa.

COMENTARIO. Disminución de la pena por situaciones de error vencible: se remite a las penas de la tentativa. Tal vez tendría que haber sido a las del delito culposo de existir.

TITULO V
TENTATIVA Y DESISTIMIENTO

ARTICULO 36.- Tentativa. El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad sufrirá las penas determinadas en el artículo 38.

ARTICULO 37.- Desistimiento voluntario. El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.

ARTICULO 38.- Penalidad. Delito imposible. La pena que correspondería al agente si hubiese consumado el delito se reducirá a la mitad del mínimo y del máximo. Si el delito fuera imposible, la pena podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el peligro corrido por el bien jurídico tutelado.

TITULO VI
AUTORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL

ARTICULO 39.- Autores y partícipes. Penalidad. Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro. La pena aplicable a los autores será la establecida para el delito.
Son cómplices los que presten al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el hecho no habría podido cometerse; los que cooperasen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que prestasen una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores. Solo en el primer supuesto se aplicará a los cómplices la misma pena establecida para el autor. En los restantes supuestos, los cómplices serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de UN TERCIO (1/3) a la MITAD (1/2).
También incurrirán en la misma pena que el autor los que hubiesen determinado directamente a otro a cometer el hecho.

ARTICULO 40.- Accesoriedad. Si de las circunstancias particulares del hecho resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en uno menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.

COMENTARIO. Accesoriedad. Sería conveniente la aclaración "que prometió o sabía que se ejecutaría".

ARTICULO 41.- Comunicabilidad. Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.

COMENTARIO. Comunicabilidad: resuelve aquí el punto mejor.

ARTICULO 42.- Exclusión. No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

COMENTARIO. Exclusión. Podría haberse acudido a una mejor redacción: "delitos cometidos mediante la prensa…", o más propiamente: "delitos cometidos a través de los medios de comunicación…"

ARTICULO 43.- Actuar en lugar de otro. El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica, o como representante legal, o voluntario de otro u otros, o el que asumiere funciones correspondientes al sujeto o entidad en cuyo nombre o beneficio actuare, responderá personalmente por el hecho punible aunque no concurran en él las calidades típicas para determinar la autoría, si tales características corresponden a la entidad o personas en cuyo nombre o representación obrare. Esta disposición se aplicará también a la persona que reviste la calidad de encargado de un establecimiento o empresa, o al responsable del cumplimiento de determinadas obligaciones de su titular y al que, sin actuar con mandato alguno, realiza el hecho en interés del titular. Lo dispuesto en este artículo será aplicable aún cuando el acto jurídico determinante de la representación o del mandato sea ineficaz.

COMENTARIO. Responsabilidad del directivo por los delitos cometidos a través de la entidad representada, aunque no concurran en él las calidades típicas para determinar la autoría. Debe entenderse la imputabilidad de la acción y los requisitos esenciales de ésta.

TITULO VII
CONCURSO DE DELITOS

ARTICULO 44.- Concurso ideal. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.
La misma pena será aplicable cuando un hecho sea medio necesario para cometer otro.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 54. Resuelve en forma expresa los conflictos y discusiones sobre supuestos concursos de delitos: privación ilegitima de la libertad y violación, o privación ilegítima de la libertad y robo, etc.

ARTICULO 45.- Concurso real. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable tendrá como mínimo, el mínimo mayor, y como máximo, la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Esta suma no podrá exceder el máximo previsto en el artículo 11, salvo en los supuestos contemplados en los artículos 70, 71, 72, 73 y 84 de este Código, en cuyo caso el límite será de TREINTA (30) años.
Estas reglas no se aplicarán en relación a las penas de inhabilitación y multa, aunque el juez podrá limitar su cuantía, de conformidad con el artículo 1° del presente Código.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 55. Mantiene la misma redacción básica, eliminando la expresión "reo" y estableciendo los límites que propone este anteproyecto en 25 años para la pena de prisión (ver Art. 11), a excepción del caso de delitos contra la humanidad y de homicidios calificados por agravación, que lleva a 30 años.

ARTICULO 46.- Delito continuado. Cuando los hechos constituyan delito continuado la pena aplicable será solamente la mayor de las previstas para esos hechos.

ARTICULO 47.- Unificación de condenas. Cuando un condenado por sentencia firme fuese condenado nuevamente por uno o más hechos cometidos antes de la primera condena, el tribunal que lo condene en último término le impondrá una única pena por todos los delitos, aplicando las reglas del artículo 45, sin alterar las declaraciones de hechos de los tribunales que hubiesen intervenido anteriormente.
Cuando por cualquier razón no se hubiere procedido en la forma prescripta en el párrafo anterior, el tribunal que hubiere impuesto la pena mayor la unificará en la forma dispuesta en el artículo 45 siempre que de todos los delitos conociese la justicia ordinaria o la justicia federal. En caso contrario procederá a unificar la pena la justicia ordinaria y, dentro de ella, el tribunal que hubiese impuesto la pena de mayor cuantía.

ARTICULO 48.- Unificación de penas. Cuando un condenado por sentencia firme cometiere un hecho durante el cumplimiento de la pena y se dictare sentencia condenatoria en vigencia de ésta, el tribunal que lo condene por el último hecho le impondrá una pena que unifique la de la primera condena o lo que le restase cumplir de ella con la pena del segundo hecho, conforme a las reglas del artículo 45.
La pena unificada podrá reemplazarse conforme lo previsto con el artículo 26, cuando la misma no exceda de TRES (3) años de prisión.

TITULO VIII
DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

ARTICULO 49.- Ejercicio de la acción pública. Las acciones penales son públicas o privadas.
El Ministerio Público Fiscal tendrá la obligación de ejercer, de oficio, la acción penal pública, salvo en los casos donde sea condicionante la instancia de parte interesada.
También podrá hacerlo la víctima del hecho en las condiciones establecidas por las leyes procesales, mediante el ejercicio del derecho de querella.
No obstante, el Ministerio Público Fiscal podrá fundadamente no promover la acción o desistir de la promovida ante el juez o tribunal hasta antes de la fijación de fecha para el debate oral, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de hechos que por su insignificancia, no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo;
b) Cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado sean de tal gravedad que tornen innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena, salvo que mediaren razones de seguridad o interés público;
c) Cuando la pena en expectativa carezca de importancia con relación a la pena ya impuesta;
d) Cuando exista conciliación entre las partes y el imputado haya reparado los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, o en los delitos culposos, salvo que existan razones de seguridad o interés público.
En los supuestos de los incisos a) y b) es necesario que el imputado haya reparado los daños y perjuicios ocasionados, en la medida de lo posible.
La presentación fiscal será notificada a la víctima, quien deberá ser oída, pudiendo formular oposición. El juez o tribunal remitirá las actuaciones al fiscal de grado superior competente cuya resolución será vinculante.
Admitido el criterio de oportunidad, la acción pública se convertirá en acción privada. La víctima tendrá el derecho y el Estado el deber de asegurarle el asesoramiento jurídico necesario cuando no pudiese afrontar los gastos en forma particular.
La querella deberá presentarse dentro del término de SESENTA (60) días hábiles desde la notificación de la resolución de conversión.
Vencido el término, la acción penal quedará extinguida para el autor o partícipe en cuyo favor se aceptó el criterio de oportunidad, salvo el supuesto del inciso 1 en que los efectos se extenderán a todos los partícipes.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 71. Regla y sistematiza adecuadamente sobre el tipo y ejercicio de las acciones penales. Introduce y regla la disponibilidad de la acción penal por el fiscal en aplicación del principio de oportunidad. Aun cuando por la previsión del inciso 1º podría considerarse implícito, no estaría demás introducir en forma expresa la limitación: "en ningún caso el fiscal podrá disponer de la acción penal derivada de delitos de lesa humanidad".

ARTICULO 50.- Acciones públicas dependientes de instancia privada. Son acciones dependientes de la previa instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
a) Los establecidos en los artículos (154 y 155 de este Código), siempre que no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones gravísimas (artículo 104 de este Código);
b) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. No obstante, se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad e interés público;
c) Amenazas (artículo 135 de este Código);
d) Hurto simple (artículo 167 de este Código);
e) Estafa y otras defraudaciones (artículos 174, 175, 176 Y 177 de este Código);
f) Daño (art.186 y 187 de este Código);
g) Los relativos a la propiedad intelectual o industrial y a los derechos de autor (Ley N°11.723 y sus modificaciones) y a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Ley N° 24.481 (T.O. 1996).
h) Los vinculados con los fraudes al comercio y a la industria (artículos 201 y 202 de este Código).
En tales casos no se procederá a formar causa si no media denuncia previa del agraviado, de sus representantes legales, tutor o guardador. Reunirá esta última calidad quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del hecho delictivo.
Sin embargo, se procederá de oficio por el Fiscal cuando el hecho delictivo fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o si lo realizare uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Si existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de aquellos (ascendientes, tutor o guardador) y el menor, el Fiscal deberá actuar de oficio si ello resultare más conveniente para el interés superior del último.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 72. Amplía los casos actuales, incluyendo distintos supuestos en que, por regla general, podría entenderse que la afectación derivada de la acción típica no excede la persona de la víctima, o está desprovista de una proyección general (hurto simple, estafas, daños). Constituye una clara aplicación de reglas que hacen a la doctrina del derecho penal mínimo, o de menor intervención del estado, que cuestionan la expropiación al damnificado por parte del estado del perjuicio sufrido.

ARTICULO 51.- Acciones privadas. Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
a) Calumnias e injurias;
b) Violación de domicilio (artículo 136 de este Código);
c) Violación de secretos (144 de este Código), salvo en los casos del artículo 145 de este Código;
d) Concurrencia desleal (artículo 150 de este Código);
e) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar;
f) Del pago con cheques sin provisión de fondos (artículo 178 de este Código).
En tales supuestos se procederá únicamente por querella del agraviado, sus representantes legales, tutor o guardador.
En los casos de calumnias o injurias la acción podrá ser ejercitada sólo por el agraviado y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 73. Se amplían también los supuestos, en línea coherente con el criterio sostenido en el artículo anterior.

ARTICULO 52.- De la suspensión del proceso a prueba. El imputado de uno o más delitos de acción pública, reprimido con pena de prisión que no exceda de TRES (3) años en su mínimo, que no registre antecedentes condenatorios, podrá solicitar por única vez y hasta la citación a juicio, la suspensión del proceso a prueba. Del pedido deberá requerirse opinión fundada al representante del Ministerio Público Fiscal, la cual será vinculante si resulta negativa. Si fuere favorable y el juez o tribunal no estuvieren de acuerdo en otorgarla, deberán requerir dictamen al fiscal de grado superior, el que se convertirá en vinculante.
El imputado deberá asumir la reparación de los daños causados, en la medida de sus posibilidades, sin que esto pueda ser tomado como confesión o reconocimiento de responsabilidad civil. El juez o tribunal actuante decidirá en resolución fundada, oída la víctima, acerca de la razonabilidad del ofrecimiento realizado. Si el trámite del proceso se suspendiere, la víctima tendrá habilitada la acción civil, sin resultar aplicables las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones administrativas y disciplinarias que pudieran corresponder.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado los bienes que correspondería decomisar en caso de condena.
No procederá la suspensión del proceso a prueba, cuando un funcionario público en ejercicio o con motivo de sus funciones hubiese participado en el delito.
Reunidos los requisitos condicionantes, el órgano jurisdiccional competente dispondrá la suspensión del proceso a prueba por un plazo entre UNO (1) y TRES (3) años, según la gravedad y circunstancias del hecho delictivo, sujeto a todas o a algunas de las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato;
b) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas cuando fuere necesario para evitar conflicto;
c) Abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas o tóxicos;
d) Asistir a la escuela primaria o superior, si no las tuviere cumplidas;
e) Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional;
f) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia;
g) Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad;
h) Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Las reglas serán fijadas por el juez o tribunal según resulte y podrán ser modificadas según resulte conveniente al caso y a la evolución de la situación del imputado.
Cuando se atribuya un hecho reprimido con pena de inhabilitación, se impondrá, en calidad de regla de conducta, la realización de actividades dirigidas a solucionar su presunta incompetencia o inidoneidad.
Durante el período de prueba se suspenderá el plazo de prescripción de la acción penal.
Si el imputado no cometiere ningún delito durante el plazo de suspensión, repara los daños en la medida aceptada y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal.
Si el imputado es condenado por un delito cometido durante el período de prueba o no satisface la reparación impuesta a pesar de poder hacerlo, o incumple en forma persistente y reiterada con la reglas de conducta, se dejará sin efecto la suspensión y continuará el trámite del proceso. Si fuere absuelto, se le reintegrarán los bienes entregados al Estado, aunque no podrá pretender el reintegro de las reparaciones ya cumplidas.

TÍTULO IX
EXTINCION DE ACCIONES Y PENAS

ARTICULO 53.- Causas de extinción de la acción penal. La acción penal se extinguirá:
a) por la muerte del imputado;
b) por la amnistía;
c) por la prescripción;
d) por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada;
e) en los casos previstos en los artículos 52 anteúltimo párrafo, y 162 de este Código.

ARTICULO 54.- Renuncia del ofendido. La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

ARTICULO 55.- Amnistía. La amnistía, salvo en los delitos de genocidio, tortura prevista en instrumentos internacionales de derechos humanos y desaparición forzada de personas extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

ARTICULO 56.- Extinción de la acción en los delitos reprimidos exclusivamente con pena de multa. La acción penal por delito reprimido exclusivamente con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito.
Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente, además de repararse los daños causados por el delito.
En ambos casos el imputado deberá abandonar en favor del Estado, los objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.
El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo podrá ser admitido por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido OCHO (8) años a partir de la fecha de la resolución que hubiese declarado la extinción de la acción penal en la causa anterior.
No procederá la extinción de la acción cuando un funcionario público en ejercicio o con motivo de sus funciones hubiese participado en el delito.

ARTICULO 57.- Prescripción de la acción penal. La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:
a) después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción exceder de DOCE (12) años ni bajar de DOS (2) años;
b) al año, cuando se tratase de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
c) a los DOS (2) años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.
No prescribirá la acción por los delitos del Título I, Capítulo I, Libro Segundo de este Código y los casos previstos en el artículo 36 de la CONSTITUCION NACIONAL.
La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese permanente o continuado, en que cesó de cometerse.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 59. Se introduce en forma expresa la imprescriptibilidad de las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad. En el inc. b), para los casos de pena de inhabilitación, la prescripción de un año parece corta, máxime teniendo en cuenta que los supuestos de culpa grave introducido como forma de los delitos por violación del deber de cuidado están las malas praxis y los perjuicios cometidos en violación de las normas del tránsito vehicular, ambos con consecuencias graves que son conocidas.

ARTICULO 58.- Causas de suspensión e interrupción de la prescripción. La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Asimismo se suspende la prescripción de la acción en el supuesto previsto en el artículo 52 del presente Código. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) la comisión de otro delito sobre el que haya recaído sentencia condenatoria firme;
b) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente;
c) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme;
d) la declaración de rebeldía;
e) la solicitud de extradición.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.
La prescripción operará, independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la misma, que en ningún caso podrá exceder el límite previsto en el artículo 57 inciso a).

COMENTARIO. CP vigente: Art. 67 CP vigente. Interrupción de la prescripción: se especifican mejor los supuestos. Se mantienen textuales los dos primeros párrafos de la disposición vigente, salvo por el hecho de que se introduce con un buen criterio sistemático el supuesto de suspensión del juicio a prueba (Art. 52). Se elimina el tercer párrafo del Art. 67 vigente del CP, referido a la suspensión de la prescripción por los delitos de alzamiento en armas contra el orden constitucional, y el consentimiento o apoyo al mismo mientras no se restablezca la vigencia de la Constitución. Respecto de los supuestos de interrupción, se mantienen dos en forma textual (dictado en el caso de sentencia condenatoria aunque no firme y el auto de citación a juicio o procesal equivalente), se completa adecuadamente el caso de la "comisión de otro delito", requiriéndose con indudable acierto en este caso que haya recaído sentencia condenatoria firme, desaparece el llamado a indagatoria y se incluyen los supuestos de declaración de rebeldía y de solicitud de extradición.

ARTICULO 59.- Prescripción de las penas. Las penas se prescriben en los términos siguientes:
a) la de prisión, en un tiempo igual al de la condena;
b) la de multa, a los DOS (2) años;
c) la de inhabilitación en un tiempo igual al de la condena, en ningún caso podrá ser inferior al año.
No se prescribirá la pena por los delitos del Título I, Capítulo I del Libro Segundo de este Código y los casos previstos en el artículo 36 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
El indulto del condenado extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.
El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el artículo 57 del presente Código. Si hubiere varios partícipes, el perdón a favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 65. Se introduce en forma expresa la imprescriptibilidad de las penas aplicadas por la comisión de delitos de lesa humanidad.

ARTICULO 60.- Inicio de la prescripción. La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al condenado la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese empezado a cumplirse.
La prescripción de la pena se interrumpirá con la comisión de un nuevo delito. La prescripción de la punición se suspenderá mientras la ejecución de la pena se encuentra legalmente diferida.

TITULO X
DE LA CANCELACION DEL REGISTRO PENAL

ARTICULO 61.- Régimen. Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan de la formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hábeas corpus o en causas por delitos de que haya sido víctima el detenido.
El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos:
a)después de transcurridos DIEZ (10) años desde la sentencia en los casos previstos en el artículo 26, primer párrafo del presente código;
b)después de transcurridos DIEZ (10) años desde su extinción para las condenas a pena de prisión en los casos previstos en los artículos 26, segundo párrafo, primera parte, y 27;
c)después de transcurridos CINCO (5) años desde su extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado o a los efectos del artículo 10 segunda parte.
Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
a)cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales;
b)cuando se cumpla totalmente la pena impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 26 o, en caso de cancelación de la pena sustitutiva (artículo 26 in fine), al efectuar el cómputo de la prisión efectiva impuesta;
c)cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitución por prisión (artículo 14), al efectuar el cómputo de la prisión impuesta;
d)cuando declaren la extinción de las penas en los casos previstos por el artículo 59.
La violación de la prohibición de informar será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 145 de este Código, si el hecho no constituyere un delito más severamente penado.

TITULO XI
DE LOS EFECTOS DE LA CONDENA

ARTICULO 62.- De la pérdida del producto de las ganancias provenientes del delito. Sin perjuicio de las devoluciones y reparaciones debidas por los daños y perjuicios derivados del hecho, el juez o tribunal ordenará la pérdida del producto, de las ganancias y de las ventajas obtenidas por el condenado con motivo del mismo, a favor del Estado nacional o provincial. Esta pérdida comprenderá los valores, derechos y cosas obtenidos por cualquier título, con motivo o como resultado del hecho, por el condenado o por otra persona real o jurídica, para la cual hubiese actuado el condenado. También se ordenará la pérdida de los derechos cuando con el producto, ganancias o ventajas del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito.
El juez o tribunal dispondrá la venta de las cosas, valores o derechos, cuando fuese posible, destinando el producto en la forma establecida en el artículo 14 del presente Código. Cuando no fuere posible la venta el juez podrá darle el destino que considere de mayor utilidad social y si no tuviere valor lícito alguno o fuese peligrosa deberá ordenar su destrucción.

ARTICULO 63.- Del comiso. El juez o tribunal ordenará el comiso o pérdida a favor del Estado nacional, provincial o municipal de los objetos o instrumentos de que se hubiese valido el condenado para preparar, facilitar o cometer el hecho, sin perjuicio de los derechos de restitución o indemnización del damnificado y terceros, y los derechos de los adquirentes de buena fe a título oneroso.
El comiso solo procederá cuando los objetos o instrumentos fueren de propiedad del condenado o estuviesen en su poder sin que mediasen reclamos de terceros. También procederá el comiso cuando los objetos o instrumentos fuesen peligrosos para el condenado o para terceros.
El comiso no será procedente en caso de hechos culposos.
En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos en el artículo 127 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.
El destino de los objetos o instrumentos se regirá por lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.
También podrá el juez o tribunal disponer de los efectos, productos o valores cuando en el trámite del proceso fuera fundadamente necesario darle destino a fin de evitar perjuicios irreparables.

TITULO XII
REPARACION DE DAÑOS Y COSTAS

ARTICULO 64.- Acción civil. La víctima tendrá derecho a introducir su pretensión resarcitoria y el juez o tribunal podrá ordenar en la sentencia:
a) la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias;
b) la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba;
c) el pago de las costas.

ARTICULO 65.- Preferencia y solidaridad. La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución del comiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa reparatoria. Si los bienes del condenado no fuesen suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:
a) la indemnización de los daños y perjuicios;
b) el resarcimiento de los gastos del juicio;
c) el comiso del producto o el provecho del delito;
d) el pago de la multa reparatoria.
La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del hecho punible.

COMENTARIO. Se prevén en el CP la reparación de daños y costas. En el inc. b) tendrían que estar comprendidos de un modo más claro los honorarios profesionales causídicos, que solo mediante una interpretación amplia y discutible pueden considerarse integrante de los "gastos del juicio".

ARTICULO 66.- Reparación. Límite e insolvencia. El que por título lucrativo participare de los efectos de un hecho punible, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.
En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:
a) tratándose de condenados a prisión, se deducirá un DIEZ POR CIENTO (10%) del producido de su trabajo en concepto de reparación;
b) en el caso de condenados a otras penas, con excepción de la prevista en el artículo 25, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

TITULO XIII
DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS JURIDICAS

ARTICULO 67.- Condiciones. Cuando alguno de los intervinientes en un delito hubiere actuado en nombre, en representación, en interés o en beneficio, de una persona jurídica de carácter privado, podrán imponerse a esta última, sin perjuicio de las que correspondan a los autores y partícipes, las sanciones que se enumeran en el artículo siguiente. Cuando quien hubiera actuado careciera de atribuciones para obrar en nombre o representación de la persona jurídica, bastará que su gestión haya sido ratificada aunque fuera de manera tácita.
En todos los casos será condición para la imposición de sanciones a personas de existencia ideal que la entidad haya tenido oportunidad de ejercitar su derecho de defensa en el transcurso del proceso.
Las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aún en caso en que quienes hubieran actuado en su nombre, representación, interés o beneficio, no resultaran condenados, siempre que el delito se haya comprobado.
Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de sus acciones o de otros instrumentos negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico de la sociedad.
Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso.

ARTICULO 68.- Sanciones. Las sanciones para las personas jurídicas son las siguientes:
a) multa, cuyo importe será fijado conforme la magnitud del daño causado y el patrimonio de la entidad, hasta un máximo equivalente al TREINTA Y TRES PORCIENTO (33%) del patrimonio neto de la entidad de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
b) cancelación de la personería jurídica;
c) suspensión, total o parcial de actividades que en ningún caso podrá exceder de TRES (3) años;
d) clausura total o parcial del establecimiento que en ningún caso podrá exceder de TRES (3) años;
e) pérdida o suspensión de beneficios estatales;
f) publicación de la sentencia condenatoria a su costa;
g) prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido;
h) comiso;
i) intervención judicial de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por un plazo que en ningún caso podrá exceder de TRES (3) años;
j) auditoría periódica;
k) suspensión del uso de patentes y marcas por un plazo de hasta TRES (3)años;
l) suspensión de hasta TRES (3) años en los registros de proveedores del Estado.

COMENTARIO. Sanciones a personas jurídicas. En realidad, técnicamente la sanción no es a la persona jurídica, que como tal carece de capacidad de reproche, sino a la persona física condenada haciendo extensiva la consecuencia de la pena al instrumento jurídico del que se valió para delinquir. Se trata de una novedad plausible, incorporada como medio eficaz para combatir el denominado "delito de cuello blanco", cuyos autores normalmente pertenecen al sector social no seleccionado por el sistema penal. Algunas observaciones críticas que se vienen efectuando a este Anteproyecto, en relación a este punto, alertando sobre supuestas inseguridades derivadas de "tipos abiertos" que pueden afectar la actividad empresaria, etc., son inconsistentes. La cancelación de personería por objetos o actividades incompatibles con la ley, la disposición de los medios utilizados para el delito por vía de comiso, o la sanción a los directivos, gerentes o representantes de las empresas por delitos cometidos valiéndose de la persona jurídica representada, son instituciones ya vigentes desde hace tiempo, que no han sido inventadas por el presente Anteproyecto. Vale traer como ejemplo los Arts. 55 a 58 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos.

TITULO XIV
SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO

ARTICULO 69.- Definiciones. Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrá presente las siguientes reglas:
Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día correspondiente.
La expresión "reglamentos" u "ordenanzas", comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.
Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.
Con la palabra "mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.
El término "capitán", comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.
El término "tripulación", comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros.
El término "estupefacientes", comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
El término "establecimiento rural" comprende todo inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.
Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de medios hipnóticos o narcóticos.
Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos documento, instrumento privado y certificado comprenden al documento digital firmado digitalmente.
Se considerará documento a la representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo que contenga datos.
Se entiende que una o más personas jurídicas o naturales gozan de posición dominante cuando, para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o extranjero o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial.
A los efectos de los crímenes de guerra que se tipifican en el presente Código se consideran personas y bienes protegidos, a quienes el derecho internacional ampara como tales en el marco de los conflictos armados internacionales o sin carácter internacional.
Se entenderá por objetivos militares en lo que respecta a bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias de momento, una ventaja militar definida, con exclusión de los bienes protegidos y de bienes destinados a fines civiles. En caso de duda de si un objeto que normalmente se destina a fines civiles, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se presumirá que se utiliza para fines civiles. No se considerarán como un solo objetivo militar, diversos objetivos militares claramente separados e individualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en que haya una concentración análoga de personas o bienes protegidos.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS
TITULO I
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD
CAPITULO I. Genocidio, desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad

ARTICULO 70.- Se aplicará prisión de DIEZ (10) a TREINTA (30) años, al que con la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo en razón de su nacionalidad, etnia, raza o religión, perpetrare alguno de los siguientes hechos:
a) matanza de miembros del grupo;
b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

COMENTARIO. Otro acierto en la sistemática de este Anteproyecto, al comenzar su parte especial con los delitos de lesa humanidad, sin dudas la más grave afectación de bienes jurídicos imaginable: aquellos que hacen a la condición humana. Este primer artículo tipifica el genocidio, aplicándole la escala penal más elevada en su máximo, aunque es menor que el máximo de la escala actual, prisión o reclusión perpetua, y menor también que en el caso de las penas de prisión divisibles, que hoy llega a cincuenta años. Podría observarse que los tipos del genocidio pareciera que están limitados, faltan los grupos políticos o sindicales, o la identificación de un grupo en razón de cualquier otro tipo de adhesión, inclusive imaginables desde la perspectiva del o los agresores. Podría haber un estado con funcionarios extraviados -cosa que no es tan difícil de encontrar- a quienes se les ocurriese perseguir y exterminar a los simpatizantes de algún club deportivo, a los adherentes a alguna corriente de opinión científica o cultural, etc. En estos casos no habría razón de nacionalidad, etnia, religión ni raza, y sin embargo ninguna duda cabría de que se trataría de un genocidio. Tal vez el primer párrafo tendría que decir, después de la palabra religión "o a un grupo cualquiera de personas por el hecho de pertenecer a él, cualquiera fuere el vínculo que los una".

ARTICULO 71.- Será reprimido con prisión de DIEZ (10) a TREINTA (30) años el funcionario público o persona que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, privare de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, y omitiere informar sobre la misma o respecto del paradero de la persona.
El funcionario público que, teniendo la posibilidad y competencia para evitar la comisión del hecho descripto no lo hiciere, será reprimido con la pena disminuida en un tercio.

COMENTARIO. Se trata de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas.

ARTICULO 72.- Se aplicará prisión de DIEZ (10) a TREINTA (30) años al que perpetrare un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometiendo cualquiera de los actos siguientes:
a) homicidio;
b) exterminio;
c) esclavitud;
d) deportación o traslado forzoso de población;
e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) tortura;
g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u orientación sexual, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional;
i) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

COMENTARIO. Son estos distintos delitos de lesa humanidad. En el inciso e) tal vez sería mejor utilizar la palabra "encarcelamiento". El inc. g), pese a la importancia de estas descripciones típicas, no puede dejar de señalarse que el concepto de "gravedad comparable" es un tipo penal abierto.

ARTICULO 73.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años el que tuviere parte en una organización de TRES (3) o más personas destinada a cometer algunos de los delitos previstos en este Título, por el solo hecho de ser miembro de la organización.

CAPITULO II. Crímenes de guerra. Tratos inhumanos, empleo de medios prohibidos y utilización de medios desleales.

ARTICULO 74.- Será reprimido con prisión de OCHO (8) a TREINTA (30) años el que, con ocasión de un conflicto armado matare a cualquier persona protegida.

ARTICULO 75.- Será reprimido con prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años el que con ocasión de un conflicto armado causare lesiones de las previstas en el artículo 104 de este Código a cualquier persona protegida; o pusiere en grave peligro su vida, salud o integridad física o psíquica; la hiciere objeto de tortura o tratos inhumanos, humillantes o degradantes, incluidos los experimentos biológicos; u obligare a tolerar una relación sexual contra su voluntad; o indujere o forzare a la prostitución, la esclavitud sexual, el embarazo forzado o la esterilización forzada.

ARTICULO 76.- Será reprimido con prisión de OCHO (8) a VEINTICINCO (25) años el que, con ocasión de un conflicto armado, empleare u ordenare emplear métodos o medios de combate prohibidos; o lanzare ataques indiscriminados, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil; o causare la muerte o lesiones a un enemigo o combatiente adversario que hubiere depuesto las armas u ordenare no dar cuartel, o matare o hiriere a traición a personas pertenecientes a la nación o el ejército enemigo o a los combatientes adversarios.

ARTICULO 77.- Será reprimido con la misma pena del artículo 76 el que, con ocasión de un conflicto armado, empleare armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que causaren daños superfluos o sufrimientos innecesarios.

ARTICULO 78.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a VEINTICINCO (25) años el que:
a) violare a sabiendas la protección debida a hospitales, instalaciones, material, unidades y medios de transporte sanitario, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, zonas neutralizadas, lugares de internamiento de la población civil, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas, dadas a conocer por los signos o señales distintivos apropiados;
b) reclutare o alistare menores de DIECIOCHO (18) años;
c) obligare a un prisionero de guerra o persona protegida a servir, en cualquier forma, en las fuerzas armadas del adversario, o lo privare de su derecho a ser juzgados regular e imparcialmente;
d) deportare, trasladare de modo forzoso, o detuviere ilegalmente a cualquier persona protegida o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los ataques del adversario;
e) trasladare y asentare en territorio ocupado a población de la parte ocupante, para que resida en él de modo permanente;
f) impidiere o demorare injustificadamente, la liberación o la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles.

ARTICULO 79.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años el que:
a) destruyere o dañare un buque o aeronave no militares;
b) atacare, destruyere o sustrajere bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

ARTICULO 80.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años el que, con ocasión de un conflicto armado:
a) Usare indebidamente o de modo desleal los signos protectores o distintivos, emblemas o señales establecidos y reconocidos en los Tratados internacionales en los que la República Argentina fuere parte, especialmente los signos distintivos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
b) utilizare indebidamente o de modo desleal bandera, uniforme, insignia o emblema distintivo de Estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros Estados que no sean parte en el conflicto, de las Naciones Unidas o de partes adversas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares;
c) utilizare indebidamente o de modo desleal bandera de parlamento o de rendición.

ARTICULO 81.- Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán a las situaciones de disturbios o conmoción interior.

ARTICULO 82.- Cuando en alguno de los delitos de este Título hubiese intervenido un funcionario público se le impondrá, además, pena de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena.

COMENTARIO. Se trata este capítulo de la introducción en el Código Penal de los crímenes de guerra, la descripción típica de los distintos delitos y sus figuras. Podría considerarse que corresponde al Art. 220 del CP vigente, aunque sustancialmente modificado en sus alcances y penas.

TITULO II
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
CAPITULO I. Delitos contra la vida

ARTICULO 83.- Se aplicará prisión de OCHO (8) a VEINTICINCO (25) años, al que matare a otro siempre que en este Código no se estableciere otra pena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 79. Figura básica del delito de homicidio. Se mantiene la descripción típica actual, salvo en lo que hace a la desaparición de la pena de reclusión.

ARTICULO 84.- Se impondrá prisión de DIEZ (10) a TREINTA (30) años al que matare:
a) a su ascendiente o descendiente, sabiendo que lo son;
b) con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;
c) por precio o promesa remuneratoria;
d) por placer, codicia, odio racial o religioso;
e) por un medio idóneo para crear un peligro común;
f) con el concurso premeditado de DOS (2) o más personas;
g) para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito;
Cuando en el caso del inciso a) de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión de OCHO (8) a VEINTICINCO (25) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 80. Son las figuras del homicidio calificado por agravación. Dos son las notas destacables: la primera es que, como se indicó, ya no tiene prevista una pena de prisión perpetua, sino con el máximo de la escala que es de 30 años; y la segunda es que desaparece como agravación del homicidio el vínculo conyugal.

Para la agravante derivada del vínculo entre ascendientes o descendientes, se mantiene la previsión de que medien circunstancias extraordinarias de atenuación.

ARTICULO 85.- Se impondrá prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
Cuando concurriesen las circunstancias del artículo 84 inciso a), la pena será de TRES (3) a DOCE (12) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 81 inc. a). Homicidio en estado de emoción violenta. Se mantiene la misma redacción, aumentando al doble el máximo de la escala penal.

ARTICULO 86.- Se impondrá prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionarla.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 81 inc. b). Homicidio preterintencional. Se mantiene la misma redacción, aumentando al doble el máximo de la escala penal.

ARTICULO 87.- Se impondrá prisión de UNO (1) a CINCO (5) años a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o el estado puerperal, encontrándose en la situación a la que refiere el artículo 35 inciso e).

COMENTARIO. Se trata de la figura especial del infanticidio. Se reincorpora el tipo penal que regía en el Art. 81 Inc. 2) del CP vigente, hoy derogado por ley 24.410. Mejora la redacción y aumenta el máximo de la escala de la pena de prisión. Pero quedan ahora excluídos de la figura atenuada los padres, maridos, hermanos o hijos intervinientes. Sin perjuicio de mantener el criterio temporal -durante el nacimiento y el puerperio- para definir el tipo penal de infanticidio, con mayor precisión ahora se necesita que además de la referencia temporal la mujer se encuentre en el momento del hecho en las condiciones que autorizan a disminuir las penas, previstas en el Art. 35 inc. e) de este Anteproyecto, es decir que en el momento del hecho, tuviera considerablemente disminuida la capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.

ARTICULO 88.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 83. Instigación al suicidio. Se mantiene la misma redacción actual y la pena. Tal vez se debió distinguir los casos de instigación y ayuda cuando hay consumación. La instigación en este caso merecería mayor pena; la efectividad lograda indica un mayor nivel de reprochabilidad.

ARTICULO 89.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, el que por sentimientos de piedad y por un pedido inequívoco de quien esté sufriendo una enfermedad incurable o terminal causare o no evitare la muerte del enfermo.
El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, reducir la pena a la MITAD (1/2) o eximir totalmente de ella.

COMENTARIO. Eutanasia. Esta disposición es nueva. En realidad consiste en una sustracción del supuesto del tipo de homicidio en razón de la motivación piadosa, aplicándole menor pena y hasta eximirlo de ella. Podría pensarse también como un homicidio calificado por atenuación.

ARTICULO 90.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años e inhabilitación especial en su caso, por CINCO (5) a DIEZ (10) años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.
Si las víctimas fatales fueren más de una, se aplicará siempre la escala prevista en el artículo 33, segundo párrafo, última parte.

ARTICULO 91.- El que causare un aborto será reprimido:
a) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la mujer;
b) Con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, si obrare con consentimiento de la mujer.
Incurrirán en las mismas penas y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos o parteras que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

ARTICULO 92.- El aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, no es punible:
a) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquico-social de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
b) Si el embarazo proviene de una violación. Si se tratare de una menor o incapaz, se requerirá el consentimiento de su representante legal.

ARTICULO 93.- No es punible la mujer cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de los TRES (3) meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieren excusable.
No es punible el médico que, dentro de los TRES (3) meses desde la concepción, practicare un aborto con el consentimiento de la mujer, cuando previamente la haya asesorado sobre las consecuencias del hecho y las razones existentes para preservar la vida del feto.

ARTICULO 94.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

ARTICULO 95.- Será reprimida con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare fuera del plazo previsto en el artículo 93, primer párrafo. La tentativa de la mujer no es punible.

ARTICULO 96.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el que causare a un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en él una grave tara física o psíquica.
Si la lesión o enfermedad precedentemente descriptas se produjeren por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, la pena será de UN (1) mes a UN (1) año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 85 y ss.. Aborto. En los Arts. 91 y 92 se mantienen los mismos textos actuales y penas para el aborto, con y sin consentimiento de la mujer, y también se mantienen los supuestos de abortos no punibles, con una mejor redacción. En el Art. 93 se autoriza el aborto, tanto en relación a la mujer como respecto del médico actuante, cuando medien circunstancias que lo hagan excusable y se lo practique dentro de los tres meses desde la concepción. Los supuestos de abortos culposos no tienen mayor variación salvo por una mejor redacción en general.

CAPITULO II. Tortura

ARTICULO 97.- Será reprimido con prisión de OCHO (8) a VEINTE (20) años, e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, el funcionario público que inflinja a otros dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o diminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidarla o de coaccionarla.
Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 144 tercero. A diferencia del texto vigente, se describe ahora en qué consiste la tortura, y se elimina el requisito o elemento objetivo del tipo vigente de que la víctima esté legítima o ilegítimamente privada de su libertad, lo cual es un acierto. Desaparece la figura de los apremios ilegales, aunque al definir a la tortura como los "dolores o sufrimientos graves", queda una categoría por contraste sin prever: los dolores o sufrimientos leves. Esta redacción puede que siga dando lugar a calificaciones judiciales complacientes, y muy probablemente, ante el vacío, motivar a que se declaren ahora a esas conductas como atípicas, lo cual pasaría a ser mucho más indeseable que con los textos vigentes. Por labor legislativa debería directamente eliminarse la expresión graves, de modo que cualquier tipo de dolor o sufrimiento entre dentro de la descripción típica del Art. 97.

Si es que cabe alguna observación a esta redacción sin dudas superadora, solo podría señalar que en la descripción de los fines de la tortura, como elemento subjetivo calificado del tipo, debió a mi juicio incluirse el supuesto de la tortura "por placer".

Mantiene el criterio del Código vigente en el sentido de establecer igual pena a particulares que ejecuten iguales hechos.

ARTICULO 98.- Será reprimido con prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena el funcionario público que omitiese evitar la comisión del hecho descripto en el primer párrafo del artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 144 cuarto Inc. 1º. Prevé el supuesto de omisión dolosa de evitación de la tortura. Mantiene la misma descripción típica actual pero se elevan las penas en el mínimo y en el máximo, más la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. La pena de inhabilitación vigente para estos casos es perpetua.

ARTICULO 99.- Será reprimido con prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, el representante del ministerio público fiscal o el juez que, tomando conocimiento en razón de su función de alguno de los hechos a que se refiere el artículo 87, no instruyere sumario o no denunciare el hecho ante la autoridad competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 144 cuarto Inc. 3º. Describe la omisión de denuncia o de impulso de la instrucción por parte del juez o fiscal que tome conocimiento de los hechos en razón de su función. A diferencia del texto vigente se agrega aquí la figura del fiscal, y se elevan las penas equiparándolas a las del funcionario penitenciario o policial que omitieren evitar.

ARTICULO 100.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CINCO (5) años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena el funcionario que en razón de sus funciones tomare conocimiento de la comisión de alguno de los hechos del artículo 97, y omitiese denunciar dentro de las VEINTICUATRO (24) horas el hecho ante la autoridad competente.

COMENTARIO. Se introduce aquí la omisión especial de denuncia de un hecho de tortura del que haya tomado conocimiento en razón de sus funciones, por parte de cualquier otro funcionario público. De esta manera queda cubierto todo el arco de funcionarios posibles. En el Código Penal vigente el supuesto si bien está alcanzado por el Art. 249, es en la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público, dentro de las que está la de denunciar cualquier posible delito de acción pública que llegare a su conocimiento. Ahora queda específicamente previsto el caso dentro del Capítulo sobre Tortura, y con una pena significativamente mayor, dado que en el texto vigente es solo de multa.

ARTICULO 101.- Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 97, se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena el funcionario a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo, si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 144 quinto. Se trata de la omisión de evitación culposa. Se mantiene la misma pena de prisión y la inhabilitación, al igual que en los restantes casos, se la reduce relacionándola con el tiempo de la condena, en este caso duplicándola.

CAPITULO III. Lesiones

ARTICULO 102.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a DOS (2) años, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 89. Se mantiene la descripción típica de las lesiones leves, pero se aumenta el máximo al doble, es decir llevándolo a dos años.

ARTICULO 103.- Se impondrá prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 90. Se mantiene con alguna variante el texto actual de las lesiones graves. Pero, si es que no hay una errata en el texto difundido, no nos parece feliz esta redacción al limitar la inutilización para el trabajo por más de un mes como supuesto de lesión grave, solo para el caso de que sea consecuencia de una dificultación permanente de la palabra. Es probable que en el texto falte por error la partícula disyuntiva "o", de modo que la redacción correcta sea "…una dificultad permanente de la palabra o le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes…" La pena prevista se mantiene igual.

ARTICULO 104.- Se impondrá prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 91. Lesiones gravísimas. Se mantiene sin variantes.

ARTICULO 105.- Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 84, la pena será: en el caso del artículo 102, de SEIS (6) meses a DOS (2) años; en el caso del artículo 103, de TRES (3) a DIEZ (10) años; y en el caso del artículo 104, de TRES (3) a QUINCE (15) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 92. Se trata de los supuestos de lesiones calificadas por agravación. Se mantienen las mismas penas, variando solamente las referencias numéricas de los artículos.

ARTICULO 106.- Si concurriere la circunstancia enunciada en el artículo 85, la pena será: en el caso del artículo 102, de QUINCE (15) días a SEIS (6) meses; en el caso del artículo 103, de SEIS (6) meses a TRES (3) años; y en el caso del artículo 104, de UNO (1) a CUATRO (4) años.

COMENTARIO. Se introduce el supuesto de emoción violenta como una calificante de atenuación para las lesiones, disminuyéndose las escalas penales en cada figura de lesiones.

ARTICULO 107.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a UN (1) año o pena de CINCO (5) a CIENTO CINCUENTA (150) días-multa e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 103 o 104 o las víctimas fueren más de una se aplicará siempre la escala prevista en el artículo 33 segundo párrafo, última parte.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 94. Se mantiene la misma descripción típica vigente. Se reduce el máximo de la pena de prisión a un tercio del actual, y para el caso de las lesiones culposas agravadas se remite a las escalas previstas en la parte general para la culpa grave. La inhabilitación como pena complementaria se la adecua al nuevo sistema general.

CAPITULO IV. Homicidio o lesiones en riña

ARTICULO 108.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de DOS (2) personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 103 y 104, sin que constare quiénes las causaron, se aplicará a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido la pena de prisión de DOS (2) a SEIS (6) años en caso de muerte y de UNO (1) a CUATRO (4) años en caso de lesión.
Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 102, la pena aplicable será de DIEZ (10) a DOSCIENTOS (200) días-multa.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 95. Se mantiene, mejorada, la misma redacción, también la escalas respectivas de pena de prisión.

CAPITULO V. Abandono de personas

ARTÍCULO 109.- El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años.
La pena será de prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.
Si ocurriere la muerte, la pena será de CINCO (5) a QUINCE (15) años de prisión.

COMENTARIO: CP vigente: Art. 106. Se mantiene la misma descripción típica, separados los casos en tres párrafos, y con las mismas escalas penales respectivas de prisión.

ARTÍCULO 110.- El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo 100, serán aumentados en UN TERCIO (1/3) cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos o por éstos contra aquellos.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 107. Se mantiene el mismo texto -abandonando las expresiones en latín- y la misma medida de agravación penal, con la característica que se excluye el supuesto del cónyuge como elemento del tipo.

ARTÍCULO 111.- Será reprimido con multa de VEINTE(20) a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) días-multa el que encontrando perdido o desamparado a un menor de DIEZ (10) años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 108. Se mantiene el mismo texto, adecuando la pena de multa al sistema nuevo. A mi juicio, habiéndose tenido la oportunidad, se debió mejorar este tipo penal. En dos aspectos: uno elevando el límite del menor de edad, en atención a que la vida cotidiana actual, en cualquier medio urbano, muestra que sin que haya una amenaza concreta de cualquier peligro, un niño de hasta catorce o quince años, encontrándose perdido o desamparado, corre inequívocamente riesgos concretos, que deben generar el deber de asistencia elemental que entre sí se deben prestar las personas en convivencia; el otro es que se perdió la oportunidad de introducir las figuras agravadas para los supuestos en que de esta omisión se deriven consecuencias lesivas para el abandonado, lo cual ya había sido observado por la doctrina penal.

CAPITULO VI. Actos discriminatorios

ARTICULO 112.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años el que realizare propaganda basada en ideas de superioridad de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tenga por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirá el que por cualquier medio alentare o incitare a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

COMENTARIO. Se introduce el delito de actos de discriminación. Específicamente se trata de apología o incitación de la discriminación en las formas descriptas, de modo que debe considerarse complementario este capítulo de los tipos penales de discriminación previstos en la Ley especial 23.592, Arts. 2 y 3. Hubiera sido tal vez recomendable derogar estos artículos e incorporar todas las figuras en este Capítulo del Código Penal.

CAPITULO VII. Del Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar

ARTICULO 113.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a DOS (2) años, aún sin mediar sentencia civil, a los padres que se sustrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos menores de DIECIOCHO (18) años, o de más si estuviese impedido.

ARTICULO 114.- En las mismas penas del artículo 113 incurrirán, en caso de sustraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aún sin mediar sentencia civil:
a) el hijo, con respecto a los padres impedidos;
b) el adoptante, con respecto al adoptado menor de DIECIOCHO (18) años, o de más si estuviere impedido; y el adoptado con respecto al adoptante impedido.

COMENTARIO. Ley penal especial 13.944 Vigente - Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. El Anteproyecto reproduce textualmente los tipos penales de la ley vigente, pero despenaliza al tutor, al guardador, al curador y al cónyuge.

TITULO III
DELITOS CONTRA EL HONOR

ARTICULO 115.- La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 109. Mantiene la misma descripción del tipo de calumnia, aumentando en un año el máximo de pena de prisión.

ARTICULO 116.- El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa o prisión de UN (1) mes a UN (1) año.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 110. Mantiene la misma descripción típica, adecuando la pena de multa al sistema del Anteproyecto.

ARTICULO 117.- El acusado de injuria sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:
a) Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual;
b) si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal;
c) si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 111. Mantiene la misma redacción

ARTICULO 118.- El culpable de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimo a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 112. Mantiene la misma redacción, salvo la sustitución de la palabra "reo" por "culpable".

ARTICULO 119.- El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 113. Mantiene la misma redacción.

ARTICULO 120.- Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, el juez o el tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos, periódicos u otros medios masivos de comunicación a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

COMENTARIO. Art. 114 CP Vigente. Mantiene la misma descripción típica con la redacción mejorada.

ARTICULO 121.- Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

COMENTARIO. Art. 115 CP vigente. Mantiene la misma redacción.

ARTICULO 122.- Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

COMENTARIO. Art. 116 CP vigente. Mantiene la misma redacción.

ARTICULO 123.- El culpable de injuria o calumnia, quedará exento de pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.

COMENTARIO. Art. 117 CP vigente. Mantiene, mejorada, la misma redacción.

TITULO IV
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
CAPITULO I. Delitos contra la libertad individual

ARTICULO 124.- Serán reprimidos con prisión de TRES (3) a QUINCE (15) años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

COMENTARIO. Art. 140 CP vigente. Se mantiene la misma redacción típica y escala penal de prisión.

ARTICULO 125.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años; el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.

COMENTARIO. Art. 141 CP vigente. Se trata del tipo penal básico de la privación ilegal de la libertad. Mantiene la misma redacción típica y escala penal de prisión.

ARTICULO 126.- Se aplicará prisión de DOS (2) a SEIS (6) años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza;
b) Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular;
c) Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública;
d) Si la privación de la libertad durare más de UN (1) mes.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 142. Se trata de las figuras calificadas de la privación ilegal de la libertad. Se mantiene la misma escala penal actualmente vigente, y también los mismos supuestos, a excepción de la figura agravada por derivarse grave daño en la víctima, en su salud o negocios, la cual se elimina. Constituye una solución acertada, ya que permite una mayor amplitud en los márgenes de consideración de cada caso en particular, de modo que según las reglas generales del derecho penal quepa juzgar la existencia de un concurso material o ideal entre la privación de la libertad y un posible daño concomitante. Del CP vigente se deriva una situación incongruente entre la previsión del Art. 91, lesiones gravísimas -con una escala penal de 3 a 10 años de prisión-, y el comentado Art. 142 Inc. 3º. En efecto: si una lesión gravísima es consecuencia de una privación ilegal de la libertad, tiene menos pena que si aquel daño se produce sin que medie esta última; inclusive se podría hasta llegar a plantear la atipicidad de la "lesión gravísima como resultado de una privación ilegal de la libertad simple", ya que, claramente, este tipo calificado no está previsto en la ley vigente.

ARTICULO 127.- Se impondrá prisión de CUATRO (4) a QUINCE (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad o para sacar rescate.
Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a SEIS (6) años.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 142 bis y 170. Se trata de la figura de privación ilegal de la libertad coactiva o secuestro extorsivo, que en el CP vigente se encuentra tratada en forma redundante en dos disposiciones (en el Título V Delitos contra la libertad y en el Título VI Delitos contra la propiedad. El presente Anteproyecto reproduce solamente el primer párrafo del Art. 142 bis del Código Penal vigente, modificando los mínimos de la escala penal y manteniendo su máximo de quince años, y elimina el actual Art. 170. La solución es correcta ya que indudablemente el bien protegido en este caso es la libertad personal y no la propiedad.

ARTICULO 128.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, el juez, fiscal o funcionario judicial competente que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 10, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado. Si la prisión preventiva ilegal fuera resultado de la imprudencia, negligencia o impericia del juez, se aplicará prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. Art. 270 CP vigente. Se trata de una de las figuras del prevaricato, actualmente contemplada en el Capítulo X del Título XI "Delitos Contra la Administración Pública". Pasa con este Anteproyecto a considerarse un delito contra la libertad de las personas, con total acierto, ya que la conducta del juez que dicta una prisión preventiva improcedente, o la prolonga indebidamente, afecta en forma principalísima a un bien jurídico personal de la víctima, que es su libertad, y es éste el bien prioritariamente tutelado en este caso. Además, con total justicia lo agrava dando adecuada proporcionalidad a la medida del reproche en relación con la importancia del bien afectado, llevando la actual previsión de una multa e inhabilitación insignificantes con la gravedad de la lesión, a pena de prisión más inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena.
Cabe agregar por último que se prevé aquí la forma culposa para este delito.

ARTICULO 129.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CINCO (5) años e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena:
a) El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar;
b) El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente;
c) El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido;
d) El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera algún culpable sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto;
e) El alcaide o empleado de las cárceles o cualquier otro lugar de detención que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;
f) El funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.

COMENTARIO. Art. 143 CP vigente. Se trata de las formas calificadas de privación ilegal de la libertad por tratarse el autor o autores de autoridades policiales o penitenciarias, que incumplen obligaciones propias de su función o las correspondientes órdenes judiciales. El Anteproyecto mantiene las mismas descripciones en las distintas figuras, elevando el máximo de prisión hasta cinco años (actualmente es de tres).

ARTICULO 130.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero.

COMENTARIO. Art. 145 CP vigente. Mantiene la misma redacción y pena.

ARTICULO 131.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, el que sustrajere a un menor de DIEZ (10) años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.
Si el autor fuere el padre o madre privado de la patria potestad o de la tenencia respecto de su hijo menor de DIEZ (10) años, la pena será de prisión de UN (1) mes a DOS (2) años o de QUINCE (15) a TRESCIENTOS (300) días-multa.

COMENTARIO. Art. 146 CP vigente. Se trata del delito de sustracción de menores. Se reduce la escala penal (actualmente es de cinco a quince años de reclusión o prisión), manteniéndose la misma redacción típica. Se agrega un segundo párrafo previéndose, con una escala penal significativamente menor, la conducta equivalente del padre o de la madre privados de la patria potestad o de la tenencia.

ARTICULO 132.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año, el que indujere a un menor de QUINCE (15) años, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

COMENTARIO. Art. 148 CP vigente. Tipo de la inducción a la fuga de un menor. Se mantiene en términos generales la misma descripción típica, salvo por la eliminación del límite mínimo de edad en los diez años. La escala penal es la misma.

ARTICULO 133.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de QUINCE (15) años que se hubiere sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.
La pena será de SEIS (6) meses a DOS (2) años, si la víctima tuviere menos de DIEZ (10) años.

COMENTARIO. Art. 149 CP vigente. Es el tipo conocido como ocultamiento de un menor. Se mantiene la misma redacción y escalas penales.

ARTICULO 134.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena será de UNO (1) a TRES (3) años de prisión si se emplearen cualquier tipo de armas o si las amenazas fueren anónimas.

ARTICULO 135.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a CUATRO (4) años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. La pena será de TRES (3) a SEIS (6) años de prisión si se emplearen cualquier tipo de armas o si las amenazas fueren anónimas.

COMENTARIO. Arts. 149 bis y 149 ter CP vigente. Se trata del tipo penal de las amenazas. Se mantiene en general la misma base de redacción, aunque mejorada, del Código Penal vigente, divididas las figuras en dos artículos. Se concluyen las figuras previendo la amenaza calificada por el uso de armas o el carácter anónimo cuando aquélla tiene como propósito el obligar a otro a hacer o tolerar algo contra su voluntad, que actualmente figura en el Art. 149 ter Inc. 1º. El Inc. 2º de este último Artículo desaparece.

CAPITULO II. Violación de domicilio

ARTICULO 136.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

ARTICULO 137.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 150, 151 y 152. Este proyecto mantiene las mismas descripciones típicas de los tipos vigentes, modificando solamente la escala penal, que eleva en su máximo para el caso de la violación de domicilio por parte de un funcionario público o agente de la autoridad que en cumplimiento de su deber incumpla las formalidades o proceda fuera de los casos legales. Cabe destacar que se elimina la referencia a los casos de justificación del actual Art. 152, solución plausible ya que era redundante al bastar las previsiones contempladas en la parte general del Código.

CAPITULO III. Violación de secretos y de la privacidad

ARTICULO 138.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a SEIS (6) meses o de DIEZ (10) a DOSCIENTOS (200) días multa, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico, mensaje de correo electrónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un mensaje de correo electrónico, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o mensaje de correo electrónico que no le esté dirigida.
Se le aplicará prisión de UN (1) mes a UN (1) año o de DIEZ (10) a TRESCIENTOS (300) días multa, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, mensaje de correo electrónico o despacho.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 153. Se mantiene la misma redacción típica y la misma pena, agregando la pena alternativa de multa. La única diferencia es que se incluye en forma expresa la referencia al "correo electrónico", que ya se había considerado incluído en el tipo vigente por la jurisprudencia: (CNac. Ap. Crim. y Corr. Sala IV, 15-11-04 "Redruello, Fabián L. y otros").

ARTICULO 139.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el que por su oficio o profesión se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia o de un mensaje de correo electrónico.
También si se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 154. Mejora la actual redacción y reduce la escala penal. Se suprime la referencia a "empleado de correos" para usar una general más adecuada: quien se apodera "por su oficio o profesión". La reducción de la escala penal es acertada, ya que, si esta figura puede equipararse a un hurto calificado por las características del autor, resulta hoy desproporcionado que quien se apodera del contenido de una carta en esas condiciones tenga una pena casi igual a la de quien comete un hurto de un vehículo dejado en la vía pública, calamitoso o de mercaderías transportadas en ocasión de su carga.

ARTICULO 140.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que, para vulnerar la privacidad de otro, utilice artificios de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen.

ARTICULO 141.- Se impondrá pena de prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años si se difundieran, revelaran o cedieran a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere el artículo anterior.

COMENTARIO. No existen estos tipos en el CP vigente. Indudablemente se trata de penalizar la utilización de las conocidas como "cámaras ocultas", comprendiendo tanto cualquier tipo de registro fílmico de imágenes como de audios y sus transmisiones, reproducciones públicas o privadas y sus cesiones a terceros. La verdadera mayor importancia en la eventual sanción de estos nuevos tipos penales tal vez no sea la penalización en sí de estas conductas, sino el hecho de que convertirá en pruebas ilícitas aquellas que por estos medios se obtengan y se presenten a los fines de la investigación de otros delitos. Además, siendo elemento de juicio nuevo más benigno, es de imaginar que se presenten pedidos de revisión (Arts. 479 CPPN, 467 CPPBA y equivalentes de los códigos procesales de las demás provincias) y de anulación o reconsideración del mérito de prueba en numerosos procesos pendientes de sentencia definitiva al momento de entrar en vigencia este Anteproyecto.

ARTICULO 142.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos. La pena será de UNO (1) a CINCO (5) años si el autor fuere funcionario público o integrante de las fuerzas armadas o de seguridad.

COMENTARIO. Tampoco existe este tipo en el CP vigente. Se trata de un tipo nuevo complementario del anterior. Aquí las acciones consisten no en generar el registro de voces o imágenes, sino en interceptar, captar o desviar voces, imágenes, paquetes de datos o cualquier otro tipo de archivo de datos, que están siendo registrados por sus propios autores o por otros. En realidad la única acción típica que basta en este caso es la intercepción. Con ésta es suficiente para que se realice el tipo, ya que captar es lo mismo que interceptar y desviar nunca es posible sin interceptar primero.

ARTICULO 143.- Será reprimido con multa de DIEZ (10) a CIENTO CINCUENTA (150) días-multa el que, hallándose en posesión de una correspondencia o mensaje de correo electrónico no destinado a la publicidad, lo hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 155. Mantiene la misma redacción típica, agregando la referencia al correo electrónico. Mantiene como única la pena de multa, adecuándola al nuevo sistema.

ARTICULO 144.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o inhabilitación especial, en su caso, por el doble tiempo de la condena, al que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 156. Mantiene la misma redacción típica vigente para el delito de violación de secretos, modificando su máximo de pena, que reduce a dos años, y quitando la alternativa de la multa.

ARTICULO 145.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 157. Violación de secretos por funcionario público. Mantiene la misma redacción típica vigente. Elimina la alternativa de pena de multa y eleva el mínimo de la escala a seis meses en la pena de prisión.

ARTICULO 146.- Será reprimido con la pena de prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que ilegítimamente accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales. La misma pena se aplicará al que insertare o hiciere insertar datos falsos en un archivo de datos personales o proporcionare a un tercero información falsa contenida en un archivo de datos personales o revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 157 bis. Se trata del tipo de acceso ilegítimo a un banco de datos personales. Modifica la escala en su mínimo, elevándolo a seis meses. Reúne sus dos actuales incisos en un solo texto, cuya redacción típica además modifica: mantiene las acciones de acceso ilegítimo y de revelar a otro, y agrega la acción típica de "insertar o hacer insertar datos falsos".

ARTICULO 147.- Cuando en alguno de los artículos de este capítulo hubiese intervenido un funcionario público en desempeño o ejercicio del cargo, se le aplicará además la pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 157 bis último párrafo. Se extiende aquí la agravante por tratarse el autor de funcionario público a las figuras de todo el capítulo. En el Código vigente están previstas estas agravantes para los casos de los Arts. 157 y 157 bis.

CAPITULO IV. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación

ARTICULO 148.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años y multa de DIEZ (10) a CUATROCIENTOS (400) días-multa, siempre que no se tratare de un delito más severamente penado, el que mediante engaño, abuso de la situación de necesidad o actos simulados contrate trabajadores en forma clandestina o en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos laborales.

COMENTARIO. Se trata de un tipo penal nuevo, de innegable importancia para la realidad socio económica de hoy en nuestro país. Protege en realidad el bien jurídico "condiciones legales de la relación laboral", más que la libertad de trabajo o asociación, a lo que se dedican en realidad los artículos siguientes. Por ello hubiera resultado apropiado que la denominación de este Capítulo fuese "Delitos contra las condiciones legales de la relación laboral, la libertad de trabajo y de asociación".

ARTICULO 149.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año el trabajador que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 158. Mantiene básicamente la misma redacción típica de la figura actualmente vigente, sustituyendo la expresión "obrero" por "trabajador", lo cual parece apropiado teniendo en cuenta la amplitud de este último concepto, comprensiva de todo tipo de empleado en relación de dependencia. Se mantiene la misma escala penal.

ARTICULO 150.- Se aplicará de DIEZ (10) a CIENTO VEINTE (120) días-multa al que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 159. Es el tipo penal de la concurrencia desleal. Mantiene este Anteproyecto exactamente la misma redacción que el texto vigente, adecuando la pena de multa al nuevo sistema. Pero cabe observar que se ha omitido ampliar adecuadamente el tipo penal a todos los casos de concurrencia desleal, protegiendo bienes jurídicos equivalentes que no obstante quedan fuera de esta tutela penal, y que la experiencia contemporánea muestra la incuestionable necesidad de que sean incluídos. Me refiero a la concurrencia desleal respecto de la clientela profesional. En materia jurídica considero casi innecesario ejemplificar la vigencia y extensión de prácticas desleales, maquinaciones para captar o desviar clientelas de un profesional o estudio profesional a otro. En materia penal esto incluye, y de una manera muy difundida, la intervención de personal policial que aprovechando su condición de actuante en la fuente misma del origen del caso, muchísimas veces impone directamente a un profesional determinado con el que ha pactado beneficios económicos ilegales por esa derivación. En el ejercicio profesional de la abogacía en materia penal son casi constantes las segundas y terceras consultas de clientes que expresan que el primer abogado fue indicado por el personal policial actuante, muchas veces casi como una suerte de condición impuesta para mejorar su situación. Muchas veces se ha denunciado también en esos casos el abandono abrupto de la atención del cliente tras el primer pago, con el perjuicio a la incolumidad del derecho de defensa que ello implica. Ha habido casos en los que determinados profesionales o bufetes captan la totalidad de los siniestros en un determinado segmento de la extensión de una ruta, que coincide exactamente con la jurisdicción territorial de una dependencia policial determinada. Estos hechos suceden con innegable afectación, no solo de los intereses de los clientes, sino de la igualdad de oportunidades en iguales o mejores términos de seriedad y competencia de otros profesionales de la misma circunscripción judicial, no pudiendo eludir la referencia a que estas prácticas suelen además incluir el ingrediente de la intervención como auxiliares de personas inidóneas, zurupetos o que ejercen ilegalmente la profesión. Desde ya que la extensión que propongo para este tipo penal debe comprender a las relaciones entre profesionales y clientes de todas las disciplinas científicas, no solamente del derecho. Sugerimos el siguiente texto para el Art. 150 del presente Anteproyecto -en cursiva los agregados que propongo- que además entiendo resultarían adecuados a la previsión del Art. 16 inc. c) del mismo:
"ARTICULO 150.- Se aplicará de DIEZ (10) a CIENTO VEINTE (120) días-multa al que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal o intervenciones indebidas de terceros, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial, industrial o profesional.
Si se consumare el desvío de la clientela derivándose perjuicio para ésta o para el titular del establecimiento o profesional afectados, la pena será de VEINTE (20) a TRESCIENTOS (300) días-multa más inhabilitación especial de SEIS (6) meses a DOS (2) años".

CAPITULO V. Delitos contra la libertad de reunión

ARTICULO 151.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a TRES (3) meses, el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 160. Atentado contra la libertad de reunión. Mantiene la misma redacción típica y pena.

CAPITULO VI. Delitos contra la libertad de prensa

ARTICULO 152.- Sufrirá prisión de UNO (1) a SEIS (6) meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico, o la emisión de un mensaje destinado al público.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 161. Se mantiene en la mayor parte la misma redacción típica actual y la pena, salvo por el agregado que incluye en la protección a la emisión de un mensaje destinado al público. Entiendo que de esta forma, por la amplitud de la referencia, quedan incluídos todo tipo de medios o soportes en que se vehiculizan los mensajes: correos electrónicos, afiches en la vía pública, publicitarios o no, y en general cualquier tipo de anuncio que alguien quiera efectuar públicamente.

CAPITULO VII. Delitos contra la libertad en el deporte

ARTICULO 153.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años, si no resultare un delito mas severamente penado, el que, por si o por tercero, ofreciere o entregare una dádiva o efectuare promesa remuneratoria, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma.
La misma pena se aplicará al que aceptare una dádiva o promesa remuneratoria, con los fines indicados en el párrafo anterior.

COMENTARIO. Ley 20.665 Art. 24. Se trata de la incorporación textual de esta disposición en el Código Penal. No comparto esta solución, como tampoco la tipificación penal especial de estas prácticas en ocasión de eventos deportivos, como es el caso de la Ley 20.665 o de la Ley 24.819 llamada "De preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte", que incorpora en el sistema penal el doping deportivo ya sea practicado en personas o en animales irracionales. En primer lugar conforme al contenido de cualquiera de ambas leyes, se advierte que no es la libertad en el deporte el bien jurídico tutelado sino el derecho general, tanto del público espectador como de los deportistas que participan del encuentro, a obtener un resultado genuino en las contiendas deportivas. Es decir que no esté ese resultado simulado por la existencia oculta de condiciones que lo determinaron más allá de la habilidad o la capacidad deportiva específica puesta en juego. El bien jurídico "libertad en el deporte" estaría contemplado para su defensa penal si el contenido del tipo fuese, por ejemplo, "quien impidiere a otro ejercitar la práctica deportiva de su elección, o lo obligare a practicar un deporte determinado en contra de su voluntad". Aclarado ese punto inicial, cabe agregar que, partiendo de una posición doctrinaria de derecho penal mínimo, que se suscribe, proteger con sanción penal el bien "resultado genuino de una contienda deportiva" constituye un indudable exceso de intervención estatal, entrando en la esfera de la reserva moral de las personas en su vida privada, en violación además del Art. 19 de la Constitución Nacional. Por más trascendencia social que tengan determinadas prácticas deportivas, como es el caso en especial del fútbol en la Argentina, no deja de consistir en una actividad eminentemente anclada en el derecho privado, cuyos resultados -cualquiera sean- más allá de afectar el humor grupal o general, no tienen trascendencia institucional, ni inciden u ofenden "al orden y a la moral pública". A salvo dejo el caso de que perjudique a terceros en razón de los intereses de orden económicos que dominan este deporte, pero entonces es suficiente con la previsión del actual Art. 172 del CP vigente, y que reproduce este Anteproyecto en su Art. 174. Lo mismo ocurre respecto de las sanciones por doping, que en su caso, de corresponder, estarán ya alcanzadas por las sanciones penales previstas en la ley 23.737 sobre drogas prohibidas. Fuera de estas previsiones penales que se justifican por la importancia del bien jurídico que se busca tutelar -la propiedad o la salud pública-, las transgresiones morales o a las reglas éticas aceptadas, o la aplicación o ingesta de estimulantes no incluídos en la Ley 23.737, no pueden ir más allá de las decisiones o sanciones de la comunidad societaria a la que el infractor pertenece, según sus normas reglamentarias. Consistirá en un llamado de atención, la pérdida de puntos, la exclusión del certamen, una suspensión, una cancelación de su condición de afiliado, inclusive un perdón, ya que se trata de cuestiones privadas de absoluta disponibilidad por las partes en el marco del principio de reserva. Es más, la amplísima redacción del tipo del Art. 24 Ley 20.665, reproducida en el Anteproyecto que se comenta, permite sumar dos serias observaciones adicionales. En primer lugar implica que pueden considerarse incluídas conductas no solamente referidas a contiendas deportivas de primer nivel, o de mayor trascendencia popular y mediática, como puede inclinarse a pensar de una lectura rápida y descuidada de su texto, sino que por su amplia y genérica redacción sin dudas también entra cualquier jerarquía de evento deportivo: "facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma" implica referirse tanto a un encuentro de campeonato oficial de la AFA de primera división, o encuentros entre seleccionados nacionales que se realicen en la Argentina, como a un encuentro de certámenes de fútbol barrial o de ligas escolares que en la Argentina existen de a miles. Y no solamente de fútbol, ya que en la expresión "competencia deportiva" se encuentran comprendidos eventos de todos los deportes, siempre que, siguiendo la acepción correcta de "deporte", se entienda cualquier competencia que incluya actividad y destreza física. Es que en ningún momento la ley 20.665 distingue siquiera entre competencia deportiva profesional o amateur. No hay muchas investigaciones o procedimientos judiciales y aplicaciones concretas de estos tipos penales, por lo menos suficientemente conocidos, lo cual pone en evidencia que se trata de letra legal muerta, con el inconveniente de que este tipo de situaciones permite su uso arbitrario y abusivo por parte de agentes públicos. En segundo lugar, al ser el fútbol en la Argentina, como deporte de adhesión más popular, de carácter profesional, cómo ha de entenderse la remuneración de los jugadores a los fines de considerar el aspecto del tipo penal que dice "…promesa remuneratoria, a fin de facilitar el resultado irregular de una competencia deportiva…"? Cuando se obtiene un triunfo como resultado de un mayor esfuerzo motivado por la oferta de un premio o incentivos especiales a los jugadores, cosa que sucede permanentemente en nuestro fútbol profesional, ese resultado, al no depender exclusivamente de la destreza y capacidad deportiva, es irregular? Estas consideraciones ponen en evidencia, a mi juicio, que estos tipos penales tienen que ser decididamente abolidos, quedando reservadas dichas cuestiones a la esfera privada de los contendientes o a las reglas societarias de las respectivas instituciones deportivas.

TITULO V
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD SEXUAL

ARTICULO 154.- Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DOCE (12) años al que con violencia o intimidación, obligare a otro a tolerar una relación sexual contra su voluntad. Se considerará relación sexual la penetración por la vagina o el ano practicada con el pene o con cualquier objeto.
Se impondrá la misma pena, aunque no hubiera violencia ni intimidación, a quien tenga relación sexual con un menor de DOCE (12) años.
La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión:
a) Si el hecho se realiza de manera de causar un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) Si el autor fuera ascendiente por consanguinidad o afinidad, tutor, curador, encargado de la educación o guarda de la víctima;
c) Si la víctima fuera menor de DIEZ (10) años;
d) Si el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones.

ARTICULO 155.- Se impondrá prisión de DOS (2) a OCHO (8) años al que con violencia o intimidación obligare a otro a realizar o tolerar alguna acción de contenido sexual que no estuviera contemplada en el artículo anterior. La misma pena se impondrá aunque no hubiera violencia ni intimidación si la víctima fuera un menor de DOCE (12) años. La pena será de TRES (3) a DIEZ (10) años de prisión si concurriere alguna de las circunstancias de agravación del artículo 154.

ARTICULO 156.- Se impondrá prisión de TRES (3) a OCHO (8) años al que promoviere o facilitare la prostitución de menores de DIECIOCHO (18) años.
Se impondrá prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años al que promoviere o facilitare la prostitución de menores de DOCE (12) años.
La pena prevista en los casos anteriores se elevará en UN TERCIO (1/3) del mínimo y del máximo si el hecho se cometiera con violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o coerción o si el autor, fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o encargado de la educación o guarda del menor.

ARTICULO 157.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de DIECIOCHO (18) años de edad mediando engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

ARTICULO 158.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

ARTICULO 159.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de DIECIOCHO (18) años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con prisión de TRES (3) a OCHO (8) años. La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión, cuando la víctima fuere menor de DOCE (12) años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena de prisión se elevará de UN TERCIO (1/3) del mínimo y del máximo cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como así también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente con el encargado de su educación o guarda.

ARTCULO 160.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de DIECIOCHO (18) años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años.

ARTICULO 161.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años, el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de DIECIOCHO (18) años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hicieren manifiestas que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de DIECIOCHO (18) años de edad al momento de la creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a DOS (2) años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de CATORCE (14) años.

ARTICULO 162.- En los delitos previstos en los artículos 154, primer párrafo, y 155, primera oración, la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas, de protección o ayuda a las víctimas sin fines de lucro. Si ella fuere mayor de DIECISEIS (16) años podrá, con intervención del ministerio pupilar en los casos en que correspondiere, proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal podrá admitir la propuesta que haya sido libremente formulada y aceptada en condiciones de plena igualdad, cuando en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación del artículo 52 de este Código.

COMENTARIO: CP vigente: Arts. 119 a 133. Si bien la sistematización de este título ha mejorado notablemente las distintas descripciones típicas y armonizado las penas respectivas, empezando por su denominación que incluye el concepto de "libertad sexual", cabe destacar que no se han introducido tipificaciones específicas para la trata interna y la conducta del cliente en esos casos, particularmente cuando las víctimas son menores de edad. Esto es motivo de insistente reclamo por parte de organismos de derechos humanos que abordan la victimización de grupos particularmente vulnerables en relación a las figuras de explotación sexual, como mujeres, niños, niñas y adolescentes. Concretamente se reclama el cumplimiento de un modo adecuado del compromiso asumido hace ya tres años por Ley 25.763, que aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, consistente en adecuar la legislación interna a las disposiciones de dicho instrumento internacional. Se considera que el Art. 125 bis del CP vigente aborda el tema de un modo insuficiente, al hablar solo de "promoción" de la prostitución de menores, no reglando penalmente la conducta de la prostitución o explotación infantil, y la trata y sus variantes, solución que mantiene el Anteproyecto de reforma que aquí se analiza. Por otra parte, se sostiene que faltarían incluir elementos típicos como el "turismo sexual infantil", "la simple posesión de material pornográfico infantil", "la prostitución infantil en cualquier caso o mera dedicación de un niño a cualquier actividad sexual" y "la conducta del cliente", todo ello en aplicación estricta del Art. 2 inc. b) del Protocolo Facultativo citado. Además, se reclama en todos los casos incluir como figuras calificadas los siguientes supuestos: cuando medie la intervención de un funcionario público, cuando exista peligro para las personas, cuando se trate de una actividad habitual y cuando medie relación de parentesco. También se observa el incumplimiento de la obligación de prohibir y tipificar penalmente de un modo adecuado la "venta de niños": Art. 2 Inc. a) del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; y la adecuada previsión penal de las distintas formas de "adopciones ilícitas", conforme a los Arts. 21 de la CDN y 3 Inc. 5) del citado Protocolo Facultativo. Por su parte, se denuncia también que el CP vigente -y lo mismo hace este Anteproyecto- no cumple con el Protocolo Complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sobre el tráfico de personas, conocido como Protocolo de Palermo, ya que no se tipifica la "trata interna" como figura de explotación sexual, no se tipifica la "trata con otros fines distintos", por ejemplo laborales o para la extracción de órganos, y en principio no se tipifica directamente la "trata" conforme la definición contenida en el Art. 3 de dicho instrumento internacional, cuyo texto conviene aquí transcribir:
"Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años".
En efecto, el CP vigente en sus Arts. 126 a 127 ter no satisface la anterior normativa internacional, ratificada por la República Argentina, y tampoco el Anteproyecto que aquí se analiza, cuya Comisión Redactora no consideró proyectos que ya se habían elaborado al respecto.
De todas maneras, es ineludible ante estas cuestiones tomar en consideración los tipos calificados de la privación ilegal de la libertad contenidos en el Art. 142 bis del CP vigente, con una escala penal de 5 a 15 años de prisión o reclusión, y que se reproducen en el Anteproyecto bajo análisis en su Art. 127. Es que en la descripción típica "al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad" indudablemente entran sin mayor esfuerzo casi todos los supuestos de trata y explotación sexual previstos en las normas internacionales.

TITULO VI
DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL
CAPITULO I. Matrimonios ilegales

ARTICULO 163.- Serán reprimidos con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años, los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.
ARTICULO 164.- Serán reprimidos con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años:
a) El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
b) El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 134 a 137. Este Anteproyecto de reforma mantiene la misma redacción de los tipos penales de matrimonio ilegal y sus figuras agravadas vigentes, correspondientes a los Arts. 134 y 135, modificando la pena de prisión en ambos casos que la reduce en su mínimo y máximo. Elimina las figuras de los Arts. 136 -responsabilidad penal del oficial público- y 137 -responsabilidad penal del representante legítimo de un menor impúber- .

CAPITULO II. Supresión y suposición del estado civil y de la identidad

ARTICULO 165.- Se aplicará prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro.

ARTICULO 166.- Se impondrá prisión de DOS (2) a SEIS (6) años:
a) A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan;
b) Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de DIEZ (10) años, y el que lo retuviere u ocultare.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 138 a 139 bis. Se mantiene en este Anteproyecto la misma redacción típica y la misma pena en ambos casos, en relación a los Arts. 138 y 139 respectivaente. Pero se elimina el tipo del actual Art. 139 bis referidos a la figura de facilitación o promoción y a la intervención de funcionario público.

TITULO VII
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y EL ORDEN ECONOMICO
CAPITULO I. Hurto

ARTICULO 167.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.

ARTICULO 168.- Se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años en los casos siguientes:
a) cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos;
b) cuando el hurto fuere de ganado que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto;
c) cuando el hurto se cometiere en ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada, motín o desastre aéreo o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado;
d) cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida;
e) cuando se perpetrare con escalamiento;
f) cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio se cometiera entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren;
g) cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público;
h) cuando el hecho fuere cometido por un miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, con motivo o en ocasión del ejercicio de su cargo.
i) cuando el hurto fuere de bienes de valor científico, cultural o religioso provenientes de yacimientos arqueológicos o paleontológicos, o pertenecientes al patrimonio histórico del país.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 162 a 163 bis. Este proyecto mantiene en términos generales las mismas redacciones de los textos vigentes, redefiniendo algunos aspectos. Mantiene la misma pena en la escala actual para el hurto simple. Reduce la escala en su mínimo y en su máximo para los hurtos calificados, los que pasa a clasificarlos separándolos con letras. Además: 1) Mantiene el inciso primero, ahora a), con la misma descripción actualmente vigente; 2) introduce un nuevo segundo inciso que es el individualizado con letra b) y que consiste en el tipo penal del abigeato o sustracción de ganado, desapareciendo el Capítulo 2 Bis de este Título del CP vigente (Arts. 167 ter a 167 quinquies); 3) continúa con la figura del hurto calamitoso en el inciso c) que en el Código vigente corresponde al inciso 2º; 4) sigue con los incisos d), e), f) y g) que corresponden textuales a los actuales 3º, 4º, 5º y 6º con alguna adecuación en la redacción; 5) y agrega dos incisos nuevos: h) para la figura agravada por tratarse el autor de funcionario público, e i) la figura agravada por tratarse la cosa sustraída de un bien con un valor público especial. En relación a este último supuesto, se prevé así una protección penal especial a bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico e histórico del país que, como se sabe, son actualmente objeto de sustracciones y ventas en circuitos de tráficos clandestinos con destino a coleccionistas o museos extranjeros. Hoy el punto está reglado por las sanciones y multas administrativas previstas en el Art. 38 de la ley 25.743, y por las figuras delictivas especiales contempladas en los Arts. 46 a 49 de la misma ley, reglamentada por el Decreto Nº 1022 / 2004. Ello sin perjuicio de que algunos supuestos puedan caer dentro de la descripción del delito de daño, Art. 183 CP vigente. La previsión de este último inciso en el Anteproyecto que se comenta, viene a resultar complementario de las citadas disposiciones administrativas y penales especiales.

CAPITULO II. Robo

ARTICULO 169.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, y con prisión de SEIS (6) meses a SEIS (6) años si empleare violencia física en las personas, sea que la violencia o intimidación tuviere lugar antes del robo para facilitarlo, o en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 164. Se mantiene la misma descripción típica para el delito de robo simple. Pero se diferencian ahora las dos figuras, previendo distintas penas para el caso de que el robo sea con fuerza en las cosas, en cuyo caso se mantiene la escala penal vigente, o con violencia física en las personas, figura esta que se la agrava elevando el mínimo a seis meses de prisión.

ARTICULO 170.- Se aplicará prisión de TRES (3) a DOCE (12) años:
a) si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 103 y 104;
b) si el robo se cometiere con arma de fuego cargada y apta para el disparo;
c) si el robo se cometiere en despoblado;
d) si el robo se perpetrare con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas;
e) si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 168.

COMENTARIO 1. CP vigente: Arts. 166 y 167. En esta sola disposición del presente Anteproyecto se reúnen todos los supuestos de calificación por agravación del robo, en una redacción que no puede sino elogiarse, no solamente por la correcta previsión de los únicos supuestos que merecen un mayor reproche, sino por la claridad puesta en las descripciones. Se superan referencias oscuras que motivaron interminables debates en la doctrina y la jurisprudencia penal: desaparece el robo con homicidio o latrocinio, figura que diera lugar a contradicciones e injustas interpretaciones; desaparece el elemento "banda", objeto de similares discusiones; se precisa con total exactitud qué se entiende por arma a los fines de este artículo, describiendo los elementos que deben concurrir para que tenga un efectivo poder vulnerante, tal como lo ha entendido la mejor doctrina. Desaparece también el supuesto del actual Art. 167 bis, que aumenta el reproche cuando se trata de funcionario de seguridad pública.

COMENTARIO 2. CP vigente: Capítulo II Bis. Abigeato. Como se adelantó en el comentario a los Arts. 167 y 168 de este Anteproyecto, desaparecen de aquí estos tipos penales del abigeato, que pasan a describirse con una mejor redacción en uno de los incisos del hurto calificado, con menor pena.

CAPITULO III. Extorsión

ARTICULO 171.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a SEIS (6) años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.
Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.

ARTICULO 172.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a SEIS (6) años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo 171.

ARTICULO 173.- Sufrirá prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años, el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución. Si el autor lograre su propósito el mínimo de la pena se elevará a SEIS (6) meses de prisión.

COMENTARIO. CP Vigente: Arts. 168, 169 y 171. Se mantienen las mismas descripciones típicas, salvo en el caso de la figura de sustracción de cadáveres en que se agrega la figura calificada por el logro del propósito, aumentándole el mínimo de la pena. En todos los casos se disminuyen las escalas penales. Cabe recordar que se eliminó de este capítulo el secuestro extorsivo, que acertadamente fue llevado al título correspondiente a los delitos contra la libertad (ver Art. 127 de este Anteproyecto y su comentario).

CAPITULO IV. Estafas y otras defraudaciones

ARTICULO 174.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 172. Se trata del tipo penal básico de la estafa, manteniéndose en este Anteproyecto en forma textual el nombre del título, la descripción típica y también la misma escala penal y especie de pena actuales. Pudo haberse aprovechado esta oportunidad para superar el casuismo no taxactivo contenido en la descripción del tipo básico, sobre lo cual la doctrina penal se ha pronunciado desde siempre, recurriéndose a una descripción técnica esencial, por ejemplo: "el que defraudare a otro valiéndose de cualquier ardid o engaño". Esta descripción contiene los elementos suficientes para la estafa: el fraude o despliegue engañoso, la inducción al error a otro mediante aquél y el logro de una disposición patrimonial disvaliosa. Se pierde así la oportunidad de ordenar adecuadamente la sistematización de este delito y sus formas, máxime cuando se mantiene el método de una enumeración casuística en el artículo siguiente, que equivale al actual 173 "casos especiales", en donde están contenidos nuevamente los supuestos que redundantemente se ejemplifican en el Art. 172. El mantenimiento del texto vigente tal vez sea nada más que el resultado de la necesidad de tributar a una definición histórica proveniente del sistema francés y español.

ARTICULO 175.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo 174, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:
a) El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;
b) El que con perjuicio de otro se apropiare, se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver;
c) El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento;
d) El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero;
e) El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero;
f) El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos;
g) El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos;
h) El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante;
i) El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos;
j) El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos;
k) El deudor de una obligación de dar cosa cierta no fungible que desbarate el derecho del acreedor ocultando, destruyendo o dañando la cosa, o el deudor de una obligación de hacer concerniente a la constitución o transmisión de derechos reales o gravámenes que, por medio de un acto jurídico, haga imposible su cumplimiento;
l) El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 173. Se trata de la enumeración de casos de estafa, que puede seguir considerándose ejemplificativa. En términos generales esta disposición es equivalente casi por entero a la redacción del texto vigente en su artículo 173, con algunas variantes. Sustituye los números por letras en la enumeración de los incisos. En el inciso b) -actual 2º- se vuelve a agregar el verbo apropiare, que había introducido la ley 17.567, solución acertada ya que enlaza adecuadamente esta figura con el bien jurídico tutelado en el título al que pertenece: "delitos contra la propiedad". La apropiación entonces, entendida como la acción destinada a variar la titularidad de la propiedad de una cosa en beneficio propio, no puede estar ausente en la descripción de esta figura, de lo contrario resultaría atípica de estafa. La precisión no es bizantina, ya que el mero hecho de "no restituir" ante el mero vencimiento del plazo, aunque no exista la finalidad de apoderarse, puede considerarse hoy típico de estafa, solución por completo discutible. Los incisos c) a j) se mantienen textuales a los actuales 3) a 10). El inciso k) trata la figura del desbaratamiento de derechos acordados, actual inc. 11, modificando su redacción, apartándose del texto vigente que introdujo la Ley 17.567. Se recurre así en este Anteproyecto a una descripción correcta de la figura, descartando redundancias o casuismos. Desaparecen los actuales incisos 12, 13 y 14 que fueron introducidos por la Ley 24.441 en 1995. Mantiene en el inciso l) el actual 15) que fuera agregado por la Ley 25.930, referido a la estafa mediante el uso indebido de tarjetas de crédito o débito bancario.

ARTICULO 176.- Sufrirá prisión de DOS (2) a SEIS (6) años:
a) El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados;
b) El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo;
c) El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;
d) El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado;
e) El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública;
f) El que defraudare en el cumplimiento de prestaciones previsionales u omitiere efectivizar en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre obligado.
En los casos de los incisos d) y e), el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 174. Se trata de los casos de estafas calificadas por agravación. Mantiene la misma escala penal actual, que eleva el mínimo a dos años de prisión. El inciso a) corresponde al actual inciso 1) con una indudable mejor redacción. Se trata de la conocida como estafa de seguro, o defraudación al asegurador. Desaparece la histórica referencia al "préstamo a la gruesa", que no deja de ser un mero ejemplo de una consecuencia patrimonial indebida derivada del engaño o ardid, consistente aquí en la liberación de la obligación de restituir. Los incisos b) a e) son de redacción idéntica a los vigentes 2), 3), 4) y 5) respectivamente. El inciso f) es nuevo, pena al empleador que retiene o retarda el ingreso de los descuentos provisionales que efectúa al trabajador a su cargo, y que constituye un indudable caso de defraudación. Desaparece el actual inciso 6) que fuera introducido por Ley 25.602 de 2002, solución correcta ya que el Código Penal en sus textos actualmente vigentes describe dos veces la misma figura penal del desbaratamiento de derechos, en un caso (Art. 173 Inc. 11) como estafa simple, y en el otro (Art. Inc. 6) como estafa agravada. Por último, se mantienen las calificantes por agravación para los casos de fraude con peligro y contra la administración pública cuando el agente es funcionario público.

ARTICULO 177.- Será reprimido con multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa:
a) El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil;
b) El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito;
c) El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales;
d) El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 175. Se trata de las figuras de estafa calificadas por atenuación. Al igual que en los demás casos sustituye los números por letras en la enumeración de los incisos, manteniendo las mismas descripciones de las figuras en todos los casos. Adecua la pena de multa al sistema de este Anteproyecto.

ARTICULO 178.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 174:
a) El que dé orden de pago con un cheque sabiendo que no será abonado por el banco;
b) El que dé orden de pago con un cheque pagadero a su presentación sin tener fondos suficientes o autorización del banco y no lo abonare dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de enterado del rechazo;
c) El que dé contraorden de pago de un cheque fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, ya sea que lo haga como librador o en carácter de tenedor y tanto si se trata de un cheque pagadero a su presentación o de pago diferido;
d) El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 302. Se trata del tipo penal "utilización indebida de cheque", que en la sistemática actual del CP está en el Título XII "Delitos contra la fe pública", Capítulo VI. Al modificarse aquí el nombre de este Título como "Delitos contra la propiedad y el orden económico", se entiende el cambio de alojamiento, además correcto por cuanto esta figura es también una indiscutible forma de estafa. Se mantiene básicamente la pena, pero modificando el criterio para la determinación de la inhabilitación especial, quedando en este Anteproyecto determinada por el tiempo de condena aplicado en el caso multiplicado por dos, cuando en el texto vigente es una escala determinada de uno a cinco años, independientemente de la individualización de pena concreta que haga el juez en sentencia. En el inciso a) -actual inciso 2)- se eleva a la condición de definición general, mejor redactada, la figura básica: dar en pago un cheque sabiendo que no podrá ser cumplida la orden. El inciso b) corresponde al actual inciso 1), referido a que el motivo de la frustración es la insuficiencia de fondos o la falta de autorización para girar en descubierto más la omisión de abonar la suma en un plazo determinado luego de enterado el librador del rechazo bancario, que en este Anteproyecto se eleva de 24 a 48 horas, extensión que resulta por completo razonable. El inciso c) -actual inciso 3º- describe la acción de dar contraorden de pago del cheque luego de librado, lo cual también implica una forma de librarlo y de saber que no podrá ser cumplida la orden de pago. Y por último el inciso d) corresponde textual al vigente inciso 4º referido al libramiento de cheque en formulario ajeno sin autorización, también una forma de libramiento a sabiendas de la imposibilidad de su cumplimiento.

CAPITULO V. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial

ARTICULO 179.- Será reprimido con pena de UN (1) mes a SEIS (6) años el que con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, edite, venda, reproduzca, plagie, distribuya o represente públicamente, en todo o en parte una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o representada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

CAPITULO VI. Delitos contra la propiedad de marcas y designaciones

ARTICULO 180.- Será reprimido con prisión de TRES (3) meses a DOS (2) años, pudiendo aplicarse además de TREINTA (30) a CUATROCIENTOS (400) días multa:
a) el que falsificare o emitiera fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) el que usare una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización;
c) el que vendiere o de otra manera comercializare productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

COMENTARIO. Se trata de la incorporación al Código Penal de la ley penal especial contenida en el actual Art. 31 de la Ley 22.362 de marcas y designaciones. Se mantiene la misma escala penal de prisión, más la multa adecuada al sistema de este Anteproyecto, y los mismos incisos a) y b), concentrándose en el inciso c) los actuales c) y d) en una mejor redacción.

CAPITULO VII. Usura

ARTICULO 181.- El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de UNO (1) a TRES (3) años y multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa.
La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.
La pena de prisión será de DOS (2) a SEIS (6) años, y la multa de NOVENTA (90) a QUINIENTOS (500) días-multa, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 175 bis. Mantiene la misma descripción típica básica y de las demás figuras que el texto vigente. También la escala penal, salvo para la figura agravada para el usurario profesional o habitual cuyo mínimo reduce a dos años de prisión -actualmente es de tres años- y, como en todos los casos, ajusta la multa al sistema nuevo.

CAPITULO VIII. Insolvencias punibles

ARTICULO 182.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años el deudor que frustrare el cumplimiento de sus obligaciones mediante la sustracción u ocultación de bienes a la acción de los acreedores o el otorgamiento de actos jurídicos simulados o la celebración de actos en fraude de los acreedores. Se entenderá que existe frustración cuando el deudor cayere en cesación de pagos de acuerdo con la ley comercial aún cuando no haya sido declarada judicialmente.
Si como consecuencia de los comportamientos descriptos en el párrafo anterior se declarare la quiebra del deudor, la pena será de DOS (2) a SEIS (6) años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

ARTICULO 183.- Se impondrá pena de UN (1) mes a UN (1) año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena al que, por imprudencia o negligencia, hubiera causado en perjuicio de los acreedores la insolvencia de un establecimiento comercial o industrial del que fuera dueño, socio comercial, gerente, administrador, representante legal o mandatario, o cuyos negocios hubiera gestionado de hecho.
Se entenderá que existe insolvencia, aunque no hubiera sido judicialmente declarada, cuando concurran hechos que, de acuerdo con la ley comercial, sean reveladores del estado de cesación de pagos, con excepción del caso en que la solvencia se encuentre comprobada por otros medios.
Se considerará que hubo imprudencia o negligencia, en especial cuando:
a) No se hubiera llevado la contabilidad exigida por la ley;
b) Se hubieran extraviado o hayan sido destruidos, sustraídos o hubieran desaparecido los libros de comercio o la documentación que la ley obliga a conservar;
c) Se hubieran empleado medios ruinosos para obtener recursos;
d) Se haya abandonado o descuidado de manera manifiesta la atención del establecimiento;
e) Se hubieran empleado trabajadores sin registrarlos de conformidad con las leyes laborales o previsionales.
No se aplicarán las consideraciones precedentes cuando el pasivo del establecimiento fuera inferior a PESOS CIEN MIL ($100.000), o cuando hubiera menos de VEINTE (20) acreedores quirografarios o cuando los trabajadores en relación de dependencia empleados fueran menos de VEINTE (20).

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 176 a 180. Modifica la denominación del Capítulo, sustituyéndola acertadamente por "insolvencias punibles", descripción típica común para todos estos casos, dado que lo que se pena es la conducta de insolventación o disminución del propio patrimonio con el fin de perjudicar a otro. Mantiene el máximo de la escala penal actual en seis años de prisión, pero disminuye la mínima a un mes de prisión. Al desaparecer el elemento típico "quebrado fraudulento" desaparece el presupuesto del delito consistente en la declaración de la quiebra o falencia civil, dándoles así a estas figuras una verdadera autonomía penal. El nuevo tratamiento se perfecciona por un lado mediante la incorporación del verbo típico frustrar el cumplimiento de las obligaciones, que es el bien jurídico cuya incolumidad este tipo penal quiere preservar, y por otro reforzando esa autonomía mediante la exclusión expresa de la cuestión prejudicial de la declaración de quiebra previa en sede comercial. Esta situación pasa a ser ahora una eventual condición sobreviviente que califica como agravante al tipo de la insolvencia punible, previsto en el segundo párrafo del Art. 182 de este Anteproyecto, figura para la que mantiene la misma escala penal actual en su mínimo de dos y máximo de seis años de prisión. El Art. 183 tipifica la insolvencia punible culposa -actual Art. 177 del CP-, con una redacción típica indudablemente más acertada técnicamente, y manteniendo la misma escala penal de un mes a un año de prisión más inhabilitación especial que en esta propuesta pasa a ser del doble tiempo que el de la condena. En los incisos a) a e) de este artículo se enumeran cinco supuestos que en especial se consideran demostrativos de que ha concurrido negligencia, salvo que se den dentro de los límites de magnitud empresaria que prevé el último párrafo.

CAPITULO IX. Usurpación

ARTICULO 184.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años:
a) el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;
b) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterarse los términos o límites del mismo;
c) el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble;
d) el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular.

ARTICULO 185.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a UN (1) año:
a) El que ilícitamente sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho;
b) El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas;
c) El que ilícitamente represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 181 y 182. El primero, para el que mantiene la misma escala penal en su máximo pero disminuye el mínimo a un mes de prisión, se refiere a la descripción del delito de usurpación de inmuebles, manteniendo como inciso a) la descripción típica vigente en la figura general del despojo y por las vías que integran sus elementos objetivos alternativos; como inciso b) la figura de la alteración de límites y como inciso c) la turbación mediante violencias o amenazas. Y se agrega en este Anteproyecto un supuesto más, como inciso d), consistente en la ocupación sin autorización debida. No se trata de prever la protección de la tenencia legítima, cosa que ya estaba contemplada en el inciso c), sino de considerar evidentemente los casos de tomas de predios o complejos habitacionales por quienes no son sus beneficiarios y por vías que no son las estipuladas en los planes respectivos, fenómeno muy difundido en los últimos tiempos. El Art. 185 se refiere al tipo penal conocido genéricamente como desvío de aguas. Mantiene exactamente la misma escala penal actualmente vigente en su mínimo y máximo, y también se mantienen las mismas acciones típicas: sacar, estorbar el ejercicio de otro y represar, desviar o detener. Pero se modifica la redacción eliminando un elemento subjetivo adicional que el tipo vigente contiene en la figura básica, consistente en "el propósito de causar perjuicio a otro", de modo que para este Anteproyecto basta para tener por reproducido el tipo penal con la realización limpia de cualquiera de las acciones precedentemente indicadas. Por último, se elimina en la propuesta que se comenta el último párrafo del actual Art. 182, consistente en una agravante cuando en la comisión de las acciones de desvío de aguas precedentemente referidas median roturas de diques, esclusas u otras obras.

CAPITULO X. Daños

ARTICULO 186.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a UN (1) año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble, material o inmaterial, o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 183. Se mantiene la figura básica de daño según la descripción vigente, salvo por cuanto se agrega la referencia a cosa mueble "material o inmaterial", tipo de bienes que pasan a estar con este Anteproyecto incluídos en la tutela. Es de tomar en consideración que la jurisprudencia consideró atípico el envío masivo de correos electrónicos portando virus intencionalmente dirigidos a una empresa para perjudicar el uso de sus cuentas de correos electrónicos. También se mantiene la misma escala penal de pena de prisión.

ARTICULO 187.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a UN (1) año, el que por cualquier medio, destruya en todo o en parte, borre, altere en forma temporal o permanente, o de cualquier manera impida la utilización de datos o programas contenidos en soportes magnéticos, electrónicos o informáticos de cualquier tipo o durante un proceso de transmisión de datos. La misma pena se aplicará a quien venda, distribuya, o de cualquier manera haga circular o introduzca en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños de los prescriptos en el párrafo anterior, en los datos o programas contenidos en una computadora, una base de datos o en cualquier tipo de sistema informático.

COMENTARIO. El CP vigente no contiene este tipo, que aquí es nuevo y puede considerarse complementario de la tutela de "cosa inmaterial" introducida, como se vio, en el Artículo anterior. Podría denominarse "destrucción de datos informáticos". Se trata ésta de una previsión destinada a proteger la indemnidad de los datos y programas informáticos, comprendiendo las acciones de borrado, impedimento de uso o inutilización por interferencia de otros programas informáticos, es decir los conocidos como "virus".

ARTICULO 188.- La pena será de TRES (3) meses a CUATRO (4) años de prisión:
a) Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o religioso, cuando, por el lugar en que se encuentran, se hallasen libradas a la confianza pública o destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas;
b) Cuando el daño o la alteración recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, diques, exclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en ríos, arroyos, fuentes, depósitos, acueductos, o sobre instalaciones destinadas al servicio público de producción o conducción de electricidad, de sustancias energéticas o de agua;
c) Cuando el daño recayere sobre cosas que formen parte de la instalación de un servicio público y estén libradas a la confianza pública;
d) Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas;
e) Cuando el hecho fuere ejecutado en despoblado;
f) Cuando el daño se ejecute en sistemas informáticos o bases de datos públicos, o relacionados con la prestación de un servicio público.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 184. Se trata de los daños calificados por agravación. Este Anteproyecto mantiene la misma escala penal de prisión, pero corrige casi por entero la figura vigente, dándole una redacción a todas luces mejor y más completa. En seis incisos están previstos como agravados los daños ejecutados sobre cosas de valor científico, cultural, artístico, etc., o parte de instalaciones de servicios públicos, librados a la confianza pública, si media violencia en las personas o amenazas, si lo es en zona despoblada y cuando recae en sistemas informáticos que atienden servicios públicos.

CAPITULO XI. Disposiciones generales

ARTICULO 189.- Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren:
a) Los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, los convivientes estables, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta;
b) El consorte viudo, o el conviviente estable viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro;
c) Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.
La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 185. Se trata de los obstáculos penales que excluyen la punibilidad que, conforme la doctrina penal que seguimos se caracterizan por ser de carácter personal y de existencia concomitante con el delito. Este Anteproyecto les dedica una redacción mucho más adecuada y completa, ampliando el obstáculo a la perseguibilidad mediante la previsión de los convivientes estables y el conviviente estable viudo. Pero también restringe el concepto de convivencia de modo que no queda confundida ésta con el mero hecho de habitar una misma casa, sino que, evidentemente, por la redacción dada al Inciso a), para que opere la exclusión de punibilidad se requiere además de la convivencia bajo un mismo techo que exista una real vida en pareja o affectio maritatis.

CAPITULO XII. Delitos Tributarios

ARTICULO 190.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años al que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, evadiere el pago de tributos, o aprovechare indebidamente de subsidios, reintegros, recuperos, devoluciones, exenciones, desgravaciones o diferimientos de naturaleza tributaria.

ARTICULO 191.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años al que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, evadiere el pago de aportes o contribuciones de naturaleza previsional o de obra social.

ARTICULO 192.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años al que abusare de la atribución de retener o percibir tributos adeudados por otro, omitiendo entregarlos a la autoridad de recaudación en los plazos correspondientes.

ARTICULO 193.- Se impondrá prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años al que abusare de la atribución de retener o percibir aportes o contribuciones de naturaleza previsional o de obra social omitiendo entregarlos a la entidad de recaudación en los plazos correspondientes.

COMENTARIO. Se incorpora con este Anteproyecto la ley penal especial 24.769 -Régimen penal tributario- al CP. Mantiene la misma escala penal pero disminuye el mínimo fijándolo en un mes de prisión. Las acciones típicas son básicamente las mismas, mejorándose su redacción y ampliando los supuestos incluyéndose el aprovechamiento indebido de dineros que no debieran retenerse al obligado principal. Es de destacar que se eliminan en este Anteproyecto los obstáculos de punibilidad -que alguna parte de la doctrina penal consideró como "condiciones objetivas de punibilidad"- de la ley 24.769 consistentes en la superación de un determinado monto objeto de evasión, por lo que con la presente propuesta toda evasión en las condiciones descriptas por el tipo será punible, lo cual resulta justo ya que la solución de la ley vigente constituye una verdadera arbitrariedad, y desde otra perspectiva el establecimiento de un verdadero mecanismo funcional para la impunidad de la evasión fiscal. En los Arts. 191 a 193 del presente Anteproyecto se introducen las figuras relacionadas con los aportes provisionales y de obra social, sus retenciones indebidas o abusivas. En todos los casos la escala penal es la misma.

CAPITULO XIII. Delitos cambiarios

ARTICULO 194.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años o de NOVENTA (90) a QUINIENTOS (500) días-multa:
a) el que operare en cambios sin estar autorizado por la autoridad competente;
b) el que estando autorizado para operar en cambios lo hiciera sin efectuar las anotaciones o llevar los registros o emitir los comprobantes que establezcan las reglamentaciones de la autoridad en materia cambiaria;
c) el comerciante, productor, importador, exportador, o quien actuare como intermediario, comisionista, gestor o mandatario, que negociare cambio con quien no se encuentre autorizado por la autoridad competente.

COMENTARIO. El presente Anteproyecto incorpora aquí en un solo Artículo al CP la Ley penal especial 19.359 y las modificaciones que le introdujeron las leyes 22.338, 23.928 y 24.144 -texto ordenado por el Decreto 480/95-. A este cuerpo normativo se lo conoce como régimen penal cambiario. En tres incisos se prevén los supuestos de falta de autorización para operar, la omisión de cumplimiento de las obligaciones registrales y la penalización de quien actúa con persona no autorizada para operar en cambios. Unifica la escala penal para todos los casos, fijándola en un mes a seis años de prisión, más la multa indicada.

CAPITULO XIV. Delitos aduaneros

ARTICULO 195.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a SEIS (6) años, el que impidiere o dificultare el control de la autoridad aduanera sobre las importaciones o exportaciones cuando:
a) lo hiciere ocultando, disimulando, sustituyendo o desviando las mercaderías o empleando cualquier otro ardid o engaño;
b) efectuare la importación o exportación en horas o por lugares no habilitados o desviándose de las rutas señaladas a ese fin;
c) efectuare una falsa declaración a la autoridad aduanera con el propósito de someter las mercaderías a un tratamiento fiscal o aduanero que no corresponda;
d) utilizare una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación indebidamente otorgada con el propósito de someter las mercaderías a un tratamiento fiscal o aduanero más favorable que el que corresponda;
e) simulare ante la autoridad aduanera una operación de importación o exportación o una destinación de importación o exportación con el propósito de obtener un beneficio económico.

ARTICULO 196.- Se impondrá prisión de DOS (2) a SEIS (6) años cuando, en los supuestos del artículo anterior, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) intervinieren en el hecho DOS (2) o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice;
b) interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;
c) interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado de la autoridad aduanera o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que el Código Aduanero les confiere la función de autoridad de prevención de los delitos aduaneros;
d) Se realizare empleando un medio de transporte aéreo que se apartare de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por la autoridad aduanera para el tráfico de mercadería;
e) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta.

ARTICULO 197.- Se impondrá prisión de DOS (2) a DIEZ (10) años en los mismos supuestos cuando se tratare de sustancias estupefacientes en cualquier etapa de elaboración que estuvieren destinadas a ser comercializadas dentro o fuera del territorio nacional.

ARTICULO 198.- Se impondrá prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años en los mismos supuestos cuando se tratare de elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure delito al que correspondiere una pena mayor.

ARTICULO 199.- Será reprimido con multa de SESENTA (6) a CUATROCIENTOS (400) días-multa:
a) el funcionario o empleado aduanero que por imprudencia o negligencia hubiere posibilitado la comisión del contrabando o un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere;
b) el despachante de aduana, agente de transporte aduanero, importador o exportador que por impericia o negligencia presentare ante la autoridad aduanera una autorización especial, licencia arancelaria o certificación o algún documento adulterado o falso que pudiere provocar un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere o fuere necesario para cumplimentar una operación aduanera.

ARTICULO 200.- La condena por alguno de los delitos previstos en este capítulo llevará como accesoria las siguientes penas:
a) la inhabilitación especial de SEIS (6) meses a CINCO (5) años para el ejercicio del comercio;
b) la inhabilitación especial de TRES (3) a QUINCE (15) años para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos tres últimos;
c) la inhabilitación especial de TRES (3) a QUINCE (15) años para ejercer actividades de importación o de exportación;
d) la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público.

COMENTARIO. Se incorporan aquí las normas penales especiales vigentes en el Código Aduanero, Ley 22.415, Arts. 862 a 891: "Delitos aduaneros". Se mejora notoriamente no solo la sistemática del Título I de la ley vigente, sino también sus descripciones típicas.

CAPITULO XV. De los fraudes al comercio y a la industria

ARTICULO 201.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años:
a) El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de venderla o de no venderla a un precio determinado;
b) El que ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas;
c) el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, que informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de la contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.
Serán igualmente sancionados quienes gestionan de hecho los negocios de una sociedad del tipo mencionado, siempre que lo hagan con el consentimiento, expreso o tácito, de quienes tienen confiadas esas atribuciones;
d) El que solicite dádivas para no tomar parte en una subasta pública, en un concurso o en una licitación, el que ofrezca dádivas para que otro no tome parte en una subasta pública, en un concurso o en una licitación o el que por medio de amenazas o engaños induzca a otro a no tomar parte en una subasta pública, en un concurso o en una licitación o el que se concierte con postores, concursantes u oferentes para alterar los precios o el resultado de una subasta pública, de un concurso o de una licitación.
Si se tratara de un concurso o licitación convocado por una administración pública, el culpable sufrirá además inhabilitación especial para contratar con la administración por doble de tiempo de la condena;
e) El que, mediante negociaciones con títulos o acciones en una bolsa o mercado organizado, aproveche, en su beneficio o en el de terceros, informaciones a las que haya tenido acceso por su profesión o empleo o por su condición de funcionario de una empresa privada o en razón de su desempeño como empleado o funcionario público.
Si el culpable fuera funcionario público o ejerciera una profesión de las que requieren habilitación o matrícula, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 300. En primer lugar cabe destacar que se quita este capítulo del Título XII del Libro Segundo: delitos contra la fe pública, y se lo trae al presente: delitos contra la propiedad y el orden económico. Además, aumenta sensiblemente la escala penal. Se mantienen los dos primeros incisos con la misma redacción típica y se mejora la figura del actual inciso 3º. Se agrega, lo cual es destacable, el supuesto de tergiversación o manipulación de una subasta pública, y la utilización indebida de información en las operaciones bursátiles.

ARTICULO 202.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años, siempre que no concurrieren las circunstancias de los artículos 174 y 175, el director, administrador o integrante de un cuerpo colegiado de administración o fiscalización, de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, que prestare su concurso o consentimiento a la realización de actos contrarios a los estatutos de los cuales pudiera derivar algún perjuicio a la sociedad.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 301. Mejora la redacción de la figura vigente y unifica la pena elevándola.

CAPITULO XVI. Delito de Desabastecimiento

ARTICULO 203.- Serán reprimidos con pena de prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años y de TREINTA (30) a QUINIENTOS (500) días-multa quienes acapararen materias primas o productos o acumularen existencias superiores a las necesarias o crearen intermediaciones innecesarias con la finalidad de provocar un alza inmoderada de precios en perjuicio de los consumidores.
ARTICULO 204.- Serán reprimidos con pena de prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años y de TREINTA (30) a QUINIENTOS (500) días-multa:
a) quienes destruyen mercaderías o bienes con la finalidad de provocar su escasez en el mercado;
b) quienes con la finalidad de provocar desabastecimiento, dificultaren la distribución normal de materias primas o productos o la desviaren de una zona a otra sin causa justificada.

COMENTARIO. Se trata de un tipo penal nuevo. El bien jurídico tutelado indudablemente es el valor razonable de la moneda corriente, en relación a los precios resultantes del giro del mercado sin interferencias especulativas. Podría sostenerse que el bien tutelado es el libre mercado, pero solo si se aclara que por él se entiende el libre juego de la oferta y de la demanda sin interferencias o acciones distorsionantes o especulativas. Se trata de una norma penal que tiene una indudable finalidad social, correctiva de un libre mercado capitalista especulativo, despreocupado de su incidencia en los sectores asalariados y más desprotegidos de la sociedad. No obstante, en atención al indudable carácter selectivo de todo sistema penal, el Art. 203 merecería una redacción más cuidadosa, precisando con mayor detenimiento qué se entiende por "acaparar", "acumular", "intermediación innecesaria" o "dificultación de la distribución" para esta disposición, a fin de impedir que de este tipo penal queden excluídos los verdaderos responsables de la especulación alcista, y sea aplicado a comerciantes pequeños o medianos que buscan simplemente proveerse de mercaderías sin incidencia real en la determinación o el alza de los precios, brindando además un nuevo instrumento de extorsión a operadores corruptos del sistema penal.

CAPITULO XVII. Delitos contra la Competencia

ARTICULO 205.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años y de TREINTA (30) a QUINIENTOS (500) días-multa, el que, abusando de una posición de dominio total o parcial del mercado, o mediante acuerdos con otras personas o empresas, dificultare, impidiere o distorsionare la competencia, mediante alguna de las modalidades siguientes:
a) La imposición en forma directa o indirecta del precio de venta de bienes o servicios;
b) La imposición de condiciones especiales para las transacciones, o la subordinación de las conclusiones de los contratos a la aceptación de prestaciones, o de operaciones comerciales suplementarias, que por su naturaleza y según las prácticas usuales, no guarden relación con el objeto de los contratos;
c) La imposición de obligaciones de producir, distribuir o comercializar una cantidad limitada de bienes, o la prestación de un número restringido de servicios o la imposición de limitaciones al desarrollo técnico o a las inversiones;
d) El reparto de los mercados o de las áreas de suministro o de aprovisionamiento;
e) La imposición de condiciones discriminatorias injustificadas para la enajenación de bienes o servicios.

COMENTARIO. Estas figuras son complementarias de las anteriores. Pero parecen equivalentes en cuanto al bien jurídico tutelado, a la del Art. 150 (CP vigente: Art. 159) referido a la "competencia desleal", en el título dedicado a los delitos contra la libertad. La ubicación en el presente parece más acertada, y más completa la redacción, pero con las observaciones efectuadas en el comentario a los Arts. 150, 203 y 204 de este Anteproyecto.

TITULO VIII
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 206.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CINCO (5) años y multa de NOVENTA (90) a SEISCIENTOS (600) días-multa el que contraviniendo leyes o disposiciones protectoras del medio ambiente, lo contaminare o degradare mediante emisiones, vertidos, radiaciones, vibraciones, ruidos, extracciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, suelo, aguas terrestres, marítimas o subterráneas o por cualquier otro medio, en perjuicio de la integridad ecológica de los sistemas naturales.

ARTICULO 207.- Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo 206 fuera cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá pena de TREINTA (30) a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) días-multa.

ARTICULO 208.- El que cazare o pescare especies amenazadas o en peligro de extinción, realizare actividades que impidieren u obstaculizaren su reproducción, o alteraren su hábitat o, contraviniendo las normas protectoras de las especies de fauna silvestre, comerciare con las mismas o con sus restos, será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años, o pena de TREINTA (30) a CUATROCIENTOS (400) días-multa. En todos los casos, se aplicará inhabilitación especial de UNO (1) a TRES (3) años.

ARTICULO 209.- El que cazare o pescare utilizando veneno, medios explosivos u otro medios de similar eficacia destructiva, será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años, o pena de TREINTA (30) a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) días-multa. En todos los casos, se aplicará inhabilitación especial de UNO (1) a TRES (3) años.

ARTICULO 210.- El que destruyere o de cualquier modo dañare, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas, legalmente protegidas, será reprimido con prisión UN (1) mes a TRES (3) años, o pena de TREINTA (30) a CUATROCIENTOS (400) días-multa. La misma pena se impondrá a quien comerciare o efectuare tráfico de especies o subespecies de dicha flora.
En todos los casos, se aplicará inhabilitación especial de UNO (1) a TRES (3) años.

COMENTARIO. Debe entenderse esta previsión como introductora en el CP del Capítulo IX "Regimen penal", de la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos. La acción típica sigue siendo "contaminar", indicándose aquí una enumeración más extensa sobre los medios considerados idóneos para ese fin. La introducción de este Título es un acierto, que pone a nuestro derecho en sintonía con el reclamo mundial de adecuada defensa del medioambiente. Debe tenerse en cuenta que la ONU por Resolución de la Asamblea General 43/121 de 1990, incorporó la protección del medioambiente a través del Derecho Penal, que fuera aprobada por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente; las Resoluciones 1993/32, la de junio de 1994 del Consejo Económico y Social de la ONU y los documentos preparatorios del IX Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en el punto relativo a la "Acción contra el crimen organizado y la economía a escala nacional y transnacional y el papel del Derecho Penal en la protección del ambiente".

TITULO IX
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
CAPITULO I. Incendios y otros estragos

ARTICULO 211.- El que causare un incendio, explosión o inundación, será reprimido:
a) Con pena de prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años y de SESENTA (60) a CUATROCIENTOS (400) días-multa, si hubiere peligro para la vida o integridad física de las personas;
b) Con pena de prisión de UN (1) mes a TRES (3) años y de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa, si hubiere peligro común para los bienes;
c) Con pena de SEIS (6) meses a TRES (3) años y de TREINTA (30) a CUATROCIENTOS (400) días multa si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, monumento histórico, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o pirotecnia militar o parque de artillería.

ARTICULO 212.- Será reprimido con pena de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión y TREINTA (30) a CUATROCIENTOS (400) días-multa el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio de: a) bosques, montes o masas forestales, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquier otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados; b) de alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, enfardados o ensilados; c) de ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; d) de cereales en parva, gavilla o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados; e) de los mismos productos mencionados en los incisos anteriores, cargados, parados o en movimiento.

ARTICULO 213.- Será reprimido con pena de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión y TREINTA (30) a QUINIENTOS (500) días-multa el que causare estrago por medio de inundación, desmoronamiento, derrumbe de un edificio, explosiones o por cualquier otro medio poderoso de destrucción.

ARTICULO 214.- Será reprimido con pena de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión y TREINTA (30) a QUINIENTOS (500) días-multa el que destruyere o inutilizare diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, de manera que surja el peligro de que estos se produzcan.
La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida.

ARTICULO 215.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años o pena de TREINTA (30) a DOSCIENTOS (200) días-multa, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.

ARTICULO 216.- El que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radioactivos o sustancias nucleares, o sus desechos isótopos radioactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con pena de prisión de UNO (1) a CINCO (5) años.
La misma pena se impondrá al que, sabiendo que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común, o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior.

ARTICULO 217.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años el que, sin la debida autorización legal, acopiare armas de fuego, sus piezas o municiones o instrumental para producirlas. En la misma pena incurrirá el que hiciere de la fabricación de armas de fuego una actividad habitual.

ARTICULO 218.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3)años o de TREINTA (30) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días multa el que tuviere en su poder armas de guerra o materiales a los que refiere el primer párrafo del artículo 216, sin la debida autorización legal, o que no pudiere justificar por razones de su uso doméstico o industrial.

ARTICULO 219.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena o NOVENTA (90) a CUATROCIENTOS (400) días-multa, al que contando con autorización legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente o asignare a DOS (2) o más armas los mismos números o grabados. En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un arma de fuego.

ARTICULO 220.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a TRES (3) años, o NOVENTA (90) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días-multa el que, sin la debida autorización legal portare un arma de fuego.

ARTICULO 221.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que ilegalmente suministre o provea armas de fuego.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 186 a 189 bis. Se mejora sensiblemente la redacción de este capítulo, sistematizando adecuadamente las diferentes figuras de acuerdo a los bienes sobre los que recae la acción. Asimismo se establecen las penas de un modo mucho más racional.

CAPITULO II. Delitos contra la seguridad de los medios
de transporte y de comunicación y de los servicios públicos

ARTICULO 222.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.
Si el hecho produjere desastre aéreo o naufragio, la pena será de UNO (1) a SEIS (6) años de prisión.
Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común.

ARTICULO 223.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, será reprimido:
a) Con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente;
b) Con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente.

ARTICULO 224.- Será reprimido con prisión de TRES (3) meses a CUATRO (4) años el que ilegítimamente y con peligro para la seguridad común impidiere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

ARTICULO 225.- Serán reprimidos con prisión de UN (1) mes a UN (1) año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.

ARTICULO 226.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que con una aeronave atravesase clandestina o maliciosamente la frontera por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica o se desviase de las rutas aéreas fijadas para entrar o salir del país.

ARTICULO 227.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años o pena de SESENTA (60) a DOSCIENTOS (200) días-multa el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio, desastre aéreo u otro accidente previsto en este capítulo.

ARTICULO 228.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el que interrumpiere o entorpeciere toda comunicación transmitida por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

ARTICULO 229.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico o mecánico de un equipo terminal o de un Módulo de Identificación Removible del usuario, de modo que resulte perjuicio al titular, usuario o a terceros.

ARTICULO 230.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de alguna tarjeta de telefonía o accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciatario de Servicios de Comunicaciones Móviles.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 190 a 197. Se reformulan estos tipos penales, ajustándolos de un modo más adecuado a cada descripción. Se incluyen, ya desde el nombre del capítulo, a los servicios públicos en la protección de estas figuras. También se corrigen adecuadamente las penas. Se eliminan los supuestos en los que se suman lesiones o muertes de personas, ya que estos tipos describen conductas que lesionan el bien jurídico seguridad de los medios, y no la vida o integridad física o psíquica. Esto no quiere decir que dadas esas consecuencias tales conductas queden impunes, sino que concurrirán idealmente. Del segundo párrafo del Art. 222 se eliminó la figura del "varamiento" (actual Art. 190 segundo párrafo), evidentemente por estar comprendido el supuesto en el naufragio, al tratarse al igual que este último de una forma de fracaso de la nave. En el Art. 223 se mantiene la misma descripción para los supuestos del servicio de trenes. En el Art. 224, referido a la interrupción de transportes y otros servicios públicos, resulta altamente significativa la reformulación de la redacción del actual Art. 194, de modo que ahora esas interrupciones o cortes serán típicos solamente si crean una situación de peligro para la seguridad común. Actualmente la figura se completa simplemente por el hecho del corte o interrupción, aunque no se cree esa situación de peligro. La redacción propuesta por este Anteproyecto parece tener como destinatarias las situaciones que en los últimos años han ocupado el centro de las acciones de protestas sociales: los cortes de calles, rutas y vías de transportes por medio de manifestaciones multitudinarias. Se trata sin ninguna duda de una saludable propuesta de congruencia interna del Estado. En efecto, busca adecuar la letra de la ley a las políticas y normas surgidas de las actuales acciones de gobierno, que tienden a permitir ese tipo de expresiones de protesta social, reconociéndoles un cierto grado de justificación, buscando su superación a través de propuestas de consenso, expresadas en gestiones y negociaciones pacíficas, no de carácter represivo. Frente a esta decisión, en muchos casos se evidenció contradicción con medidas judiciales dispuestas por los magistrados en base a interpretar que existía presente el ingrediente de la creación de una situación de peligro común. La solución que se propone permitirá brindar congruencia a la respuesta del estado ante estas situaciones, manteniendo la penalización solo para aquellos casos en que exista una situación de peligro común.
En el Art. 225 se mantiene sin variantes tanto la redacción típica como la pena para el caso de conductores y demás responsables que abandonan durante su marcha a un tren o buque: actual Art. 195.
El Art. 226 incluye un tipo nuevo: cruce clandestino o malicioso de la frontera por lugares no autorizados y desvío de las rutas aéreas autorizadas para entrar o salir del país. Cabe aclarar que por frontera debe entenderse las zonas limítrofes del país respecto de los países vecinos, de modo que conforme a esta descripción serían atípicos los cruces clandestinos y los desvíos de las rutas autorizadas en los trayectos de cabotaje. Sin ninguna duda el nuevo tipo penal tiene como objetivo proteger el tráfico regular y legal por las fronteras del país, particularmente dirigido a evitar el contrabando y el tráfico de drogas prohibidas. Indudablemente, dado el caso, este tipo penal podría concurrir idealmente con el descripto en el Art. 195 inc. b) del presente Anteproyecto (Norma vigente: Art. 864 inc. a) del Código Aduanero: contrabando), y con los descriptos en el Art. 246 incs. c) y d) del presente Anteproyecto (Norma vigente: Art. 5 incs. c) y d) de la ley 23.737: estupefacientes).
El Art. 227 prevé la forma culposa del descarrilamiento o naufragio (Art. 196 CP vigente), manteniendo la misma redacción y con los montos de pena razonablemente disminuidos.
El Art. 228 reproduce la descripción típica y la pena vigentes en el Art. 197 del CP actual, agregando los medios "alámbrico o inalámbrico" a fin de adecuar la figura a la tecnología actual.
Los Arts. 229 y 230 prevén la descripción de tipos nuevos, adaptando la protección de los medios de comunicación a los medios que permite la tecnología actual.
Por último cabe destacar que desaparece la figura del actual Art. 193 del CP: "lanzamiento de cuerpos contundentes contra medios de transporte", obviamente por redundante ya que esa conducta se encuentra comprendida en el Art. 223, al consistir por lo menos en un entorpecimiento de la marcha del tren. La redundancia se da hoy respecto del Art. 191 del CP vigente.

CAPITULO III. Piratería

ARTICULO 231.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años:
a) El que practicare en el mar o en ríos navegables, algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren;
b) El que practicare algún acto de depredación o violencia contra una aeronave en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra personas o cosas que en ellas se encuentren;
c) El que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de un buque o aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas que lleva;
d) El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulación;
e) El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan el buque o aeronave atacado por piratas;
f) El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratería;
g) El que, desde el territorio del Estado, a sabiendas traficare con piratas o les suministrare auxilio.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 198 y 199. Salvo por la eliminación de los supuestos de justificación actualmente contemplados en las segundas partes de los Incs. 1 y 2 del Art. 198 (autorización de potencia beligerante), se mantienen las mismas descripciones típicas para el delito de piratería y sus distintas figuras. La escala penal se disminuye llevándola a prisión de dos a ocho años.

CAPITULO IV. Delitos contra la salud publica.

ARTICULO 232.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que envenenare, contaminare o adulterare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua potable o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 200. Mantiene la misma redacción, salvo por cuanto agrega la acción de contaminar, y reduce la escala penal en uno y dos años respectivamente. Desde ya que habrá que distinguir este tipo del contemplado en el Art. 206 de este Anteproyecto: delitos contra el medioambiente, en el que también está descripta la acción de contaminar suelos o aguas. Entiendo que mientras que en el Art. 206 la contaminación de suelos y aguas importa en tanto perjudique la integridad ecológica de los sistemas naturales, no resultando relevante que haya implicado o no un riesgo para la salud humana, este último elemento sí es necesario que esté presente en el caso del Art. 232. Desde ya que ambos tipos podrían llegar a coincidir de estar presentes ambos elementos: el perjuicio a la integridad ecológica y el riesgo para la salud humana, en cuyo caso se trataría de un concurso ideal. Asimismo se elimina el supuesto en que de la acción típica se derive la muerte de una persona, dado que tal caso quedaría ya contemplado en la previsión del Art. 83: homicidio, e inclusive dado el caso en el art. 84: homicidio agravado por envenenamiento.

ARTICULO 233.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 201. Venta ocultando el carácter nocivo de los productos. Mantiene la misma redacción típica y modifica la pena adecuándolas al Art. 232.

ARTICULO 234.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 202. Propagación de enfermedad contagiosa. Mantiene la misma redacción típica y modifica la pena adecuándolas al Art. 232.

ARTICULO 235.- Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos 232, 233 y 234 fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá de SESENTA (60) a TRESCIENTOS (300) días-multa.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 203. Figura culposa. Mantiene la misma redacción típica y ajusta la pena de multa al sistema del Anteproyecto.

ARTICULO 236.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años o de SESENTA (60) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días-multa el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida, o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 204. Expendio indebido de medicamentos. Mantiene la misma redacción típica y modifica la pena de prisión y ajusta la de multa al sistema del Anteproyecto.

ARTICULO 237.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años, el que falsificare o utilizare ilegítimamente recetas médicas para la adquisición de estupefacientes.

COMENTARIO. Ley 23.737 vigente: Art. 29. Falsificación y uso ilegal de recetas médicas. Simplifica la redacción típica y reduce la escala penal de modo razonable.

ARTICULO 238.- Será reprimido con SESENTA (60) a TRESCIENTOS(300) días-multa el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo [ex 204].

COMENTARIO. CP vigente: Art. 204 ter. Omisión culposa. Mantiene la misma redacción que la disposición vigente ajustando la pena de multa al sistema del Anteproyecto.

ARTICULO 239.- Será reprimido con TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 204 quater. Venta de medicamentos sin receta cuando la requieren. Mantiene la misma redacción vigente, sustituyendo la pena de prisión por multa.

ARTICULO 240.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 205. Propagación de epidemia. Mantiene la actual redacción y también la pena.

ARTICULO 241.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 206. Violación de las reglas de sanidad animal. Mantiene la actual redacción y modifica la pena, aumentando al cuádruple el máximo de prisión. Esto último parece un exceso. Llevar el máximo de pena de prisión de seis meses en este caso, a dos años, parece totalmente inadecuado si se compara con la disposición anterior, referida a la propagación de epidemia. La gravedad de la conducta de propagar una epidemia no puede ser igual a la de incumplir con una formalidad normativa de policía sanitaria animal, salvo que esto último incluya el fin y resultado de propagar una epidemia, en cuyo caso ya está el tipo del Art. 240. Es posible que se haya tratado de un error o inadvertencia material de la Comisión redactora.

ARTICULO 242.- En el caso de condenación por alguno de los delitos previstos en este Capítulo, si el culpable fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial de SEIS (6) meses a OCHO (8) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 207. Funcionario público. Mantiene la misma redacción típica y ajusta adecuadamente en este caso la pena de inhabilitación especial.

ARTICULO 243.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año:
a)el que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito;
b) el que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles;
c)el que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refieren el inciso 1) de este artículo.

ARTICULO 244.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años el que, ilegalmente diere, recibiere, exigiere, ofreciere o aceptare beneficios patrimoniales para obtener o proporcionar órganos o materiales anatómicos. Si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 208. Ejercicio ilegal de la medicina. Se mantienen las mismas descripciones típicas en los tres incisos, y en relación a la pena solamente se aumenta en quince días de prisión el mínimo.

ARTICULO 245.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años, el que, ilegalmente extrajere órganos o materiales anatómicos de cadáveres. Si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. Venta de órganos humanos. Estos Arts. 244 y 245 del Anteproyecto describen tipos penales nuevos. En primer lugar entiendo debería aclararse en la redacción que se refiere a órganos o materiales anatómicos humanos, salvo que en realidad se haya buscado efectivamente comprender a órganos anatómicos de todo animal. Se trata de todas maneras de una propuesta bienvenida, indudablemente necesaria para luchar contra un tráfico que siempre ha generado y genera temores difundidos en la población, que incluyen no pocas hipótesis y conjeturas oscuras y a veces siniestras, dentro de las que muchas veces campean sospechas de inacción por parte del estado y de connivencia de funcionarios públicos. Normas claras que tiendan a describir y sancionar penalmente estas conductas ayudarán a aventar aquellos temores y desconfianzas que tienen un peso negativo de alta significación en el circuito legal de la donación de órganos, cuya importancia hoy es enorme e indiscutible a la hora de salvar vidas, en atención al avance de la medicina actual. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este caso sí, y particularmente en el del tipo del Art. 245, considero que la escala penal es reducida.

ARTICULO 246.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y de SESENTA (60) a QUINIENTOS (500) días-multa, el que sin autorización y con destino ilegítimo:
a) siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación, salvo que estén destinados a obtener estupefacientes para consumo personal;
b) produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes, salvo para consumo personal;
c) comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las de en pago o las almacene o transporte;
d) comercie con plantas o sus semillas utilizables para producir estupefacientes o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte.
Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

ARTICULO 247.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años y multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa, el que ilegalmente entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, la pena será de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años de prisión y multa de QUINCE (15) a CIENTO CINCUENTA (150) días-multa.

ARTICULO 248.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de SESENTA (60) a QUINIENTOS (500) días-multa, el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refiere el artículo 246.

ARTICULO 249.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años y multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa el que entregare o vendiere estupefacientes sin receta médica o en cantidades mayores a las recetadas.

ARTICULO 250.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años y multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS (300) días-multa e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el médico u otro profesional autorizado para recetar que a sabiendas, prescribiere, suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias.

ARTICULO 251.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años y multa de QUINCE (15) a CIENTO CINCUENTA (150) días-multa el que tuviere en su poder estupefacientes, que no estuvieren destinados al consumo personal.
No será punible la tenencia de hojas de coca en su estado natural, destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión.

COMENTARIO. Ley vigente 23.737: Estupefacientes. Los Arts. 246 a 251 de este Anteproyecto tratan los tipos penales referidos a la utilización de drogas prohibidas. A modo de comentario general cabe señalar en primer lugar que despenaliza el consumo personal, y también la siembra, cultivo y producción para uso personal. Se trata de una solución completamente plausible, en un todo acorde con los principios constitucionales vigentes, en particular con el establecido en el Art. 19 de la Constitución Nacional. El Art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737 es indudablemente inconstitucional.
Se mantienen por su parte las figuras de comercialización de estupefacientes, materias primas, elementos, plantas y semillas, con lo que la finalidad tuitiva del bien jurídico salud pública queda incólume. De este modo, el problema completo relativo a las adicciones a los estupefacientes y psicofármacos, y sus consecuencias para la salud de las personas, al igual que las consecuencias que corresponden a las adicciones al tabaco o al alcohol, quedan circunscriptas a la reserva de la decisión personal y a los tratamientos de deshabituación y médicos de desintoxicación y cura correspondientes. Tampoco obsta a las campañas de prevención y adecuada información y educación que son esperables de una correcta política sanitaria y de salud que debe ser implementada por el gobierno a fin de que disminuya en la población el consumo de drogas adictivas.
El inciso d) del actual Art. 5 Ley 23.737 pasa a ser el Art. 247 de este Anteproyecto, referido a la entrega a suministro a título oneroso de estupefacientes.
El Art. 248 corresponde textual a las acciones de organización o financiación previstas en el Art. 7 de la Ley vigente.
El Art. 249 corresponde al Art. 8 vigente de la Ley 23.737, reducida su redacción a la única acción en definitiva relevante de este tipo: la entrega de estupefacientes sin receta médica o en mayor cantidad a la prescripta. Este tipo indudablemente alcanza a los farmacéuticos.
El Art. 250 corresponde al Art. 9 vigente de la ley mencionada, que prevé la conducta equivalente pero del médico que receta o prescribe más allá de lo ajustado a la terapia necesaria.
El Art. 251 prevé el supuesto actualmente contemplado en el Art. 14 primer párrafo de la Ley 23.737, estableciendo en forma expresa que la mera tenencia penada es aquella que supera lo destinado al consumo personal.
El segundo párrafo de este último artículo mantiene la despenalización actualmente vigente del coqueo: Art. 15 de la Ley 23.737.

TITULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO
CAPITULO I. Instigación a cometer delitos.

ARTICULO 252.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de UNO (1) a TRES (3) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 209. Mantiene la misma redacción, depurada de su última parte que es totalmente redundante. Reduce la escala penal de prisión a límites razonables.

CAPITULO II. Intimidación pública.

ARTICULO 253.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos, hiciere señales, diere voces de alarma o amenazare con la comisión de un delito de peligro común.
Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de DOS (2) a SEIS (6) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 211. Se mantiene la misma redacción actual, depurada de elementos redundantes, y se ajusta la pena a límites razonables.

ARTICULO 254.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 212. Se mantiene la misma redacción del tipo penal de incitación a la violencia colectiva, ajustando también a límites razonables la pena.

CAPITULO III. Tráfico y permanencia ilegal de migrantes

ARTICULO 255.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años el que promoviere o facilitares la entrada o salida ilegal de personas por los límites fronterizos nacionales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
En la misma pena incurrirá el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.

COMENTARIO. Ley de Migraciones: 25.871. Esta disposición del Anteproyecto se supone incorporaría al CP las normas penales actualmente contenidas en el Título X, Capítulo VI, Arts. 116 a 121, de la ley de migraciones sancionada el 17 de Diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero de 2004. Haciendo un repaso de las normas penales vigentes de la mencionada ley de migraciones se advierte que algunas descripciones resultarían redundantes. Este artículo 255 del Anteproyecto contiene una descripción típica suficiente y razonable, inclusive en el ajuste del reproche penal que prevé.

COMENTARIO. CP vigente: Libro Segundo - Título VIII. Cabe resaltar en relación al presente Título referido a los delitos contra el orden público, que el Anteproyecto en análisis elimina el tipo penal de la asociación ilícita, contemplada en los Arts. 210 y 210 bis del Código vigente. Una solución acertada en lo que hace a la figura básica de la asociación ilícita. La figura de la asociación ilícita que existe en nuestro Código Penal desde 1921, salvo por el agregado ulterior del agravante del segundo párrafo que introdujera la ley 20.642 en 1974, ha traído numerosas complicaciones desde siempre a la hora de su adecuada interpretación y aplicación a los casos concretos. La asociación ilícita se trata de un tipo penal estructurado sobre la base de la descripción de una conducta que consiste en el mero acuerdo de voluntades estable para cometer delitos indeterminados, expreso o documentado, o tácito o informalmente efectivizado. Así lo ha interpretado siempre la doctrina: Soler, Derecho Penal, T IV, pág. 643; Núñez, Derecho Penal T VI, pág. 186; Fontán Palestra, Derecho Penal Parte Especial, pág. 491, Breglia Arias, Código Penal Comentado, pág. 757, entre otros. Siendo así, implica a mi modo de ver que la ley penal avanza no solo hasta alcanzar actos preparatorios en las descripciones típicas, sino que llega hasta la descripción -para punir- de una etapa más temprana aún de la estructura de la conducta: el momento en que ésta ni siquiera superó el ámbito puramente subjetivo o psicológico de las ideas. Sería así aún cuando estuviésemos frente al caso hipotético de que como mínimo tres personas instrumentaran con registros su acuerdo previendo como objeto social el de cometer delitos en general. No hay noticias de un caso así (salvo un antecedente de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal que en 1931 aplicó dicha calificación a una organización dedicada a la explotación y tráfico de mujeres que llevaba registros, ficheros, etc., que igual entiendo de dudosa solución ya que este tipo requiere la indeterminación delictiva, y en ese caso tenía como objetivo una acción determinada), pero aún en esa hipótesis, tratándose esta figura como se pretende de un delito de peligro, mientras no tenga tal contrato escrito trascendencia, ya sea porque se lo difunda o porque haya avanzado en la disposición efectiva de actos preparatorios que evidencien riesgos concretos y comprobables, la asociación, acuerdo o pacto, seguiría no obstante permaneciendo en el ámbito puramente privado y subjetivo. Y es justamente esa etapa intersubjetiva previa la que describe el tipo del actual Art. 210 del CP, de allí las dificultades que desde siempre ha traído y los adicionales reparos de constitucionalidad. Vicente Idone, en su Código Penal Comentado (Palacio de Justicia Ediciones, 2004, pág. 201) dice: "Pensamos que el legislador debió ser más claro y castigar solo en los casos en que la organización fuere ordenada, clara y precisa, e hiciere algún acto de exteriorización que ofendan al orden y a la moral pública. Recordemos que las acciones privadas mientras no trasciendan están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados: Art. 19, Constitución Nacional". Adviértase además que la imputación del delito de asociación ilícita en la práctica casi siempre sobreviene a partir de acciones determinadas presuntamente delictivas, que llevan a la ulterior comprobación e investigación retrospectiva de la presencia de tres o más personas concurrentes en la acción a las que se les imputa después, además, el delito de asociación ilícita. Entonces, si la asociación ilícita es advertida en la escena recién a partir de la comisión o tentativa de uno o más hechos determinados distintos, reputados de delitos, queda por completo ratificado que la descripción típica del Art. 210 CP es de un conjunto de ideas concurrentes cuando ni siquiera superaron el umbral de una conversación, un acuerdo o pacto, y hasta, si se quiere en aquella improbable hipótesis referida antes, de un papel escrito por tres personas reunidas en torno de una mesa. Y allí es donde radica el mayor problema, ya que si se trata de un delito autónomo que afecta el bien jurídico orden público, consistente en la situación de tranquilidad, paz o serenidad colectiva, para ser autónomo tiene que lograr esa afectación antes de incursionar en los actos preparatorios o la tentativa de uno o más delitos determinados distintos, cosa que parece de una imposibilidad material evidente. Téngase en cuenta además que la jurisprudencia ha ratificado siempre esa autonomía y separación en el pacto en sí y el o los delitos cometidos ulteriormente: "…La asociación ilícita es un delito formal que sólo requiere la intervención de tres o más personas en un acuerdo…" (CNCrim y Corr., Sala I, 14/10/71, LL 144-288); "La mera intervención conjunta de los coprocesados en los hechos delictuosos que se les incimina, no implica un acuerdo preexistente y estable de varios individuos para cometer delitos indeterminados, que es requisito de la asociación ilícita" (C. Apel Crim. C. del Uruguay, 22/12/33, citado en Breglia Arias, op. cit., pág. 757, nota 5; y que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que "…la criminalidad de éstos (delitos contra el orden público) reside, esencialmente, no en la lesión efectiva de cosas o personas, sino en la repercusión que ellos tienen en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que puede suceder… No es posible equiparar el dolo específico exigido en esa figura -la intención de asociarse para cometer delitos- con el que corresponde al autor de cualquier otro delito, pues de lo contrario el tipo penal perdería su autonomía… (de ser así) Falta… la consideración fundada acerca de la existencia del acuerdo de voluntades explícito o implícito que caracteriza la figura, acuerdo que (no puede extraerse) …simplemente de la pluralidad de presuntos hechos delictivos… (En tal caso se habría) perdido de vista el fundamento del tipo penal en cuestión, ya que no se ve claramente en qué medida la supuesta organización para efectuar ventas de armas al exterior pueda producir alarma colectiva o temor de la población… (CSJN, 20-11-01, Stancanelli, Néstor E. y otro). Por su parte, la Cámara Nacional de Casación Penal, en la misma línea de interpretación, sostuvo que "…la jurisprudencia puede decirse que es unánime en el sentido de que el delito de asociación ilícita se comete con independencia de la comisión de uno o más hechos punibles…" (CNac. Cas. Penal, Sala II, 10-05-00, Gorriarán Merlo, Enrique H. y otro). De todo lo expuesto entiendo quedan tan claros los reparos de constitucionalidad por un lado, y por otro la dificultad para encontrar cómo este tipo puede lesionar afectivamente el bien jurídico tranquilidad pública a la vez que preservar su autonomía sin exteriorizarse en por lo menos algún acto preparatorio, reclamada uniformemente por la letra de la ley, la doctrina y la jurisprudencia, que la solución de este Anteproyecto de eliminarlo lisa y llanamente del texto legal se presenta como un acierto incuestionable.
Desaparece también la figura de asociación ilícita calificada, prevista en el actual Art. 210 bis del CP. En este caso el texto vigente sí incluye como elementos necesarios del tipo la presencia de actos preparatorios visibles, que superan el "mero pacto" formal o informal. Los supuestos actualmente enumerados en los incisos a) a h) constituyen clarísimas manifestaciones externas adicionales al acuerdo ilícito básico, como elementos típicos adicionales, susceptibles de trascender y afectar, aquí sí, a la paz o tranquilidad social que es el bien jurídico tutelado. Por eso es que en este caso considero que es observable que se lo elimine. En realidad pareciera que tendría que mantenerse ésta como figura básica de la asociación ilícita.

TITULO XI
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION
CAPITULO I. Traición

ARTICULO 256.- Será reprimido con prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta o se uniere a sus enemigos prestándole cualquier ayuda o socorro.

ARTICULO 257.- Será reprimido con prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que cometiere el delito previsto en el artículo 256, en los casos siguientes:
a) Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad;
b) Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.

ARTICULO 258.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6)años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 214 y 215. El Art. 256 mantiene la misma descripción típica básica del delito de traición, que a su vez reproduce -no podría haber hecho otra cosa- la descripción del texto del Art. 119 de la Constitución Nacional. Lo mismo sucede respecto de las figuras calificadas por agravación del artículo siguiente. En ambos casos ajusta las penas de prisión a los límites razonables generales del Anteproyecto.

ARTICULO 259.- Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.

ARTICULO 260.- Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.
Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 38.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 216 a 218. Se mantienen las mismas descripciones para el delito de traición calificada por atenuación, reduciendo la pena (Art. 258), para el supuesto de exención de pena (art. 259) y para el caso de acciones contra una potencia aliada (Art. 260).

CAPITULO II. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación

ARTICULO 261.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres a quince años de prisión.

ARTICULO 262.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2)años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra o los salvoconductos debidamente expedidos.

ARTICULO 263.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera.

ARTICULO 264.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación.
En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

ARTICULO 265.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo 264, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.

ARTICULO 266.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 267.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

ARTICULO 268.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a DIEZ (10) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 219 a 225. Mantiene la misma redacción y pena s vigentes en todos los casos, salvo el supuesto de negociación perjudicial del Art. 268 en que reduce en un año el mínimo de la escala de prisión, actualmente es de tres años.

TITULO XII
DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS, EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA VIDA DEMOCRATICA

CAPITULO I. Alzamiento en armas y concesión de facultades extraordinarias

ARTICULO 269.- Serán reprimidos con prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.
Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de OCHO (8) a VEINTICINCO (25) años de prisión.

ARTICULO 270.- El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 269, será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.

ARTICULO 271.- Serán reprimidos con prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, los miembros del Congreso que formulen, consientan, firmen o concedan al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales o legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que concedieren a los Gobernadores de provincia o al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona.

ARTICULO 272.- Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 257 para los traidores a la patria, con la disminución del artículo 39, segundo párrafo, e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, los miembros de alguno de los poderes del Estado nacional, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que consintieran la consumación de los hechos descriptos en el artículo 269, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes.
Se aplicará de UNO (1) a OCHO (8)años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, a quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos de los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de organismos descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado; sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o miembros del ministerio público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales. Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales.

ARTICULO 273.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, el que tomare parte en una organización de TRES (3) o más personas destinada a cometer algunos de los delitos previstos en este Capítulo, por el solo hecho de ser miembro de la organización.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 226 a 228. Para el supuesto de alzamiento en armas se mantienen los dos primeros párrafos y las mismas penas del actual Art. 226, eliminando su último párrafo que incluye una agravante para el caso de que los autores tuvieren estado o empleo militar. Lo mismo sucede con el tipo de la amenaza pública de alzamiento en armas del artículo siguiente. En el caso del art. 271, referido a las facultades extraordinarias y suma del poder público (Art. 29 de la Constitución Nacional), se mantiene el texto vigente pero mejorado en su redacción y agregando los supuestos de "consentir" y "firmar", e incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un estado cuyos funcionarios previstos en el tipo podrían ahora incurrir en igual delito. La solución es acertada en ambos casos. Pero la pena es distinta, ahora sería de 5 a 20 años de prisión. También se mantiene íntegra, con el agregado de los supuestos correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la redacción típica y penas del actual Art. 227 bis, correspondiente a la sanción a quienes consientan el alzamiento contra el orden constitucional y la deposición de sus autoridades legales, y legitimen a las autoridades de facto permaneciendo en los cargos estratégicos enumerados. Desaparece el actual Art. 227 ter, solución correcta ya que esta disposición es por completo redundante e innecesaria, riesgosa de incurrir en posibles violaciones al principio non bis in idem, como ya se lo ha observado, y también se elimina el actual Art. 228 referido a la ejecución "sin pase del gobierno" de concilios o bulas papales. Pero se agrega en el Art. 273 de este Anteproyecto una figura de asociación ilícita especial que tenga como fin el alzamiento en armas y la concesión de facultades extraordinarias, con lo que me parece que se incurre en una contradicción con la plausible decisión de eliminar la asociación ilícita del actual Art. 210 (ver comentario al Libro Segundo - Título VIII), mientras no se le incluya a esta figura algún elemento típico que implique trascendencia y efectiva afectación de la tranquilidad social.

CAPITULO II. Sedición

ARTICULO 274.- Serán reprimidos con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley.

ARTICULO 275.- Serán reprimidos con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena:
a) Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional);
b) Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 229 y 230. Mantiene las mismas redacciones típicas y penas, salvo por cuanto agrega en ambos casos la pena adicional de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.

CAPITULO III. Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes

ARTICULO 276.- El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

ARTICULO 277.- El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos.

ARTICULO 278.- Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación absoluta de UNO (1) a SEIS (6) años.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 231 a 236. Cabe señalar que a estas disposiciones comunes a los capítulos precedentes se les da una adecuada redacción. En primer lugar se elimina el actual Art. 231, que se refiere a disposiciones de tipo operativas o procedimentales ante una situación de rebelión, totalmente ajenas al derecho penal. Se elimina también el actual Art. 232, cuyo supuesto queda claramente subsumido en el Art. 276 de este Anteproyecto, el que reproduce textualmente a su vez el actual Art. 233. Se mantiene la misma redacción típica del supuesto de seducción de tropas del actual Art. 234, y la redacción en el Art. 278 de este Anteproyecto del supuesto de no resistencia a la rebelión contemplado en el segundo párrafo del actual Art. 235. Se eliminan el primero y último párrafo del actual Art. 235 y el actual Art. 236, en todos los casos sobreabundantes.

CAPITULO IV. Delitos electorales

ARTICULO 279.- Se impondrá prisión de QUINCE (15) días a SEIS (6) meses e inhabilitación especial para ejercer derechos políticos por el tiempo de la condena, a quienes detuvieran, demoraran y obstaculizaran por cualquier medio a los correos, mensajeros o encargados de la conducción de urnas receptoras de votos, documentos u otros efectos relacionados con una elección.

ARTICULO 280.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación especial para ejercer derechos políticos por el tiempo de la condena, a quien:
a) Suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra manera emitiere su voto sin derecho;
b) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
c) Sustrajere, destruyere o sustituyere boletas de sufragio desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;
d) Sustrajere, antes de la emisión del voto, boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare;
e) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare u ocultare una lista de sufragios o acta de escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el escrutinio de una elección;
f) Falseare el resultado del escrutinio;
g) Falsificare un padrón electoral o a sabiendas lo utilizare en actos electorales.

COMENTARIO. Ley 19.945 vigente: Código Electoral Nacional. Se trata de la incorporación al Código Penal de las disposiciones penales especiales contenidas en el Código Electoral Nacional. El Art. 279 de este Anteproyecto reproduce el Art. 134 de la ley 19.945 con disminución de la escala mínima. El Art. 280 enumera distintos supuestos típicos, aunque entiendo que no incluye todos los casos previstos en los Arts. 129 a 145 del mencionado Código Electoral, por lo que de sancionarse este Anteproyecto de Reforma quedarían varias disposiciones penales especiales vigentes por separado. Por razones de una adecuada sistematización sería conveniente unificarlas de modo que queden las disposiciones penales completas en este Capítulo.

TITULO XIII
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
CAPITULO I. Atentado y resistencia contra la autoridad

ARTICULO 281.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años, el que mediante fuerza en las cosas o intimidación contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, le exigiere la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

ARTICULO 282.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

ARTICULO 283.- En el caso de los artículos 281 y 282, la prisión será de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años:
a) Si el hecho se cometiere con arma de fuego cargada y apta para el disparo;
b) Si el autor fuere funcionario público;
c) Si se ejerciera violencia en la persona.
En el caso de ser funcionario público, el culpable sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

ARTICULO 284.- Para los efectos de los artículos 282 y 283, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

ARTICULO 285.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a SEIS (6) meses o de QUINCE (15) a CIENTO OCHENTA (180) días-multa:
a) El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones;
b) El que sin estar comprendido en el artículo 281, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.

ARTICULO 286.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a SEIS (6) meses y multa de QUINCE (15) a TRESCIENTOS (300) días-multa, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviera de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.
En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al culpable, inhabilitación especial de UN (1) mes a UN (1) año.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 237 a 243. Se mantienen las redacciones vigentes, mejorando claramente las respectivas redacciones. Se aumentan las penas en varios casos. Se elimina el supuesto del actual Art. 242, claramente redundante por estar la descripción comprendida en la figura del abuso de autoridad (Art. 248 del CP vigente y 289 de este Anteproyecto).

COMENTARIO. Se elimina el actual Art. 245, falsa denuncia, ya que acertadamente se traslada este tipo a una de las formas del falso testimonio (ver Art. 318 de este Anteproyecto).

CAPITULO II. Usurpación de autoridad, títulos u honores

ARTICULO 287.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año:
a) El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente;
b) El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas;
c) El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

ARTICULO 288.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente.
Será reprimido con multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días-multa, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 246 y 247. Mantiene las mismas redacciones típicas. Unifica la escala penal en un mes a un año, y elimina la pena adicional de inhabilitación especial contenida en el Art. 246 primer párrafo del CP vigente.

CAPITULO III. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

ARTICULO 289.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

ARTICULO 290.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que, indebidamente, usare en beneficio propio o de un tercero la publicidad de los actos, programas, obras, servicios o campañas de los órganos estatales, solventada con fondos públicos.

ARTICULO 291.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

ARTICULO 292.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

ARTICULO 293.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.

ARTICULO 294.- Será reprimido con multa de TREINTA (30) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días-multa e inhabilitación especial de UN (1) mes a UN (1) año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

ARTICULO 295.- Será reprimido con multa de TREINTA (30) a QUINIENTOS (500) e inhabilitación especial de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 248 a 253. Se mantienen en términos generales las mismas redacciones vigentes, con las siguientes variantes: se incrementan las penas, desaparece la figura a todas luces redundante del actual Art. 248 bis, que está comprendida en la del Art. 291 (249 vigente), y se incluye en el Art. 290 la acción de usar en beneficio indebido propio o de un tercero publicidades, programas o campañas estatales solventados con fondos públicos. Pareciera que se pretende penar la producción de publicidad proselitista personal o partidaria utilizando fondos públicos, lo cual resulta totalmente plausible, pero entiendo que la redacción es confusa, ya que de ser ese el objetivo, la redacción típica lleva a otro lado. En efecto "usar en beneficio propio una campaña estatal solventada con fondos públicos" podría implicar el caso de que el ministro de seguridad esté incluido en un mensaje a la población proponiendo la reducción de las armas domiciliarias, o que el ministro de salud forme parte de una serie de spots en los que llame a prevenir ciertas enfermedades indicando los consejos correspondientes; en ambos casos a nadie se le ocurriría que estarían cometiendo este delito, no obstante se dan indudablemente los elementos típicos: las campañas serían estatales, solventadas con recursos públicos y sin dudas implicarían un indudable beneficio para el ministro respectivo que reafirmaría su buena imagen pública por cumplir adecuadamente con sus funciones. No creo que haya sido el objetivo de la Comisión Redactora comprender estos casos, sino más bien el mencionado al principio, o cuando el programa, publicidad o campaña resulte manifiestamente una excusa denotando en forma clara que se trata de una propaganda personal o partidaria. En este caso, podría sugerirse como nueva redacción: "el funcionario público que indebidamente usare fondos públicos en beneficio propio o de un tercero, en actos, programas, obras, servicios o campañas de los órganos estatales, cuando manifiestamente tengan como único fin resaltar la imagen personal o carácter proselitista".

CAPITULO IV. Violación de sellos y documentos

ARTICULO 296.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, el que violare los sellos, fajas, barras o cualquier otro medio puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa.
Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de SESENTA (60) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días-multa.

ARTICULO 297.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a CUATRO (4) años, el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público.
Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de SESENTA (60) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días-multa.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 254 y 255. Se mantienen con alguna mejora las redacciones vigentes, ajustando las penas de multa al nuevo sistema.

CAPITULO V. Cohecho y tráfico de influencias

ARTICULO 298.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta solicitare o aceptare dinero o cualquier otra dádiva, favor, ventaja o una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 256. Se trata de la figura del cohecho o coima, como es invariablemente conocida en la Argentina. Se la define mejor mediante una redacción más clara y acorde con su sentido universalmente aceptado: el funcionario público que pide para hacer o no hacer algo relativo a sus funciones. Y correctamente aumenta la escala penal sumando un año al mínimo y dos al máximo.

ARTICULO 299.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena para ejercer la función pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o aceptare dinero o cualquier otra dádiva o favor o ventaja o una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión se elevará a DOCE (12) años y la pena de inhabilitación especial de CINCO (5) a VEINTE (20) años.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 256 bis. Se trata del tipo de tráfico de influencias. Mantiene la misma redacción en ambas figuras y aumenta la escala penal a los mismos límites que el artículo anterior.

ARTICULO 300.- Será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DOCE (12) años e inhabilitación especial de OCHO (8) a VEINTE (20) años, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 257. Es la figura del cohecho o coima cometido por funcionario judicial. Mantiene la redacción y la misma pena de prisión, pero suma la de inhabilitación especial.

ARTICULO 301.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas, favores, promesas o ventajas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 298 y 299, primer párrafo. Si la dádiva, el favor, la promesa o la ventaja se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 299, segundo párrafo, y 300, la pena será de prisión de DOS (2) a OCHO (8) años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

ARTICULO 302.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena años para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 258 y 258 bis. Son las figuras que comprenden las conductas de quien ofrece dádivas con el fin de obtener alguna conducta de las tipificadas anteriormente, a un funcionario nacional en el primer caso, y a uno extranjero en el segundo, en cuyo caso se elevan las penas.

ARTICULO 303.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.
El que presentare un ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 259. Este es el caso conocido como cohecho menor o "agradecimiento", en el que no se trata de condicionar la obtención de un acto funcional determinado, sino de reconocimientos por actos ya realizados sin condicionamiento. Aquí la palabra dádiva es tomada en su acepción como "regalo", "gratificación", "presente". Se mantiene la misma redacción tanto para el agente activo como para el pasivo, y la misma pena en ambos casos.

CAPITULO VI. Malversación de caudales públicos

ARTICULO 304.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años e inhabilitación especial de SEIS (6) meses a SEIS (6) años y multa del VEINTE POR CIENTO (20%) al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la cantidad distraída, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administre una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados, si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio al que estén previstos.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 260. Se mantiene la misma redacción típica, pero a las penas de inhabilitación y multa se le agrega la de prisión, cosa que resulta totalmente correcto, e inclusive pareciera exiguo el monto de pena en este caso por las ampliamente conocidas consecuencias perjudiciales de carácter social que este tipo de maniobras entrañan, lo cual hace a estas conductas mucho más reprochables que cualquier otro tipo de afectación individual al derecho de propiedad.

ARTICULO 305.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a DIEZ (10) años e inhabilitación especial de CINCO (5) a VEINTE (20) años, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 261. Sustracción de caudales públicos. Mantiene la misma redacción y pena, y modifica la pena de inhabilitación especial.

ARTICULO 306.- Será reprimido con multa del VEINTE POR CIENTO (20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor sustraído e inhabilitación especial de UN (1) mes a CUATRO (4) años, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

ARTICULO 307.- Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 263. Sujetos comprendidos. Mantiene la misma redacción vigente.

CAPITULO VII. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

ARTICULO 308.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga por razón de su cargo, aunque no exista perjuicio particular para la administración pública.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 265. Reproduce el texto vigente, disminuyendo la pena, y agregando un párrafo final a mi juicio redundante.

ARTICULO 309.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a SEIS (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo tiempo que el de la condena, el funcionario público que abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente con destino a la administración pública, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que les corresponda.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 266. Delito llamado de concusión. Se mejora su redacción, superando las dificultades hermenéuticas que la redacción vigente tiene y que llevan a superponerla con el cohecho y con la dádiva. Esto se logra incluyendo el elemento "destino a la administración pública", lo cual lo diferencia claramente de los otros tipos mencionados. Se aumenta la escala penal.

ARTICULO 310.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años e inhabilitación especial de CINCO (5) a VEINTE (20) años el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de terceros las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

CAPITULO VIII. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos

ARTICULO 311.- Será reprimido con pena de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años, multa del CINCUENTA POR CIENTO (50%) al CIENTO POR CIENTO (100%)del valor del enriquecimiento e inhabilitación especial por igual tiempo de la condena, el funcionario público que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.
Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.
El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.
En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 268. Enriquecimiento ilícito. Este Anteproyecto mantiene las mismas descripciones típicas y aumenta la pena en el caso de la figura básica del enriquecimiento ilícito.

CAPITULO IX. Prevaricato

ARTICULO 312.- Sufrirá prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.
Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de DOS (2) a OCHO (8) años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.
Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 269. Prevaricato. Mantiene este Anteproyecto la redacción del tipo penal vigente, sumando la pena de prisión a la figura básica y modificándola en la calificada del segundo párrafo.

ARTICULO 313.- El juez que por imprudencia, negligencia o inobservancia grave de derecho, dictare resoluciones u órdenes manifiestamente ilegítimas, será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 270. Figura culposa. Sustituye acertadamente la redacción de la actual disposición, que es bastante confusa, ya que no se sabe si tipifica una forma culposa o dolosa, en cuyo caso en primer lugar estaría la conducta comprendida en la previsión de la figura básica, y luego, por el nivel de afectación y reprochabilidad consecuente, no es congruente una pena exclusivamente de multa, y además de carácter menor.

ARTICULO 314.- Será reprimido con pena de prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 271. Mantiene la misma redacción, sumándole la pena de prisión a la inhabilitación.

ARTICULO 315.- La disposición del artículo 314 será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 272. Conserva la misma redacción vigente.

CAPITULO X. Denegación y retardo de justicia

ARTICULO 316.- Será reprimido con pena de prisión de UNO (1) a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el juez que se negare a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.
En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de la justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.

ARTICULO 317.- El funcionario público que faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con prisión de UNO (1) a TRES (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 273 y 274. Mantiene la misma redacción vigente en ambos casos, salvo la eliminación de la última parte del Art. 317, por completo razonable. Agrega la pena de prisión en ambos casos.

CAPITULO XI. Falso testimonio

ARTICULO 318.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, el testigo, denunciante, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.
Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de DOS (2) a OCHO (8) años de prisión. Sufrirá además el perito o intérprete la pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

ARTICULO 319.- La pena del testigo, denunciante, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará en UN TERCIO (1/3) del mínimo y del máximo.
El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 275 y 276. Conserva las mismas redacciones, con el agregado de la figura del "denunciante" a este tipo, y la adecuación de las penas.

CAPITULO XII. Encubrimiento

ARTICULO 320.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que, después de haberse cometido un delito en el que no hubiera participado y sin que mediara promesa anterior de hacerlo, ayudare a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta misma o el que, estando obligado a hacerlo, omitiere dar noticias del hecho. La misma pena se aplicará al que ocultare o hiciera desaparecer o alterare los rastros o pruebas del delito.
Incurrirá en la misma pena y sufrirá además una multa del cincuenta por ciento del valor de los bienes, el que por cualquier medio facilitare la justificación ficticia del origen de bienes o ganancias provenientes de un delito o el que ayudare a invertirlos, disimularlos o convertirlos.

ARTICULO 321.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años el que adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o bienes que sabe provenientes de un delito en el que no haya participado. La pena se elevará en UN TERCIO (1/3) del mínimo y del máximo cuando el autor obrare por ánimo de lucro o lo hiciera con habitualidad o aprovechando las facilidades de su profesión o empleo.

ARTICULO 322.- Estarán exentos de pena por los delitos previstos en los artículos anteriores los que hubieren obrado para favorecer a un ascendiente, descendiente o hermano o a su cónyuge, conviviente, amigo íntimo o persona a la que debiera especial gratitud, siempre y cuando no lo haya hecho por precio o con ánimo de lucro.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 277. Se mejora adecuadamente la redacción, describiendo con claridad los distintos supuestos típicos, y también los de exención de pena. Se eliminan los Arts. 277 bis y 277 ter. Se quita de este capítulo lo concerniente a lavado de activos de origen ilícito: Arts. 278 y 279 del Código vigente.

CAPITULO XIII. Evasión y quebrantamiento de la pena

ARTICULO 323.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

ARTICULO 324.- Será reprimido con pena de prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.
Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con pena de prisión de UN (1) mes a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

ARTICULO 325.- El que quebrantare una pena de inhabilitación judicialmente impuesta por la comisión de un delito será reprimido con prisión de DOS (2) meses a DOS (2)años.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 280 y 281. Se mantienen las mismas redacciones, con un ajuste en las penas.

TITULO XIV
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

CAPITULO I. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito

ARTICULO 326.- Serán reprimidos con prisión de TRES (3)a DIEZ (10) años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación.

ARTICULO 327.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a CINCO (5) años, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada.
Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión.

ARTICULO 328.- Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de QUINCE (15) a NOVENTA (90) días-multa.

ARTICULO 329.- Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los billetes de banco, títulos, cédulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o débito, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco girado.

ARTICULO 330.- Serán reprimidos con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 282 a 287. Se mantienen, con algunas correcciones de mejor redacción, los mismos textos vigentes, ajustando las penas.

CAPITULO II. Falsificación de sellos, timbres y marcas

ARTICULO 331.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años:
a) El que falsificare sellos oficiales;
b) El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.

ARTICULO 332.- Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3)años:
a) El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados;
b) El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte;
c) El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley.

ARTICULO 333.- Será reprimido con prisión de QUINCE (15) días a UN (1) año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición.
El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, marcas o contraseñas inutilizados, será reprimido con QUINCE (15) a NOVENTA (90) días-multa.

ARTICULO 334.- Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Arts. 288 a 291. Se mantienen las mismas redacciones típicas, ajustando las penas de multa.

CAPITULO III. Falsificación de documentos en general

ARTICULO 335.- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, si se tratare de un instrumento privado.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 292. Se mantiene textual el primer párrafo vigente, eliminando los actuales segundo y tercer párrafo. Se trata de una solución correcta ya que no hay razón para diferenciar una figura agravada por tratarse de documentos de identidad, titularidad de dominio o habilitación para circular, que siguen siendo documentos públicos, o aquellos que corresponden a las fuerzas armadas o de seguridad. Esta última previsión es un producto propio del estado represivo de la dictadura militar. El Artículo 335 mantiene las mismas penas de prisión en ambos casos.

ARTICULO 336.- Será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 293. Replica el texto actual y mantiene la misma pena. Elimina congruentemente el segundo párrafo en razón de lo comentado respecto del artículo anterior.

ARTICULO 337.- El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos 335 y 336, en los casos respectivos.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 294. Repite el texto actual, sin variantes.

ARTICULO 338.- Sufrirá prisión de UN (1) mes a DOS (2) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.
La pena será de UNO (1) uno a CUATRO (4) años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un establecimiento de salud u hospital.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 295. Mantiene la misma redacción actual, con un adecuado ajuste en su texto. Aumenta la pena en el primer caso y agrega la de inhabilitación especial.

ARTICULO 339.- El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 296. Mantiene la misma redacción actual.

ARTICULO 340.- Para los efectos de este Capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 329.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 297. Mantiene la misma redacción actual.

ARTICULO 341.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

COMENTARIO. CP vigente: Art. 298. Mantiene la misma redacción actual. Es de mencionar que desaparece la figura culposa actualmente prevista en el Art. 293 bis.

Dr. Ciro Annicchiarico

El Estudio Jurídico Ciro Annicchiarico & Asociados brinda asesoramiento y apoyo en derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos.

La República Argentina ha ingresado de plano en una dimensión jurídica global, que comenzó a transformar profundamente su perspectiva en la visión del derecho y consecuentemente de los instrumentos y procedimientos disponibles para la resolución de los conflictos jurídicos, en particular aquellos relacionados con la violación de los derechos humanos. La concepción casi aldeana para el abordaje de nuestros asuntos, característica del Siglo XX, es historia indiscutiblemente.

En general, y particularmente en materia de derechos humanos, tanto los estados como los ciudadanos están cada vez más inmersos en una realidad mundial que avanza hacia lo que muchos especialistas vislumbran como federalismo mundial. Es decir, desde una ya irreversible experiencia de regionalización, de consolidación de organismos regionales para la toma de decisiones y resolución de conflictos, tanto políticos como propios de la administración de justicia, se advierte que marchamos hacia un futuro no muy lejano en el que se consolidarán también organismos equivalentes de incidencia mundial. No puede negarse el peso que tienen hoy organismos políticos regionales como la OEA, la Unión Europea, la Unión Africana recientemente creada, y como organismos judiciales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Con una proyección mundial existen desde hace años la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. El punto más alto al que recientemente se ha llegado, es al establecimiento y vigencia de la Corte Penal Internacional derivada del Estatuto de Roma, Convención internacional aprobada el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Es evidente que el derecho dejó de ser, solamente, lo que dicen nuestros jueces.

La República Argentina firmó y ratificó los tratados internacionales más importantes sobre derechos humanos, que tienen una incidencia inequívoca en materia de seguridad y de derecho penal. Y desde la Reforma de la Constitución Nacional en 1994, que les dio a esos tratados jerarquía constitucional, esa incidencia es incuestionable.

Los ciudadanos hoy, en el reclamo de justicia, pueden ir más allá de los superiores tribunales provinciales y más allá también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones violen las leyes y los tratados, independientemente de fallos locales o nacionales que puedan beneficiarlos, en muchos casos han de verse requeridos como consecuencia de la intervención de organismos y tribunales internacionales. Frente a éstos la posibilidad de lobby, negociación o componenda es enormemente improbable.

Esta realidad hace que cobre gran importancia el conocimiento de los instrumentos internacionales que nos rigen, que reglan hoy plenamente las relaciones en el plano regional y mundial, y los organismos y tribunales internacionales competentes a los que recurrir en búsqueda de la justicia que se considere localmente negada. Para los funcionarios, por su parte, se advierte la superlativa importancia de conocer con precisión cómo ajustar sus actuaciones a la normativa internacional incorporada a nuestro derecho interno, de modo que en el ejercicio de las respectivas funciones exista un adecuado ajuste evitándose el reclamo desde las competencias internacionales.

Por último, para los hombres del derecho resulta inexcusable su adecuada preparación en el conocimiento de este amplio universo jurídico que definitivamente ha llegado. El marco normativo internacional y local, las reservas y presentaciones ante los organismos internacionales, el seguimiento de los casos, son aspectos del derecho que deberemos incorporar, definitivamente, en nuestra agenda diaria.

Consúltenos la situación que lo preocupa.

UN PROYECTO DE LEY QUE PONE EN RIESGO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

CRITICAR A UN RELIGIOSO SE CONVERTIRÁ EN DELITO

ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROYECTO DE LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA, CREACIÓN DE REGISTROS, ETC.

Cámara de Diputados de la Nación
Expte. 6879-D-2008
Trámite parlamentario 182 (18/12/08)
Firmantes: Diputados Hotton, Pinedo, Sciutto, Moran, Fabris, García Hamilton, Lusquiños, Erro, Katz, Morante, Iglesias.
Comisiones: Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General, Legislación Penal.

Por: Ciro Annicchiarico

I.

En primer lugar, sin que pretenda ser este un análisis exhaustivo del proyecto de ley, o del derecho civil en la materia, se me ocurre que este proyecto, que pretende sustituir a la ley 21.745 (Registro Nacional de Cultos), es en gran medida superfluo: todo lo que establece referido a las religiones, salvo los aspectos que hacen a los registros, como por ejemplo a la libertad de pertenecer o no a una asociación con fin lícito, de salir y entrar de ella, de ser protegido por la ley ante hechos de violencia, entre otras redundancias, ya rige, ya está todo establecido en la ley vigente, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales ratificados por la República Argentina, y en particular en los Tratados de Derechos Humanos que desde 1994 tienen jerarquía constitucional. Bastaba en todo caso con modificar pautas de registros y los tres o cuatro artículos del Código Civil que se refieren exclusivamente a la Iglesia Católica, de modo que las referencias tuitivas se generalizaran.

II.

Luego, soslayando aquella observación, advierto que en los Arts. 1 y 2 (enumeración de derechos específicos que comprende la libertad religiosa), llamativamente, no se incluyó el "derecho a no profesar religión alguna", como necesario e inexcusable derecho correlativo. Adviértase que el Art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trata sobre la libertad religiosa, empieza diciendo: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", lo cual, al incluir la libertad de pensamiento, es un concepto mucho más claro, requiere menos trabajo hermenéutico, porque "libertad de pensamiento y de conciencia" es un concepto más amplio que "libertad de religión y de conciencia". De modo que queda allí más clara y fuera de toda duda la inclusión de la "libertad o derecho de no profesar religión". El anteproyecto parece seguir solamente el Art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La libertad de pensamiento se la refirió en los fundamentos del proyecto, pero no en la parte dispositiva.

Entonces: ¿por qué motivo en la redacción de los Arts. 1 y 2 de este proyecto no se especificó ese derecho correlativo? O, por lo menos, ¿por qué no se acudió directamente al texto de todos los Tratados vigentes? Aunque, lo correcto hubiera sido un texto distinto, del tipo o similar al que propongo al final.

Esta omisión, que no me parece producto de la inadvertencia -habría que dudar en tal caso de la capacidad técnica de las Comisiones parlamentarias intervinientes, cosa que desde ya descarto- tiene relevancia al momento de analizar una de las reformas penales a las que me referiré más adelante.

III.

El Art. 7 inc. 2 es consecuencia del Art. 2 de la Constitución Nacional, el que dispone que el gobierno federal sostiene al culto católico apostólico romano. Modificarlo requeriría una reforma constitucional.

IV.

Respecto del Art. 13 del proyecto, en el fondo, no veo cuál es la diferencia con las consecuencias jurídicas de reconocer cualquier otra asociación civil, ya vigentes en el derecho de fondo.

V.

El Art. 16, inc. 3 del proyecto, establece una prerrogativa de privilegio discutible, que puede dar lugar a maniobras tendientes al fraude fiscal.

VI.

Modificaciones al Código Civil

Las modificaciones a distintos artículos del Código Civil son meras adecuaciones a los fines de la nueva ley -libertad religiosa-, no advierto que entrañen problemas. A decir verdad, si el objetivo del proyecto legal es equiparar, dentro del concepto de libertad religiosa, a las demás creencias y ritos distintos de la Iglesia Católica -aunque solo en parte ya que ésta goza del privilegio exclusivo de ser sostenida por el estado federal, con los impuestos que pagamos todos los argentinos, seamos o no creyentes-, bastaba a mi juicio con estas simples reformas a distintos artículos del Código Civil.

VII.

Reformas al Código Penal

1.

Reforma al Art. 160 del CP, turbación de reuniones (de 15 días a tres meses de prisión). Este proyecto incluye a las reuniones religiosas en la protección penal, a cuya turbación además le aumenta la pena (3 meses a un año de prisión). Es criticable. ¿Por qué motivo una reunión religiosa es un bien jurídico más valioso que una reunión social, deportiva, científica o cualquier otra lícita, de modo que merezca aquélla una protección mayor, por vía de calificación por agravación y consecuente mayor pena? Para quienes no creemos en religión alguna, el derecho a no ser turbados en una reunión lícita no religiosa, debe tener equivalente protección. La diferente protección es violatoria del derecho constitucional a la igualdad ante la ley: Art. 16 de la Constitución Nacional.

2.

En el Título V "Delitos contra la libertad", el proyecto incorpora un nuevo capítulo: VII, arts. 161 bis a 161 quinto.

Todos estos nuevos tipos penales son supuestos de ejercicio de algún tipo de violencia, con el fin de que otro haga o no algo relativo a alguna religión, o si alguien se hace pasar por clérigo de una religión para engañar, o supuestos de profanaciones de tumbas, sepulcros u objetos considerados sagrados. Aunque no se define el concepto de "sagrado" como un elemento objetivo del tipo penal (hubiera sido de mejor técnica introducirlo y darle contenido en los Arts. 77 y ss del CP), lo cierto es que en general estas disposiciones no implican mayor problema ni riesgo. Pero a parte de eso, lo cierto es que estas nuevas figuras se presentan como superfluas, ya que de hecho ese tipo de conductas violentas, sean o no contra una entidad religiosa o alguno de sus miembros, ya están previstas por la ley penal en diversas figuras típicas, y el mayor o menor reproche en cada caso bien puede medirse, a los fines de la pena, a partir de lo previsto en los Arts. 40 y 41 del CP.

3. Lo más grave de este proyecto.

El problema de este proyecto, en realidad, está en otro lado, aspecto que sí merece una vehemente oposición:

El Art. 161 cuarto, que esta reforma propone agregar al CP, prevé prisión de seis meses a dos años para quien "agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio o por el hecho de serlo". Aquí está el problema, que puede dar lugar a riesgosas interpretaciones:

Respecto de la "agresión de hecho" (se refiere a acto de violencia física) no hay problema, incluso es también redundante considerando la ley vigente. Aunque esta disposición no se hubiese incluido, las conductas parece que se asimilarían a las lesiones, en cualquiera de sus figuras (leves, graves o gravísimas): cualquier agresión física, a cualquier persona por el hecho de serlo, ya está prevista en la ley penal.

El problema está en la parte que expresa: "agrediere… de palabra". Si en tal caso por agresión se entiende algún supuesto de "injuria o calumnia", conforme a los Arts. 109 y 110 del C.Penal, aunque se trate de disposiciones discutidas respecto de las cuales muchos penalistas abrogamos por su derogación, por obsoletas y condicionantes de la libertad de expresión, cabría decir lo mismo: no hacía falta incluir otra disposición más, igual a una ya existente en la ley penal. Además, le brinda a esta nueva figura la categoría de delito de acción pública, ya que este proyecto no reforma los Arts. 71 y ss del CP -particularmente el 73- de modo que el nuevo tipo penal queda excluído de los supuestos de delitos de acción privada, siendo de una referencia descriptiva idéntica a las conductas de los mencionados Arts. 109 y 110, las que sí implican delitos dependientes de acción privada.

Ahora bien, si por "agresión de palabra" a alguien, desaprensiva o intencionadamente, se le ocurriese entender "crítica", "cuestionamiento", "manifestación de opinión adversa", aún cuando fuere efectuada de manera vehemente, entonces sí estaríamos mal. Estaríamos mal en tal caso porque la ley estaría impidiendo o coartando la libre expresión de las ideas, dentro de las que caben las de cuestionar las creencias de otros y poder decirlo libremente. La libertad religiosa implica la libertad de no ser religioso, de modo que al derecho de las religiones de difundir su pensamiento para captar adherentes, se le contrapone el derecho de los no religiosos a difundir su correlativo pensamiento crítico, buscando que los demás no adhieran a creencias religiosas, se aparten de la que tienen o adscriban al ateismo.

Este proyecto en ese aspecto parece invadir, peligrosa y en tal caso inconstitucionalmente, el lugar del derecho al debate y a la crítica de ideas. Es grave.

No me caben dudas que una correcta jurisprudencia declararía la inconstitucionalidad de una interpretación semejante, ordenando una adecuada interpretación de esa ley en caso de ser sancionada. Pero lo cierto es que hasta que eso suceda daría lugar a una serie de situaciones irregulares y perjudiciales que bien podrían evitarse con una adecuada redacción.

Allí es donde se ve la consecuencia grave de haber omitido, en los Arts. 1 y 2 del proyecto, el correlativo y necesario "derecho a no profesar religión alguna", porque el derecho a no profesar religión es también una convicción, un cuerpo de ideas, que origina el consiguiente derecho a expresarlo libremente.

Para que este trabajo no resulte solo una cadena de críticas, propongo los siguientes textos:

"Art. 1. Libertad religiosa y de conciencia. Todas las personas gozan del derecho a la libertad de pensamiento, religiosa y de conciencia, y del derecho correlativo a no profesar religión, garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional"

"Art. 2. Derechos de las personas. Las personas, en relación al objeto de la presente ley, gozan de los siguientes derechos: … A no profesar religión y a expresar y difundir su pensamiento crítico respecto de una, varias o todas las religiones…"

La propuesta del Art. 161 cuarto del CP debe ser directamente eliminada. En todo caso, modificar su redacción de la siguiente manera, o similar:

"Art. 161 cuarto del CP: "… agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio o por el hecho de serlo. Por "agresión de palabra" no se considerarán los casos en que se manifiesten opiniones contrarias, expresión críticas o debates en torno a la religión o cualquier tipo de confesión religiosa, de cualquier forma que se las exprese ".

4.

Art. 163 (hurto calificado): agrega como agravante el hurto de un objeto religioso.
La redacción me parece incorrecta por exceso. Si lo que se busca es calificar la sustracción cuando se la realiza buscando el objeto religioso como tal, para inferir un daño moral adicional a la víctima en su fe, debió especificarse un contenido subjetivo especial en la figura, del tipo "cuando el hurto fuere de un objeto sagrado… con el fin de producir una particular afectación religiosa". El solo aspecto subjetivo del tipo (saber que el objeto es sagrado) no debiera ser suficiente para la calificación. En términos generales, quien sustrae, por ejemplo una pieza religiosa de oro, lo hace buscando el oro, no afectar a una convicción religiosa.

5.

Art. 184 (daños calificados) agrega el supuesto de daño a objeto religioso.
Cabe la misma observación anterior.

6.

La derogación del Art. 228 del Código Penal no ofrece inconveniente, se trata de un residuo del S. XIX caído en desuetudo.

Ciro Annicchiarico
11 de agosto de 2009

UN FALLO HISTORICO

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL — FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN AUTOS «SIMÓN, JULIO HECTOR Y OTROS; POBLETE ROA, JOSÉ LIBORIO Y OTROS-CAUSA N°17768 - RECURSO DE HECHO.

Análisis del voto del Juez Dr. Juan Carlos MAQUEDA, particularmente destacable por su amplitud, organización sistemática y valor pedagógico

El Dr. Maqueda comienza su voto señalando su coincidencia con los considerandos 1 a 11 del voto de la mayoría, referidos a los antecedentes fácticos y a las distintas instancias procesales que llevaron el caso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por vía de recurso extraordinario de hecho, deducido por la defensa de los procesados Julio H. Simón y otros. A partir del considerando 12 entra al desarrollo específico de su voto, que organiza en diez capítulos temáticos:

I. Poderes de interpretación y anulación del Congreso

II. Examen de las leyes

III. El marco de análisis general de los derechos humanos

IV. El sostenimiento histórico y constitucional del derecho de gentes

V. Sobre la evolución del derecho de gentes, la aceptación del ius cogens y las obligaciones que de él emergen

VI. Sobre las fuentes del delito de lesa humanidad

VII. Sobre el deber de punición del estado

VIII. Negación de la obediencia debida

IX. Principio de legalidad

X. Sobre la imprescriptibilidad

Hago dos aclaraciones preliminares. Para el desarrollo de este trabajo seguiré la misma organización expositiva del voto objeto de análisis. Y, tratándose el presente de un cometido hermenéutico que necesariamente presupone la lectura y conocimiento del fallo motivo de estudio, mi método[1] será el de destacar de inicio las conclusiones de derecho centrales correspondientes al desarrollo de cada unidad temática de este voto, precedentemente enunciadas.

I. Poderes de interpretación y anulación del Congreso

El voto del Dr. Maqueda reconoce de una manera clara, en relación a esas facultades por parte del Poder Legislativo que fueran motivo de discusión y debate, los siguientes principios:

1) Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación es intérprete última de !a Constitución Nacional y del derecho en los casos concretos, el texto constitucional, su interpretación y acatamiento no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, precisamente cuando se trata de adecuar el ordenamiento jurídico infraconstitucional al mandato constituyente.

2) El Congreso de la Nación está no solamente facultado sino que resulta legítimo que se sienta obligado a dar una respuesta legislativa excepcional para satisfacer las obligaciones fundamentales que nacen del Art. 75 Inc. 22 de la Carta Magna, y para evitar al Estado Argentino eventuales responsabilidades en al orden internacional.

3) Las mencionadas normas constitucionales, y las directrices del Preámbulo de la Constitución Nacional[2], habilitan para que en la materia que nos ocupa el Congreso de la Nación asuma la responsabilidad institucional para remover los obstáculos para hacer posible la justiciabilidad plena en materia de delitos de lesa humanidad, preservando para el Poder Judicial el conocimiento de los casos concretos y los eventuales efectos de la ley sancionada.

Resulta entonces meridianamente claro, conforme a la posición del Juez Maqueda, que queda admitido como principio que el Congreso Nacional puede anular leyes. Ahora bien, queda admitido como principio no absoluto, ya que requiere la concurrencia de determinadas condiciones de admisibilidad: a) el fin general de adecuar el ordenamiento jurídico inferior cuando esas leyes son inconstitucionales, y b) que esas leyes inconstitucionales puedan generar responsabilidad en el orden internacional al Estado Argentino.

Los fundamentos del voto en estudio en relación a este primer punto, referidos a los poderes de interpretación y anulación del Congreso, están expuestos en los considerandos 12 a 22, y llevan de un modo fluido al establecimiento de los principios antes expuestos. Para ello el Juez Maqueda recorre un camino intelectual y jurídico que entiendo saludable enunciar en sus ideas centrales. No lo despliego aquí in extenso ya que juzgo conveniente la lectura completa del fallo, pero sí su enunciación del modo indicado dado que tiene de por sí, a mi juicio, un indudable valor.

Mediante una rápida referencia inicial[3] obliga a tener presente de entrada que no es caprichoso el debate suscitado en torno a las eventuales facultades del Congreso para anular leyes. Considérese para ello que las leyes 23.492 y 23.521[4] establecieron criterios de interpretación jurídicos obligatorios para los fiscales y jueces, y dieron lugar al cierre de numerosos procesos judiciales mediante resoluciones que fueron impugnadas de inconstitucionales[5]. Más tarde el Poder Legislativo Nacional derogó dichas leyes mediante la sanción de la ley 24.952, solución legislativa que, como es sabido, solo tiene efecto ultraactivo[6]. A esta situación jurídica se sumaba, más allá del insistente reclamo ético internacional, un reclamo concreto de índole jurídico, con seguras consecuencias a partir de la intervención de organismos internacionales de los que la República Argentina es parte. En este marco jurídico e institucional aparece impulsado el proyecto, y luego la sanción, de la ley 25.779. Resulta así totalmente comprensible, desde un enfoque jurídico, que se avivara un debate sobre la facultad legislativa para disponer la anulación de leyes[7], que fuera planteado por la defensa, y consecuentemente que se presentara como ineludible dedicar en el fallo un momento inicial de análisis que diera sustento a la decisión adoptada al respecto.

Anunciada así la cuestión, puede apreciarse que el Dr. Maqueda recurre a la interpretación de tres fuentes: a) principios de orden constitucional y la interpretación precedente de la Corte Suprema, b) las razones y finalidad del legislador, y c) los criterios y principios concretos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Principios de orden constitucional e interpretación de la CSJN

Destaca como regla que la Constitución Nacional en su carácter de norma jurídica operativa condiciona con sus mandatos la actividad de los poderes constituidos, razón por la cual el órgano legislativo, afirma el Ministro, no escapa a tal principio. Sostiene que esa regla se vio complementada con el reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos enumerados en el Art. 75 Inc. 22 a partir de la Reforma de 1994. Para decirlo de otro modo y lejos de un exceso de interpretación: la Constitución Nacional manda, se dirige con sus órdenes, a los tres poderes del estado para que cada uno de ellos realicen las acciones necesarias conducentes a preservar la constitucionalidad. Recibido ese mandato por el Congreso, este poder puede entender como adecuada actividad protectora de la constitucionalidad tanto derogar una norma inconstitucional como anularla.

Cita el Dr. Maqueda posiciones rotundas de la CSJN que apuntalan aquel criterio, entre las que considero concluyentes las siguientes: “es una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente”[8]. “En todo estado soberano el poder legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más inmediato de la soberanía…”[9]‘ El carácter expreso de esos antecedentes en los que se apoya el voto aquí estudiado entiendo eximen de mayor interpretación: la Constitución le reconoce al Congreso no solo indudables facultades en tal sentido, sino que además lo hace depositario de una mayor cuota de poder. Su facultad para anular leyes entonces no admite duda.

Destaca también el voto, en la tarea de interpretar la Constitución Nacional[10], que la CSJN ha sostenido que la plenitud del estado de derecho no se agota en la existencia de una normativa general, sino que exige la vigencia real y segura del derecho en el seno de la comunidad. Cita a Von lhering cuando sostiene que el verdadero valor del derecho descansa por completo en la posibilidad de su realización práctica. Ratifica el valor del principio preambular “afianzar la justicia” como liminar y de por si operativo, que no solo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad [11]. Dice por fin siguiendo a sus antecesores que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial[12].

Queda daro, a mi modo de ver, que al Juez Maqueda encuentra en la Constitución Nacional, y en su interpretación por fallos históricos de la Corte Suprema que ahora íntegra, razones suficientes para sostener que al Poder Legislativo incumbe la adecuación del ordenamiento jurídico al orden constitucional, dentro del que están los tratados internacionales sobre derechos humanos, y que para ello tiene facultades amplias. Dentro de esas facultades está la de dictar una ley nulificante de otra anterior que descalabraba aquel ordenamiento.

La finalidad del legislador y sus razones

El Dr. Maqueda acude a las versiones taquigráficas del debate legislativo, para bucear en lo que se conoce como la voluntad del legislador, y rescata algunos momentos de las intervenciones de los legisladores durante los debates en sendos recintos que desembocó en la sanción de la ley 25.779. Los once legisladores citados fueron coincidentes en admitir la facultad de anular leyes por parte del Congreso Nacional y que, precisamente, esa sería la finalidad da la voluntad legislativa en la ocasión. De los cinco diputados[13] y seis senadores[14] transcriptos en su voto, considero significativas a los fines de este trabajo las siguientes citas:

De la Diputada Garrió: “...cuando nosotros declaramos la nulidad absoluta e insanable lo que hacemos es una declaración de invalidez por el órgano competente para dictar la norma...”

De la Diputada Lubertino: “…la actual Constitución Nacional determina que los tratados elevados a rango constitucional son tales en las condiciones de su vigencia... (esto) .. . significa: ‘según la jurisprudencia de los organismos internacionales...’ (Dicha jurisprudencia por su parte) .. .se refiere a la obligación de los tres poderes del Estado de avanzar en el sentido de garantizar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad…”

Del Senador López Arias: “Esta nulidad no está basada en el Art. 29 de la Constitución Nacional, sino que en la ley de obediencia debida hay una clara invasión a poderes, por cuanto el Poder Legislativo… se atribuye prácticamente la facultad de conducir al Poder Judicial...”

Del Senador Terragno, cuyo criterio me parece contundente, con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a su vez de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, quien recordó que: ‘... son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de exclusiones de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos... Los Estados Parte se obligan a adoptar —con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales- las medidas legislativas tendientes a que la prescripción de la acción penal o de la pena... no se apliquen a los crímenes de lesa humanidad y que, en caso de que exista, sea abolida… La nulidad pasa a ser la instrumentación de la Convención que hemos aprobado. Quienes sostienen que esto no puede interpretarse porque el artículo IV[15] señala que ello debe hacerse con arreglo a los procedimientos constitucionales y no sería constitucional que se anulara una disposición por vía legislativa... están proponiéndonos una interpretación que es más violatoria todavía de la división de poderes... Porque lo que están diciendo es que ese artículo señala que los Estados Parte —o sea los respectivos poderes ejecutivos y legislativos, que son los que intervienen en la sanción, firma y aprobación de los convenios internacionales- se obligan por esta Convención a que los respectivos poderes judiciales declaren la nulidad. Esto es un contrasentido... yo creo que la remoción de los obstáculos a la punición de los crímenes de lesa humanidad es parte de la aplicación de la Convención que hemos votado...”

De la Senadora Perceval: “La declaración de nulidad de ambas leyes surge... de nuestra obligación de armonizar y adaptar nuestro derecho interno a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen dentro de nuestro sistema normativo jerarquía constitucional...”

Entonces me parece importante concluir, en una síntesis propia, que nuestros legisladores dijeron que son los tres poderes del estado los que deben asegurar la aplicación de la Constitución Nacional, por lo tanto también el legislativo, y que si este órgano es competente para dictar la norma lo será también para anularla, en cumplimiento de su obligación de armonizar el derecho interno a los tratados internacionales de derechos humanos. Dejaron además sentado que la nulificación pasa a ser la vía adecuada porque: a) la ley de obediencia debida fue en realidad la disposición violatoria de la división de poderes al haberse arrogado facultades de interpretación y juzgamiento propias del poder judicial, b) si existieran medidas exculpatorias o de prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad, es la nulidad el medio adecuado a disposición del poder legislativo para instrumentar la Convención, ya que otro tipo de disposición sería aún más violatoria que la que se pretende abrogar por cuanto implicaría que el legislativo se propusiese obligarse a que otro poder, el judicial, decida una cosa en determinado sentido.

Examinadas las razones del legislador, se advierte clara coincidencia en las conclusiones del Dr. Maqueda[16]: “la vinculación constitucional alcanza a todos los poderes constituidos y, bajo tal principio, sin duda el Poder Legislativo en su condición de órgano representativo de la voluntad popular en el contexto de un Estado constitucional de derecho, es el primer obligado a dar cuenta del grado de adecuación de su accionar en los términos del mandato constitucional. En tal sentido el art. 75 inc. 22 de la norma fundamental, al reconocer jerarquía constitucional a diversos tratados de derechos humanos, obliga a todos los poderes del Estado en su ámbito de competencias y no sólo al Poder Judicial, a las condiciones para hacer posible la plena vigencia de los derechos fundamentales protegidos”.

Decir eso, y decir que obligar a las condiciones para hacer posible incluye disponer una nulidad, es lo mismo.

Los criterios y principios concretos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Parte aquí el voto en análisis de recordar el criterio establecido por la CortelDH en el sentido de que “Según el derecho internacional las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”[17], criterio este que considera como un principio general del derecho. Siendo así, y citando seguidamente el conocido fallo de la CIDH en el Caso Barrios Altos[18], continúa el voto destacando que en consecuencia son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Tales disposiciones resultan violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1.1 (Obligación de respetarla), 2 (Adecuación del derecho interno), 81 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial frente a la violación de los derechos). Y aclarando sobre el alcance de la sentencia dictada en ese caso el Tribunal Internacional señaló que el deber general del Estado establecido en el articulo 2 de la Convención incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prédicas -de cualquier naturaleza- que impliquen violación a las garantías previstas en la Convención, y citando el derecho de gentes destacó que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas, norma que es universalmente aceptada y con respaldo jurisprudencial. Todo esto significa, concluyo, que la anulación por parte del poder legislativo de leyes de impunidad puede ser una de las formas de introducir en el derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Cierra el Juez Maqueda este primer capítulo de su voto con un párrafo que considero puede tomarse como extracto principal de su conclusión sobre el presente tópico, referido a las facultades nulificantes del Congreso:

“el texto constitucional y su interpretación y acatamiento no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, dentro del cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación -sin duda- es el intérprete último en el caso concreto pero no el único cuando se trata de adecuar el ordenamiento jurídico infraconstitucional al mandato constituyente. En ámbito del Poder Legislativo las directrices del Preámbulo, en los términos expuestos, y la disposición del art. 75 inc. 32 de la Constitución Nacional, en cuanto refiere a la facultad del Congreso a hacer todas las leyes y reglamentos para poner en ejercicio no sólo los poderes que dicha norma le atribuye sino todos los otros concedidos por la Constitución al gobierno de la Nación Argentina, otorgan un marco adecuado de habilitación para que en la materia que nos ocupa el Congreso de la Nación se sienta obligado a dar una respuesta legislativa excepcional para satisfacer desde lo institucional las consecuencias que nacen de lo dispuesto en el art 75, inc. 22, y con el fin preciso de proteger al Estado argentino de eventuales responsabilidades en el orden internacional”.

Este voto entonces, sobre e! primer tema sometido a juzgamiento, dice el derecho afirmando que la medida dispuesta por el Congreso Nacional, al dictar la ley 25.779 nulificante de las leyes 23.492 y 23.521, encuentra sustento en !a Constitución Nacional, en los Tratados de Derechos Humanos y en la interpretación de esas normas, permitiendo así exponer los tres principios adelantados al iniciar el tratamiento del presente capítulo.

II. Examen de las leyes

Resuelta !a posición respecto de la facultad del Congreso para anularlas, en este capítulo el voto se detiene en el análisis de la naturaleza de las leyes 23.492 y 23.521, y adelanta su opinión poniendo en evidencia el carácter inconstitucional de ambas[19].

Los principios sentados aquí al respecto son:

1) La Ley 23.492, conocida corno de punto final, no hay dudas que debe ser considerada corno una ley de amnistía encubierta, no solo por el fin alegado: “consolidación de la paz social y reconciliación nacional”, sino porque sus características la alejan del instituto de la prescripción y la asimilan a una amnistía.

2) La Ley 23.521 al establecer sin admitir prueba en contrario que las personas mencionadas en ellas actuaron en un estado de coerción y en la imposibilidad de inspeccionar las órdenes recibidas, vedaba a los jueces de la constitución toda posibilidad de acreditar si las circunstancias fácticas mencionadas por la ley... existían.

Recuerda a esta altura el voto en análisis las impugnaciones por inconstitucionalidad de la ley 23.521 que se siguieron ante diferentes tribunales federales del país, desembocando en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1987, causa “Camps”, por la que se declaró la validez constitucional de dicha norma, con el voto en disidencia del Juez Jorge A. Bacqué. Precisamente, el Juez Maqueda destaca que “el suscripto comparte y hace suyas las enjundiosas consideraciones del juez Bacqué en la causa “Camps” que lo llevaron a declarar la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida...”

Las razones entonces siguen siendo:

• Que es difícil encontrar una violación más evidente de principios fundamentales que la ley 23.521, toda vez que cualquier disposición que inhabilite al Poder Judicial para cumplir con su obligación constitucional de juzgar significa, además de un desconocimiento de la garantía individual de ocurrir ante los tribunales, una manifiesta invasión en las prerrogativas exclusivas del Poder Judicial.
• El Art. 1º de la Ley 23.521 (al impedir el proceso) es contrario a la garantía del debido proceso, que asegura la defensa en juicio y el dictado de una resolución judicial.
• Que aún en la hipótesis de tratarse de una ley de amnistía, histórica y jurisprudencialmente considerada exclusivamente para delitos políticos, ningún efecto podía tener respecto de delitos corno la tortura o de características atroces.
• El deber de obedecer a un superior no es extensible a hechos de ilegalidad manifiesta y menos aún a conductas aberrantes.
• Al establecer el Art. 18 de la Constitución Nacional que ‘... Quedan abolidos para siempre toda especie de tormento y los azotes...’, ello constituía una valla infranqueable para la validez de la ley bajo examen porque dicho mandato constitucional forma parte de las convicciones éticas fundamentales de toda comunidad civilizada, que no puede permitir la impunidad de conductas atroces y aberrantes, como lo es la tortura.

III. El marco de análisis general de los derechos humanos

Aquí se propone dilucidar si liberar de responsabilidad a los autores de delitos de desaparición forzada de personas y tormentos graves, calificados como crímenes contra la humanidad, como fue lo pretendido en el caso sometido a juzgamiento, es posible en el marco general de protección de los derechos humanos vigente en la comunidad universal.

Para hacerlo el voto recurre:

• A la Declaración Universal de Derechos Humanos
Destaca su postulación del reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
• A la Carta de las Naciones Unidas
A partir de ella, dice, el derecho internacional se transforma estructuralmente, convirtiéndose en un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal, en el que pasan a ser sujetos de derecho internacional no solo los estados son también los individuos y los pueblos[20]. Menciona su Art. 55 en el que se establece que la ONU promoverá el respeto y la efectividad universal de los derechos humanos, imponiendo responsabilidad frente a cualquier infracción sustancial a sus disposiciones. También su Art. 56 en cuanto establece que todos sus miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas para el cumplimiento de esos propósitos. Maqueda considera en su voto que esas declaraciones importaron el reconocimiento de los derechos preexistentes de los hombres a no ser objeto de persecuciones por el Estado.
• A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  Cita: “.. la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del Art 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. El Ejercicio de la función pública tiene límites dados por los derechos humanos que son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado…”[21]

  
  

  De estas citas queda claro que el Ministro Maqueda sostiene el carácter preexistente de los derechos inalienables que hacen a la dignidad humana, que esos derechos son superiores a cualquier poder estatal[22], gozan a partir de 1948 de una protección supraestatal universal, y también después americana, y consecuentemente los estados parte están comprometidos, bajo responsabilidad, a impedir y sancionar sus infracciones, con total independencia de cualquier ley o jurisprudencia local.

La conclusión entonces respecto del interrogante que en este capítulo se propuso dilucidar, será que en el marco general de protección de los derechos humanos vigente en la comunidad universal no es posible liberar de responsabilidad a los autores de delitos de desaparición forzada de personas y tormentos graves, calificados como crímenes contra la humanidad, como fue lo pretendido en el caso sometido a juzgamiento.

IV. El sostenimiento histórico y constitucional del derecho de gentes.

Ese sistema, afirma, se sostiene en principios que se encuentran en los orígenes del derecho internacional, y además lo trascienden, ya que no se limita a la relación entre naciones sino que apunta a los ordenamientos nacionales independientemente de la tipificación positiva que tengan.

El derecho de gentes, según la tradición jurídica, importaba un sistema complejo estructurado a partir de principios generales del derecho y de la justicia, que suponían una suerte de moralidad básica a la que debía atarse la conducta de las naciones entre sí y con relación a sus habitantes, estructurándose en un ordenamiento jurídico y ético que iba más allá de los sistemas internos positivos. El derecho de gentes era superior a cualquier acto o ley de cualquier nación[23].

Cita los antecedentes del Art. 117 de la Constitución de Venezuela, de la Aiíen Tort Claims Act de Estados Unidos, y a Blackstone, en sus comentarios sobre el common law en el Siglo XVIII.

La importancia de esa tradición jurídica, afirma Maqueda, fue recogida por la Constitución Nacional en el Art. 102 del texto de 1853 (actual 118), que hace referencia expresa al derecho de gentes, entendido como resultado del consenso entre las naciones civilizadas, tanto en la definición de los delitos como en su interpretación. Es decir el derecho de gentes no depende de ponderación o interpretación propia del derecho interno de cada estado. En esa inteligencia, concluye que “…la Constitución Nacional de 1853 reconoció la supremacía de ese derecho de gentes y en ese acto lo incorporó directamente con el consiguiente deber de su aplicación correspondiente por los tribunales respecto a los crímenes aberrantes que son susceptibles de generar la responsabilidad individual para quienes los hayan cometido en el ámbito de cualquier jurisdicción. Por consiguiente, a la fecha de la institución de los principios constitucionales de nuestro país el legislador lo consideraba como preexistente y necesario para el desarrollo de la función judicial”.

Cita a Juan B. Alberdi. Entre otros destacables párrafos de esa cita recupero el siguiente: “…el derecho internacional de la guerra como el de la paz, no es... el derecho de los beligerantes; sino el derecho común y general del mundo no beligerante, con respecto a ese desorden que se llama la guerra, y a esos culpables, que se llaman beligerantes..”[24] En esta idea, citada por el Juez Maqueda, encuentro una referencia invalorable a la existencia[25] de un derecho superior a la razón de cualquier estado para cometer afectaciones a la dignidad y a los derechos esenciales da cualquier ser humano, concepto dentro del que entran, indudablemente, los de los delitos aberrantes y de lesa humanidad, se invoque o no una situación beligerante, ya sea entre naciones o internamente.

Recuerda por último, en un párrafo que bien puede tenerse por síntesis del presente capítulo de su voto, que la Corte Suprema de Justicia reconoció en diversas ocasiones la importancia de la incorporación del derecho de gentes a nuestro sistema institucional, y que ello supone en definitiva la protección de los derechos humanos básicos contra delitos que agravian a todo el género humano.

V. Sobre la evolución del derecho de gentes la aceptación del ius cogens y las obligaciones que de él emergen.

El castigo de los crímenes de lesa humanidad se deriva directamente de los principios del ius cogens surgidos del orden imperativo internacional y de su evolución, tienen jerarquía constitucional, y no los alcanza restricción o limitación derivada del derecho penal común, de modo que aspectos corno la tipicidad o la prescriptibilidad deben ser considerados desde esa perspectiva.

A la anterior conclusión este voto arriba a partir del desarrollo que aquí sumariamente expongo:

El derecho de gentes, como sistema obligatorio de protección de derechos, independientemente del consentimiento expreso de las naciones, se encuentra como vimos reconocido en la Constitución Nacional. Pero además su contenido evolucionó como resultado de la jurisprudencia nacional e internacional, los tratados y la doctrina, que la Corte Suprema de Justicia no puede desconocer en el actual estado de desarrollo del derecho internacional. En dicho proceso evolutivo ese sistema de protección es conocido como ius cogens, el cual prohibe la comisión de delitos de lesa humanidad[26] incluso en épocas de guerra, prohibición que no puede ser derogada por tratado alguno, y debe ser aplicada internamente en forma independiente de la aceptación de los estados.

La CortelDH definió el ius cogens como un orden superior de normas jurídicas que las leyes del hombre o las naciones no pueden contravenir. (Son) normas que han sido aceptadas, expresamente por los tratados o tácitamente por la costumbre, como para proteger la moral pública en élla reconocidas[27]. Considera también que la violación de esas normas conmueve la conciencia de la humanidad y obligan a la comunidad internacional corno un todo[28].

El carácter obligatorio del ius cogens, en los términos expuestos, había sido ya reconocido con anterioridad a los hechos investigados en esta causa. La unánime aceptación del ius cogens fue evidenciada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados[29], y establecido como norma por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[30], cuyo art. 53 dispone la nulidad de todo tratado que se oponga a una norma imperativa de derecho internacional general, siendo tal la que es aceptada y reconocida por la comunidad internacional, sin admitir acuerdo en contrario, y que solo puede modificarse por una norma ulterior de igual carácter.

Esa doctrina, destaca Maqueda, existía ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, resultando apoyada después por diversos publicistas del derecho internacional en el sentido que la prohibición de ciertos crímenes internacionales reviste carácter de ius cogens, de modo que esa doctrina y derecho se encuentra no solo por encima de los tratados sino por sobre todas las fuentes del derecho.

El concepto del ius cogens ha evolucionado también en cuanto a qué se entiende por crímenes de lesa humanidad, incluyendo crímenes de tal atrocidad que no pueden ser admitidos. Así, el enfoque original que apuntaba a la protección de embajadores, el tráfico comercial y el castigo de la piratería, se ha ampliado incluyéndose crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad.

El castigo de esos crímenes entonces se deriva directamente de aquellos principios surgidos del orden imperativo internacional y de su evolución, tienen jerarquía constitucional, y no los alcanza restricción o limitación derivada del derecho penal común, de modo que aspectos como la tipicidad o la prescriptibilidad deben ser considerados desde esa perspectiva.

VI. Sobre las fuentes del delito de lesa humanidad.

Los delitos investigados en esta causa revisten el carácter de delitos de lesa humanidad.

Para verificar ese aserto, el voto recurre a las fuentes del derecho internacional en relación a dicho punto, atendiendo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuyo art. 8 indica que ante las disputas se aplicarán:

1. Las reglas establecidas en las convenciones internacionales

2. La costumbre internacional

3. Los principios generales del derecho de las naciones civilizadas

4. Las decisiones judiciales de los publicistas más destacados

En orden a ello recuerda que los crímenes contra la humanidad habían sido considerados ya en el Prólogo a la Convención de La Haya de 1907, y que en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para la Persecución de los Mayores Criminales de Guerra para el Teatro Europeo[31] se definieron como crímenes contra la humanidad el homicidio, la exterminación, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, las persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas, en ejecución o en conexión con otros crímenes.

Concluye que los casos aquí considerados son contra la humanidad por cuanto se trata de crímenes dirigidos a la persona o a la condición humana, en los que el individuo como tal no cuenta sino en la medida en que sea miembro de una víctima colectiva, contrariamente a lo que sucede en la legislación del derecho común nacional. Esos delitos son cometidos contra el derecho de gentes, dado que merecen la sanción y la reprobación de la comunidad mundial y de la conciencia universal.

Las fuentes del derecho internacional imperativo entonces, incluyen estos casos dentro de los aberrantes y parte de los delitos de lesa humanidad.

VII. Sobre el deber de punición del estado.

Los estados nacionales (y el estado argentino entre ellos) tienen el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad.

Dicho colofón se sustenta en el voto en las siguientes consideraciones:

Las pautas básicas sobre las que se construyó el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 a incorporar los tratados internacionales de derechos humanos como un orden equiparado con la Constitución Nacional, es una política constitucional que implicaba universalizar los derechos humanos. Su corolario es el reconocimiento de los organismos supranacionales para solucionar los conflictos.

El Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo ante los jueces que la ampare ante actos que violen sus derechos fundamentales, aún cuando la violación derive de quienes actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Al momento de la sanción de las leyes 23.492 y 23.521 ya existía un doble orden de prohibiciones a la omisión de sancionar los delitos de lesa humanidad, de alto contenido institucional: un sistema internacional imperativo reconocido por todas las naciones civilizadas[32], y un sistema internacional de protección de los derechos humanos dado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que había sido aprobada el 1 de marzo de 1984 por Ley 23.054, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ambas fuentes consideraban inequívocamente que el delito de desaparición forzada de personas cometido por funcionarios de un Estado quedaba incluído en la categoría de los delitos de lesa humanidad y que las convenciones vigentes al momento de la sanción de las leyes impugnadas impedían que el Estado argentino dispusiera medidas que impidieran la persecución penal.

La CortelDH ha señalado[33] que la desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no solo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. De ahí la importancia de que el estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y además informe a los familiares el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso.

VIII. Negación de la obediencia debida.

La obediencia debida no es excusa que exima de responsabilidad frente a crímenes contra la humanidad, resultando inconstitucional la ley 23.521.

En el voto en análisis, esa conclusión se apoya en que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecían que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y a la protección legal, a la garantía y protección de las garantías judiciales, respectivamente, eran normas internacionales ratificadas por la Argentina que ya estaban en consecuencia vigentes al momento de sancionarse las leyes de impunidad. Lo mismo sucedía con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la que específicamente impedía que pudiese invocarse la orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

También se asienta en el fallo de la CorteIDH en el caso Barrios Altos, cuando consideró que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho internacional de los Derechos Humanos[34].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 28/92 refiriéndose específicamente a las leyes argentinas de punto final y obediencia debida señaló que eran incompatibles con el Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y con los Arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo mismo hizo el Comité de Derechos Humanos[35], el que refiriéndose al caso argentino sostuvo que las leyes de punto final y obediencia debida, y el indulto, son contrarios al Pacto. TambIén dijo este Organismo internacional que “Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores[36].

Aunque el voto incluye varias otras[37], considero las anteriores citas suficientes en apoyo de la negación de la obediencia debida como justificante.

IX. Principio de legalidad.

Al momento de producirse los hechos aquí investigados, el orden jurídico interno ya contenía normas internacionales que reputaban a la desaparición forzada de personas como un crimen contra la humanidad, de modo que no existe desconocimiento alguno al principio nullum crimen sine lege.

El aserto del voto obedece a que en el caso motivo de estudio el recurrente formuló la objeción de violación del principio de legalidad material, consagrado en el Art. 18 de la Constitución Nacional, al considerar que la desaparición forzada de personas no sería una figura delictiva tipificada en la legislación penal argentina.

Maqueda funda aquí su posición sosteniendo que la desaparición forzada no solo era un crimen para el derecho internacional sino que nuestro código preveía claramente la descripción de la conducta y su sanción. El delito de desaparición forzada de personas se encontraba tipificado en distintos artículos del Código Penal argentino, pues no cabe duda, afirma el Ministro, que el delito de privación ilegitima de la libertad previsto en dicho código contenía una descripción lo suficientemente amplia como para incluir también, en su generalidad, aquellos casos específicos de privación de la libertad que son denominados “desaparición forzada de personas” (art. 141 y, particularmente, 142 y 144 bis).

X. Sobre la imprescriptibilidad.

Las decisiones discrecionales de cualquiera de los poderes del Estado que diluyan los efectivos remedios de los que deben disponer los ciudadanos para obtener el castigo de tal tipo de delitos no resultan aceptables. La imprescriptibilidad de esos crímenes de lesa humanidad es la consecuencia necesaria.

Esa conclusión del voto, se apoya en que los principios que en el derecho interno justifican el instituto de la prescripción, no son aplicables en los casos de violación de los derechos humanos por delitos de lesa humanidad. La imprescriptibilidad en estos casos opera como una cláusula de seguridad para evitar la burla a los principios del derecho internacional mediante el transcurso del tiempo.

Aunque el desarrollo del voto aquí no lo hace expreso, entiendo que el sentido último de la imprescriptibilidad en estos casos estriba en que dado que ante una violación de los derechos humanos quien está siempre detrás como responsable es el estado, a través de sus funcionarios o agentes, no puede el mismo estado beneficiarse con el instituto de la prescripción. Esto es así ya que son sus propias agencias, representadas por los organismos de investigación y judiciales, las que tienen en sus manos imprimir la actividad o la inactividad que puede desembocar en una eventual extinción de las acciones penales por vía de prescripción. Por su naturaleza, la prescripción beneficia siempre al particular ante el presunto desinterés social resultante de la inactividad persecutoria del estado, inactividad puesta de manifiesto ante el no ejercicio de la acción por parte del ministerio público fiscal; nunca podría beneficiar entonces la prescripción al mismo estado si a la vez es el infractor, ya que al monopolizar la actividad de investigación y sanción estaría así brindándosele la llave maestra para eludir de plano el ordenamiento jurídico entero de los derechos humanos.

Cita aquí nuevamente Maqueda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo del ya nombrado caso Barrios Altos, en el que este Tribunal Internacional ha decidido, considero que de un modo contundente y con total claridad que exime de otras referencias, que: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

La objeción de prescripción entonces es inadmisible.

En conclusión, según su voto el Juez Maqueda resuelve:

1.) Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario, declarando la inconstitucionalidad de las layes 23.492 y 23.521 y confirmando las resoluciones apeladas.

2.) Declarar la validez de la ley 25.779.

3.) Declarar de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos.

4.) Imponer las costas al recurrente.

Síntesis

Para ofrecer una síntesis de la jurisprudencia de este voto que considero destacable, elaboro los siguientes extractos:

El texto constitucional, su interpretación y acatamiento no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, precisamente cuando se trata de adecuar el ordenamiento jurídico infraconstitucional al mandato constituyente.

El Congreso de la Nación está facultado y es legítimo que se sienta obligado a dar una respuesta legislativa excepcional para satisfacer las obligaciones fundamentales que nacen del Art. 75 Inc. 22 de la Carta Magna, y para evitar al Estado Argentino eventuales responsabilidades en el orden internacional.

Las mencionadas normas constitucionales, y las directrices del Preámbulo de la Constitución Nacional habilitan para que en la materia que nos ocupa el Congreso de la Nación asuma la responsabilidad institucional para remover los obstáculos para hacer posible la justiciabilidad plena en materia de delitos de lesa humanidad, preservando para el Poder Judicial el conocimiento de los casos concretos y los eventuales efectos de la ley sancionada.

La Ley 23.492, conocida como de punto final, no hay dudas que debe ser considerada como una ley de amnistía encubierta, no solo por el fin alegado: “consolidación de la paz social y reconciliación nacional”, sino porque sus características la alejan del instituto de la prescripción y la asimilan a una amnistía.

La Ley 23.521 al establecer sin admitir prueba en contrario que las personas mencionadas en ellas actuaron en un estado de coerción y en la imposibilidad de inspeccionar las órdenes recibidas, vedaba a los jueces de la constitución toda posibilidad da acreditar si las circunstancias fácticas mencionadas por la ley existían.

Los derechos inalienables que hacen a la dignidad humana son superiores a cualquier poder estatal, y gozan a partir de 1948 de una protección supraestatal universal, y también después americana. Consecuentemente los estados parte están comprometidos, bajo responsabilidad, a impedir y sancionar sus infracciones, con total independencia de cualquier ley o jurisprudencia local.

Consecuentemente en el marco general de protección de los derechos humanos vigente en la comunidad universal no es posible liberar de responsabilidad a los autores de delitos de desaparición forzada de personas y tormentos graves, calificados como crímenes contra la humanidad.

El derecho de gentes es superior a cualquier acto o ley de cualquier nación.

El castigo de los crímenes de lesa humanidad se deriva directamente de los principios del ius cogens surgidos del orden imperativo internacional y de su evolución, tienen jerarquía constitucional, y no los alcanza restricción o limitación derivada del derecho penal común, de modo que aspectos como la tipicidad o la prescriptibilidad deben ser considerados desde esa perspectiva.

Los delitos investigados en esta causa revisten el carácter de delitos de lesa humanidad.

Los estados nacionales (y el estado argentino entre ellos) tienen el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad.

La obediencia debida no es excusa que exime de responsabilidad frente a crímenes contra la humanidad, resultando inconstitucional la ley 23.521.

Al momento de producirse los hechos aquí investigados, el orden jurídico interno ya contenía normas internacionales que reputaban a la desaparición forzada de personas como un crimen contra la humanidad, de modo que no existe desconocimiento alguno al principio nullum crimen sine lege.

Las decisiones discrecionales de cualquiera de los poderes del Estado que diluyan los efectivos remedios de los que deben disponer los ciudadanos para obtener el castigo de tal tipo de delitos no resultan aceptables. Según se desprende del voto aquí analizado la imprescriptibilidad de esos crímenes de lesa humanidad es la consecuencia necesaria. Observo que hubiera sido interesante completar esta idea señalando que el sentido último de la imprescriptibilidad en estos casos estriba en que dado que ante una violación de los derechos humanos quien está siempre detrás como responsable es el estado, a través de sus funcionarios o agentes, no puede entonces el mismo estado, responsable único y último de sus agencias de investigación y judiciales, beneficiarse con el instituto de la prescripción.

Dr. Ciro Annicchiarico

Asesor AJN

Secretaría de Derechos Humanos

16 de octubre de 2005